Hoy 8M (ocho de marzo) conmemoramos el Día Internacional de la Mujer que fuera constituido por las Naciones Unidas en 1975 y proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1977.
El 8M se instituyo, entre otros aspectos, con la intención de visibilizar a la mujer en condiciones de igualdad con el hombre, con ello, la importancia de sus derechos sin discriminación y libre de violencia.
En México el camino que ha tenido que recorrer la mujer para alcanzar dicha igualdad ha sido sinuosa y con múltiples dificultades sobre todo en su involucramiento en la esfera de la representación política. Para comprender de mejor manera esta afirmación hagamos un repaso histórico de los principales momentos que han ocurrido hasta nuestras fechas para lograr una participación de la mujer más plena, aunque aún insuficiente.
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Con antecedentes importantes como el movimiento social denominado “Las hijas de Cuauhtémoc”, grupo opositor a la dictadura de Porfirio Díaz, así como a los Congresos Feministas llevados a cabo en Yucatán en 1916, es hasta el 17 de octubre de 1953 en que las mujeres pudimos votar y ser votadas.
En 1974 es reformada nuestra Constitución con la finalidad de enfatizar la no discriminación y la igualdad entre hombres y mujeres. Para 1993 la legislación electoral estableció “recomendar” los partidos políticos que, en esos años constituían la única vía para el acceso al poder publicó, promover un mayor número de mujeres. En 1996 se determinó un límite del 70% de legisladores que pertenecieran a un mismo género; para 2002, se obliga a los partidos políticos a integrar por lo menos el 30% de las candidaturas femeninas en las listas a cargos de elección popular.
En 2006 se erige la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres y en 2007 se promulga la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
En 2014 se eleva a rango constitucional el principio de paridad de género que ha ido logrando una mayor participación política de la mujer principalmente a nivel federal. Asimismo, se incremento del 2 al 3 por ciento los recursos que los partidos deben asignar para la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres.
En 2019 aparece una importantísima reforma conocida como “paridad en todo” que obliga aplicar el principio de la paridad de género no solo en candidaturas, ahora en la conformación de los tres niveles y poderes del Estado mexicano, en los órganos autónomos, así como en los sistemas normativos indígenas.
En 2020 como parte del fortalecimiento de la paridad de género aparece la reforma en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género que, entre otras consideraciones, dispone mecanismos para prevenir, sancionar y erradicar este fenómeno.
Finalmente, en abril de 2023 se establecieron diversos supuestos por lo que una persona no podrá ser registrada para un cargo de elección popular, ni ser nombrada para empleo, cargo o comisión en el servicio público.
Este ha sido el largo camino que el género femenino al cual orgullosamente pertenezco, ha tenido que recorrer y en donde aún falta mucho por alcanzar, de entrada la paridad en la Presidencia de la República en donde el órgano jurisdiccional en materia electoral federal estableció que se reglamentara para 2030.
Ya veremos cómo se materializan todas estas reformas en la presente elección en favor de la igualdad de las mujeres libres de violencia.
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