En diversas regiones de México, transportistas, comerciantes, ganaderos, madereros, productores de aguacate y limón, entre otros, están siendo "asfixiados" por el "cobro de piso" o extorsión.
Grupos del crimen organizado, que les exigen fuertes sumas de dinero para permitirles trabajar, a menudo bajo la mirada indiferente de las corporaciones policíacas estatales, la Guardia Nacional (GN) y el Ejército. Estos extorsionadores, que afirman pertenecer a diversos cárteles de la droga, actúan con impunidad frente a las autoridades que, por disposiciones presidenciales, no tienen autorización para enfrentarlos.
En Chiapas, por ejemplo, cualquier persona que transite por lugares como Motozintla o Frontera Comalapa debe identificarse en retenes controlados por el narcotráfico. Los conductores de camiones que transportan alimentos se ven obligados a pagar cuotas exorbitantes para poder circular, incrementando los costos operativos y reduciendo los márgenes de ganancia, lo que lleva a algunos a la quiebra.
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La extorsión no solo amenaza la seguridad y estabilidad de los afectados, sino que también socava los cimientos de la economía local. Genera un clima de incertidumbre y miedo que frena el desarrollo y la inversión afectando a diversos sectores como el transporte, el comercio y la ganadería.
El impacto va más allá de las pérdidas económicas, afectando la calidad de vida de los ciudadanos, miles de los cuales han sido desplazados de sus lugares de origen de donde tuvieron que huir si querían preservar la vida.
"No podemos hacer nada para enfrentar el crimen organizado, por disposición presidencial", indicó escuetamente a La Silla Rota un alto oficial de la GN en el municipio de La Trinitaria.
Las placas de los vehículos son fotografiadas al igual que las credenciales de elector.
"Tenemos que pagar mil pesos por cada tonelada de maíz que movemos por la frontera", afirma el conductor de un camión que asegura que deben llevar en efectivo unos 20 mil pesos para ir pagando a la "maña".
Los del crimen organizado no son los únicos que cobran, también grupos indígenas de comunidades fronterizas en Chiapas cobran cuotas para dejar circular a los choferes de camiones que transportan alimentos.
Los transportistas son los más golpeados por esta práctica ilegal. Camioneros y conductores de transporte público relatan cómo se ven obligados a pagar cuotas periódicas a grupos criminales para poder circular por ciertas rutas o simplemente para no ser objeto de ataques.
Negocios de todos los tamaños, desde pequeñas tiendas hasta grandes cadenas comerciales, son abordados por individuos o grupos que exigen pagos regulares a cambio de "protección".
Aquellos que se niegan a cumplir con estas demandas suelen ser víctimas de represalias, que van desde la vandalización de sus establecimientos hasta agresiones físicas.
En el sector ganadero, la extorsión también ha hecho mella. Ganaderos reportan ser obligados a pagar cuotas por cada cabeza de ganado o por el derecho a pastorear en sus propias tierras. Esta situación no solo afecta la rentabilidad del sector, sino que también pone en riesgo la seguridad alimentaria de la región, ya que algunos productores se ven forzados a reducir su actividad o incluso abandonarla por completo.
Frente a esta realidad, urge que las autoridades intensifiquen sus esfuerzos para combatir la extorsión y brindar un entorno seguro para el desarrollo económico y social.
La colaboración entre el gobierno, las fuerzas de seguridad y la sociedad civil es fundamental para diseñar e implementar estrategias efectivas que desmantelen las redes criminales y restablezcan la confianza en las instituciones.
El narcotráfico en México ha sido un desafío persistente para múltiples administraciones gubernamentales a lo largo de los años.
La lucha contra el crimen organizado ha involucrado diversas estrategias, desde la confrontación directa hasta enfoques más centrados en la reducción de la violencia.
La administración del presidente Andrés Manuel López Obrador ha implementado una política de "abrazos, no balazos" como parte de su estrategia para abordar el problema del narcotráfico en el país.
Esta aproximación menos confrontativa ha generado tanto apoyo como críticas dentro de la sociedad mexicana.
Desde que asumió el cargo en diciembre de 2018, López Obrador ha hecho hincapié en la importancia de abordar las causas estructurales de la violencia, como la pobreza y la falta de oportunidades, en lugar de centrarse únicamente en la persecución del crimen organizado.
A pesar de estos esfuerzos, los niveles de violencia en México siguen siendo alarmantemente altos. Datos oficiales, dados a conocer en El Economista, detallan que en más de cinco años (entre el 1 de diciembre de 2018 y diciembre de 2023), la actual administración acumula un total de 171,085 asesinatos, de los cuales, 4,892 se tratan de feminicidios
La percepción de inacción del gobierno frente al narcotráfico se ha visto agravada por eventos como la liberación de Ovidio Guzmán en 2019, hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán, tras un operativo fallido en Culiacán, Sinaloa.
Existen denuncias de que el gobierno ha cedido territorios a grupos criminales a cambio de una supuesta paz, lo que ha alimentado la percepción de impunidad en algunas regiones del país.
La corrupción, la impunidad, la desigualdad y la debilidad institucional son retos estructurales profundos que alimentan la persistencia del crimen organizado en México.
Un alto porcentaje de los mexicanos, que mantienen la economía del país, esperan que en una nueva administración cambie todo antes de que el país colapse.