Una de las atribuciones más importantes que tiene el Instituto Nacional Electoral (INE) es la conformar y actualizar los listados nominales de electoras y electores, que constituyen el potencial de personas que podrán votar el próximo 2 de junio en las más de 170 mil casillas que se instalarán para recibir su derecho al voto.
En este sentido, la legislación electoral dispone que dichos listados deben ser entregados a los partidos políticos, principales actores de las contiendas electorales, para que los revisen y puedan presentar observaciones relacionadas con ciudadanas y ciudadanos inscritos o excluidos indebidamente.
Estos listados nominales, por primera vez para una elección presidencial, incluye un listado nominal para a las y los ciudadanos que viven en el interior de la República, los que están registrados en el Voto Anticipado, Voto en Prisión Preventiva, así como las y los mexicanos residentes en el extranjero.
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Consecuentemente y toda vez que dichos listados se les proporcionaron a los partidos entre febrero y marzo de este año, el pasado 8 de abril se entregaron a los integrantes tanto de la Comisión Nacional de Vigilancia del Registro Federal de Electores como del Consejo General, ambos del INE, cuatro informes que contienen la atención a las 13 millones 567 mil 770 observaciones presentadas.
Estas observaciones fueron analizadas rigurosamente de acuerdo con diverso Procedimiento aprobado por la Comisión Nacional de Vigilancia (Acuerdo INE/CNV63/DIC/2023) a través del cual la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores determinó “la procedencia o improcedencia de las observaciones que no encuadren en el catálogo previsto en el procedimiento para cada tipo de observación”.
De las más de 13 millones de observaciones presentadas fueron declaradas procedentes 31,198. De este total, 3,171 corresponden al listado nominal de electoras y electores residentes en territorio nacional; 27,925 del listado nominal residentes en el extranjero; 1, del listado nominal de voto anticipado, y 101 del listado de voto en prisión preventiva.
Estas observaciones representan apenas el 0.3% de las y los electores inscritos en el listado nominal que asciende a poco más de 99 millones de registros.
El objetivo que el legislador plasmó en la ley electoral y que el INE comparte plenamente, es contar con un mecanismo que permita tener listados nominales confiables ya que constituyen la base para llevar a cabo elecciones auténticas, con certeza y democráticas.
Es importante resaltar el trabajo permanente de la Comisión Nacional de Vigilancia que integran funcionarios de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores y las representaciones de los partidos políticos, permite una supervisión y vigilancia constante a este tipo de trabajos. Comisión que se replica a nivel local en cada entidad federativa y en cada uno de los 300 distritos electorales en que se divide la geografía electoral del país.
Asimismo, estos trabajos van encaminados a que el Consejo General del INE, su máximo órgano de dirección tenga los elementos suficientes para declarar la validez y definitividad del padrón electoral y los listados nominales que serán utilizados en este proceso electoral, particularmente, el próximo 2 de junio para recibir la votación de las y los electores.
El INE cumplirá, una vez más, con el profesionalismo que lo caracteriza, en generar los insumos y las herramientas necesarias para llevar a buen puerto la elección más grande de nuestra historia.
No obstante, como en todo Estado de Derecho, los partidos políticos tienen a salvo sus derechos en caso de que quieran impugnar ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación los informes presentados ante el Consejo General.