Entre la política de "abrazos, no balazos" y la militarización de proyectos estratégicos, la eficacia de las fuerzas de seguridad en el combate al narcotráfico está en tela de juicio.
¿Qué papel juegan la Guardia Nacional, el Ejército y la Armada en la lucha contra el narcotráfico? Al parecer, y a juzgar por los resultados, ninguno.
Cada vez son más amplios los territorios donde tienen sus feudos los cárteles de la droga que libran encarnizados enfrentamientos, mientras los soldados del Ejército mexicano, la Marina, las corporaciones policiales estatales y municipales, y la Guardia Nacional solo son espectadores.
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En México, la lucha contra el narcotráfico ha sido una batalla constante y desgastante que ha cobrado miles de vidas y ha desestabilizado regiones enteras.
A estas alturas del partido, y ya con un gobierno por concluir, no se sabe a ciencia cierta si se realiza algo y si se destinan recursos para combatir este flagelo.
México sigue siendo uno de los principales productores y rutas de tránsito de drogas ilícitas hacia Estados Unidos y otros mercados internacionales. En este contexto, surgen preguntas sobre el rol y la eficacia de las instituciones de seguridad mexicanas, como la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Armada de México, en esta lucha.
La Guardia Nacional, creada en 2019 como un cuerpo de seguridad intermedia entre la policía y el ejército, fue concebida para enfrentar desafíos de seguridad pública, incluido el narcotráfico.
Su despliegue en tareas de seguridad ha generado debate sobre su verdadera función y eficacia. A pesar de contar con más de 100,000 elementos, las Fuerzas Armadas han enfrentado críticas por su limitada capacidad para contener la violencia generada por el narcotráfico y por su enfoque en tareas no relacionadas con la seguridad, como la administración de proyectos de infraestructura del gobierno.
El Ejército Mexicano y la Armada de México han asumido un papel cada vez más prominente en la lucha contra el narcotráfico, a pesar de que su función principal no es la seguridad pública.
Estas fuerzas armadas han sido desplegadas en operaciones contra cárteles de drogas y en la erradicación de cultivos ilícitos. No obstante, su participación en la seguridad interna ha suscitado preocupaciones sobre la militarización de la seguridad pública y el respeto a los derechos humanos.
Aparte de sus funciones de seguridad, estas instituciones han sido asignadas a la construcción y administración de proyectos estratégicos del gobierno, como el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.
Esta diversificación de roles ha generado cuestionamientos sobre la priorización de recursos y la posible distracción de su enfoque en la seguridad.
El narcotráfico es un negocio ilícito que sigue siendo una industria multimillonaria que desafía al Estado mexicano.
Estimaciones extraoficiales indican que el tráfico de drogas genera ingresos anuales en México del orden de los 600 mil millones de pesos, según datos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Esta industria criminal tiene el poder de corromper, intimidar y mantener en jaque a diversas regiones del país.
La patética política gubernamental de Andrés Manuel López Obrador de "abrazos, no balazos", que busca enfocarse en las causas sociales de la violencia en lugar de en la confrontación directa, ha sido criticada por su aparente ineficacia para contener la escalada del narcotráfico y la violencia asociada.
El país sigue lidiando con las consecuencias devastadoras de este fenómeno, por lo cual una estrategia integral y efectiva que aborde tanto las causas como las manifestaciones de la violencia del narcotráfico se hace cada vez más evidente.
La sociedad mexicana espera, de la próxima administración, respuestas y acciones concretas que garanticen su seguridad y bienestar.
En la actualidad, la poderosa e inexpugnable industria emplea entre 160 mil y 185 mil personas, y la única manera de acabar con ellos es aplicar la ley y ponerle candados a las fuentes de financiamiento.