En las familias mexicanas la responsabilidad de las labores domésticas y de cuidados recae tradicionalmente en las niñas, adolescentes y mujeres, pues de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) las mujeres mexicanas destinan el 63% de su tiempo de trabajo total a la atención de personas que requieren ser cuidadas y a las labores domésticas; y el resto, es dedicado a su participación en el mercado laboral -formal o informal-.
En ese sentido, si bien las mujeres han salido de los espacios privados para participar en el mercado laboral, las responsabilidades derivadas del cuidado de la familia y del hogar aún continúan recayendo mayoritariamente en ellas. Estos factores culturales tan arraigados en la sociedad nos ponen en desventaja, pues aún existen prejuicios sobre nuestro compromiso y disponibilidad en los espacios laborales, así como diversas limitantes para nuestra participación económica, política, educativa y social plena.
Desafortunadamente ese escenario es una realidad para millones de mujeres quienes aportan -equitativamente- un gran porcentaje de sus recursos económicos para los gastos familiares; además de un alto porcentaje de su tiempo y esfuerzos para sostener los cuidados y atenciones que requieren las infancias, los familiares con alguna situación de salud o discapacidad, y, por supuesto, los hogares.
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Esta inequidad en las responsabilidades y obligaciones que conlleva el trabajo no remunerado y de cuidados representa también una condicionante para su desarrollo y la garantía de sus derechos, y una limitante para la movilidad social y su acceso a oportunidades. Pues, por ejemplo, mientras las niñas y adolescentes deben abandonar sus estudios por esta razón, en el caso de las mujeres y madres trabajadoras esta brecha -que se considera un asunto meramente doméstico- también restringe sus ingresos, su crecimiento profesional y las oportunidades para ampliar sus capacidades.
Lo anterior es un asunto de derechos y de justicia que requiere del esfuerzo e invoucramiento de todas y todos, para lograr un cambio en el paradigma sobre estos tipos de labores, así como una transformación cultural que impacte de manera positiva en las políticas públicas para que se revalore y dignifique el trabajo que desarrollamos dentro y fuera de los hogares. Esto es una deuda no sólo con las mujeres, sino con todos los miembros de la familia. Por ello, hoy más que nunca, es urgente considerar un sistema nacional de cuidados que asegure calidad, dignidad e inclusión, y que permita configurar esquemas laborales más flexibles e inclusivos para las personas cuidadoras.
Contar con un sistema de cuidados no es un asunto que interesa solamente a la población femenina, sino un tema que concierne a la sociedad en su conjunto. Indudablemente, al asegurar condiciones equitativas y más justas en los cuidados se favorecerá la participación cívica y económica de las mujeres, su profesionalización y su crecimiento; con lo cual, también se contribuye al desarrollo de las familias y sus comunidades.
Bajo este contexto, reconozco el espíritu legislativo de las y los diputados para la aprobación de la reforma a la Ley General de Desarrollo Social. Un paso más hacia un sistema equilibrado para las familias mexicanas.