El indiscutible primer lugar de las prioridades gubernamentales ha sido tener finanzas públicas sanas. Se ha repetido en innumerables ocasiones como el mayor logro de la actual administración. Su significado tiene un doble filo: bajo endeudamiento y no elevar impuestos.
Las prioridades, como las grandes obras de infraestructura (tren maya, aeropuerto Felipe Ángeles, refinería Dos Bocas y corredor transístmico) y el conjunto de transferencias sociales (para adultos mayores, sembrando vida, becas educativas y jóvenes) ocupan un lugar muy relevante en la aplicación del presupuesto. No obstante, ocurren en un contexto de estricta limitación del gasto público. Al grado de que en julio de 2022 el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que su gobierno pasaría de la “austeridad republicana” a una fase superior, la de la “pobreza franciscana”.
Este sexenio inició con recortes substanciales de personal y gastos administrativos, topes salariales y eliminación de gastos suntuarios.
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Cierto que el presupuesto de algunas entidades se elevó substancialmente. De 2019 a 2024 la Secretaría de Energía, encargada de la construcción de Dos Bocas, elevó su presupuesto en 609 por ciento. La Secretaría del Bienestar, a cargo de programas de transferencias recibió un incremento de 261 por ciento. La Secretaría de la Defensa Nacional, a cargo, entre varios otros proyectos del Tren Maya, elevó su presupuesto en 176 por ciento. Marina, con mayores responsabilidades en la administración e infraestructura portuaria incrementó su presupuesto en 124 por ciento.
En sentido contrario en 2021, durante lo peor de la pandemia, el gasto en salud se estancó en comparación con el de 2020. Otros sectores tuvieron bajas considerables a lo largo del sexenio: Turismo un 77 por ciento menos y Trabajo y Previsión Social 33 por ciento menos. Otros ramos con recortes relevantes de 2018 a 2024 han sido la Comisión Reguladora de Energía (CRE), con un tijeretazo de 81.4%; la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), con una baja de 80.9%; Economía, de 71.2%; el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), de 42%; Salud, de 41.4%, y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), con una disminución de 33.7%.
Lo cierto es que, exceptuando algunos focos luminosos, la austeridad institucionalizada ha incidido negativamente en buena parte de la operación administrativa del sector público. Incluso en los puntos en que el presupuesto creció se ha operado con restricciones de personal, insumos y viáticos.
No critico las transferencias sociales; han sido fundamentales en la reducción de la pobreza y la inequidad socioeconómica. Y este no es el espacio para entrar a los detalles de la operación, y sobrecostos, de los grandes proyectos de infraestructura.
Es pertinente en cambio señalar que independientemente de la bondad, real o supuesta, de los focos luminosos del gasto público estos se han realizado en detrimento de la eficiencia operativa del resto, la mayoría de las entidades y programas.
No podía ocurrir de otra manera en un contexto en el que de 2018 a 2024 el gasto público ha crecido 20.5 por ciento, pero los ingresos tan solo un 14.4 por ciento. La brecha ha sido cubierta por un mayor endeudamiento, digamos que no excesivo, y por el agotamiento de las bolsas de ahorro público, digamos fideicomisos, que está administración reorienta a sus prioridades.
La estrategia fundamental para darle presupuesto a las prioridades del sexenio ha sido la reestructuración presupuestal. Es decir que para darles a unos ha sido necesario descobijar a los otros. Lo cual ha generado rezagos y carencias de gasto público que se suman y generalizan y están creando situaciones que inciden negativamente en el bienestar de la población y en las perspectivas de crecimiento del país.
México es, dentro de los países de la OCDE el de menor captación tributaria; alrededor de la mitad del promedio general de la organización. Es también, comparado con países asiáticos y de América Latina, uno de menor crecimiento económico y que mostró menor capacidad para recuperarse después de la pandemia. Algo ha fallado en la estrategia económica de México desde hace décadas y en este sexenio eso no se ha resuelto, sino que ha empeorado.
Sobran los ejemplos de la insuficiencia del gasto público y habrá que mencionarlos sin adentrarse en detalles, aunque cada uno merecería mucha mayor atención.
Tenemos un gasto per cápita en salud de unos 10 mil pesos anuales frente a los 67 mil pesos del promedio en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), un organismo público, en 2022 50.4 millones de personas sufrieron carencia de acceso a servicios de salud. La situación pasó de mala a peor; en 2018 esa carencia la sufrían 20.1 millones y cuatro años más tarde 30 millones más.
México destaca por la mala salud de su población, buena parte de ella atribuible a una mala nutrición asociada a sobrepeso, diabetes, problemas circulatorios y cáncer. Lo que obliga a recordar el desmantelamiento de Seguridad Alimentaria Mexicana (SEGALMEX) su ausencia durante lo peor de la pandemia y el cierre de miles de tiendas Diconsa.
CONEVAL también detecta que el 23.7 por ciento de los mayores de 16 años no completaron la primaria y los organismos internacionales nos señalan la mala calidad de la educación pública. Así como la ausencia de infraestructura básica en las escuelas.
Tenemos un grave problema hidrológico urbano y rural. En el medio urbano se pierde cerca de la mitad del agua en el sistema de distribución. En el rural la caída en los niveles de presas y mantos freáticos apunta al grave problema de erosión y pérdida de cubierta vegetal que limita la absorción de agua en el subsuelo.
ráfaga. De 2019 a 2022 la inversión pública en carreteras libres cayó en 24 por ciento y en las de cuota en 66 por ciento. Aparte de los baches es notable la caída en seguridad y asistencia al transporte. Se ha denunciado que la disminución de inspectores laborales incide negativamente en el cumplimiento de normas laborales básicas. México tiene un telescopio moderno de relevancia internacional que se quedará sin presupuesto en septiembre próximo.
Prácticamente toda interacción con el gobierno, sea en salud, educación, trámites fiscales, acceso a la justicia y demás, se mueve lenta y tortuosamente.
En 2024 el último del sexenio, el endeudamiento público fue muy superior al de años anteriores y eso le deja un compromiso de reducción de 12.1 por ciento del gasto público programable, el que sustenta la operación de entidades y programas. Es decir que tenemos cantado, por la actual administración, el empeoramiento de la austeridad y la pobreza franciscana en la siguiente… y un tremendo jaloneo de la cobija presupuestal.
Habrá que romper el yugo de la vocación de pobreza pública para contar con un gobierno fuerte, solvente y eficaz para atender lo mucho que se ha dejado de lado. De otro modo el futuro jaloneo de la cobija presupuestal no hará sino empeorar la situación.