En marzo, el INE determinó cancelar el registro de las primeras fórmulas de candidaturas al Senado por parte de Movimiento Ciudadano en los estados de Campeche y Jalisco, por razones de género.
Tanto Alberto Esquer (titular) como Luis Fernando Ortega (suplente) en Jalisco, como Eliseo Fernández (titular) y Francisco Barrera (suplente), en Campeche, se quedaron transitoriamente sin oportunidad de hacer campaña.
Ya en abril, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió en sentencia firme que la razón de asiste a Movimiento Ciudadano, y en ningún momento incumplió con la legislación ni la normativa electoral en cuestión de género.
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La lógica dice que los candidatos temporalmente impedidos deberían ya estar haciendo campaña, pero voces al interior del instituto han puesto trabas al cumplimiento de la sentencia del más alto tribunal electoral del país.
Movimiento Ciudadano ha cumplido con la normativa de género, incluso es ejemplo no solo del cumplimiento sino de la aplicación de los parámetros de género en la legislación electoral. ¿Cuál había sido la fijación para sancionar y frenar el avance electoral naranja?
Ya el más alto tribunal del país determinó que, contrario a lo que dispuso el INE, Movimiento Ciudadano sí cumplió y bien con las normas en materia de género. No hay mucho que buscarle, salvo que la intención sea perjudicar el avance de un movimiento que no se alinea al partido en el poder ni a la vieja política.
Así que las candidaturas naranjas al senado en Campeche y Jalisco cumplen por completo con la normativa electoral, así lo ha determinado la autoridad en la materia.
¿Por qué entonces el INE se ha tardado en reponer procedimientos y reconocer las candidaturas impugnadas? En el colmo del desvarío, se perjudica no solamente a las personas varones que ostentan dichas candidaturas, sino también a las personas mujeres compañeras de fórmula.
En efecto, las fórmulas han perdido días enteros de campaña, y se han puesto en desventaja electoral con motivo de una interpretación inadecuada de las leyes, esto determinado por el tribunal correspondiente.
¿Qué sigue en este lío? No hay mucho qué discutir si ya existe sentencia firme.
En tanto se cumple con lo determinado por el tribunal, evidentemente el INE tiene una decisión que tomar, y en todo momento debe apegarse al cumplimiento de la sentencia, al cumplimiento de la ley.
No se trata de pasar por alto nada, sino que todas las personas que participan en el proceso electoral, empezando por las autoridades, se apeguen a lo que dicta la ley. De otra forma, se estaría en el riesgo de afectar derechos y desequilibrar la balanza.
Se trata siempre de cumplir con la ley, de respetar los dictados de nuestra Constitución y la normatividad electoral. Solo de esa forma garantizaremos una competencia equilibrada y justa en la que quienes participen tengan garantías legales y quienes voten sepan que su decisión cuenta y será verdaderamente reflejada.