Este 15 de enero, se publicó el nuevo informe de la organización internacional Oxfam “Inequality Inc”, en el que se advierte que atravesamos una “década de división”. Ello pues tan sólo en los primeros años se ha experimentado una pandemia, guerras, inflación y un colapso climático, con lo cual, las desigualdades en el mundo se han acrecentado, teniendo diversos impactos negativos en la calidad de las democracias y en la garantía de los derechos. Por ello, esta organización insta a construir un nuevo paradigma de lo público: una nueva era de acción para lograr un mundo más justo y equitativo.
Una de las vías planteadas por Oxfam, a través de su director ejecutivo interino, Amitabh Behar, es la acción de los gobiernos para reducir rápida y radicalmente la brecha entre los superricos y el resto de la sociedad, a lo que ellos denominan, la revitalización del Estado. Esto, pues afirman que el poder público puede frenar el poder corporativo y la desigualdad al establecer medidas para evitar monopolios, empoderar a las personas trabajadoras e invertir en una nueva era de bienes y servicios públicos. En ese sentido, esta organización propone un rol más proactivo del Estado, así como garantizar la prestación de servicios públicos que coadyuven a combatir la desigualdad, tales como salud, educación, servicios de atención y seguridad alimentaria, energía y el transporte, de manera universal.
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Otra recomendación de la Oxfam en el ámbito público es la de mejorar la transparencia, la rendición de cuentas y la supervisión de las instituciones públicas (entre ellas, las empresas propiedad del Estado). Ello en razón de que se considera que fortalecer la gobernanza –a través de la transparencia, la rendición de cuentas, el monitoreo a las instituciones públicas y la participación ciudadana– es una condición para garantizar que las instituciones cuenten con los recursos necesarios que les permitan cumplir a cabalidad con sus mandatos económicos y sociales.
Lo anterior, refleja el valor de la transparencia para sumar a la acción pública, al asegurar información fidedigna y de calidad que brinda certeza a la ciudadanía y fortalece su participación, lo que consecuentemente, abona al fortalecimiento de la confianza social y contribuye en la exigencia de mayor rendición de cuentas. La transparencia posibilita gobiernos responsables y responsivos a las necesidades de las personas.
Desde la perspectiva ciudadana, la transparencia es resultado de la exigencia de la sociedad de contrarrestar la opacidad y el secretismo de las autoridades. Por ello, desde una valoración que pone en el centro a las personas, la transparencia ha favorecido el conocimiento de la sociedad y el que participe e incida de manera más activa, lo que la ha posicionado como eficiente contrapeso ciudadano para reducir la discrecionalidad en la toma decisiones y el ejercicio de los recursos públicos.
Desde hace dos décadas, las y los mexicanos hemos trabajado para que la transparencia agregue valor a lo público, con mayor confianza y profesionalización en los gobiernos. Pues, desde un enfoque del servicio público, debemos considerar que la labor del INAI en la garantía de dos derechos humanos y en el impulso de la cultura de la transparencia han contribuido al desarrollo democrático mexicano, al posibilitar la apertura de las autoridades, la publicidad de sus decisiones y acciones, y por tanto, la obligación de los gobiernos para justificar y dar cuentas de sus actos y omisiones. Además, con la transparencia se ha facilitado el conocimiento, monitoreo y seguimiento a las acciones de las autoridades, lo que consolida el sistema de pesos y contrapesos.
De tal forma, la transparencia es un principio intrínseco para un gobierno que da la cara a los ciudadanos: un elemento que no se puede dejar de lado en la construcción de políticas públicas para erradicar las desigualdades, tal como lo señala la Oxfam.