Se podrá discutir sobre las verdaderas intenciones del presidente López Obrador al presentar este muy amplio y variado paquete de iniciativas de reforma constitucional en vísperas de que inicien las campañas electorales y a sabiendas de que no cuenta con los votos suficientes en el congreso para su aprobación. Se podrá decir que pretende seguir fijando la agenda de discusión pública e incidir en las elecciones para lograr la mayoría calificada en la siguiente legislatura, que más bien se trata de una táctica para desviar la atención y evitar que se evalúe su gestión sobre todo en temas como seguridad pública o corrupción, o que busca asegurar que la próxima presidenta se comprometa a seguir con su proyecto político y de gobierno. Incluso se ha afirmado que la propuesta de reducir el porcentaje de participación ciudadana para que los resultados de la revocación de mandato sean vinculantes tiene dedicatoria para la que asume como su sucesora.
Como quiera, lo cierto es que independientemente de su viabilidad actual, el sentido de las iniciativas en materia judicial, electoral y la que se refiere a los organismos autónomos es muy clara. En caso de que llegaran a prosperar, el impacto de cada una de ellas sería de por sí enorme y en conjunto implicaría una regresión de décadas a los tiempos del presidencialismo exacerbado y del sistema de partido hegemónico. El presidente insiste en presentar prácticamente la misma iniciativa de reforma electoral que ya fue rechazada por esta legislatura como en su momento se comentó en este espacio, en la que pretende desaparecer al INE y sustituirlo por un nuevo órgano electoral cuyos consejeros y consejeras serían electas por voto directo, pero solo podrían contender quienes sean propuestas por el poder ejecutivo, las dos cámaras del congreso y por el poder judicial. No se requiere mucha perspicacia para anticipar que se postularán mayoritariamente a personas afines al oficialismo, quienes contarán con el apoyo de recursos partidistas e incluso gubernamentales para sus campañas.
Te podría interesar
El resultado previsible es que llegarían al INEC personas cuya imparcialidad e independencia probablemente estarían comprometidas de entrada, y lo mismo sucedería con las magistraturas del Tribunal Electoral que correrían la misma suerte. También se propone eliminar a las diputaciones y senadurías plurinominales así como a las senadurías de primera minoría, lo que atentaría contra la representación de las minorías políticas y el pluralismo en el congreso al traducirse en una significativa sobre representación del partido que gane la mayoría de los distritos en relación con el porcentaje de votos obtenidos, que en las condiciones actuales beneficiaría ampliamente al oficialismo y sus aliados debilitando la ya precaria división de poderes.
Por otro lado, como un paso más en el embate presidencial contra la Suprema Corte de Justicia y en general contra todo el poder judicial, se pretende remover a las y los ministros, magistrados de circuito y jueces de distrito para que sean sustituidos por quienes obtengan la votación mayoritaria en una elección. Es decir, las y los aspirantes tendrían que hacer campaña para buscar el voto popular por lo que requerirían contar con una estructura y muchos recursos, o aceptar el apoyo de partidos, organizaciones o incluso gubernamental a pesar de que esté prohibido en detrimento de su imparcialidad y de la necesaria independencia judicial, por lo que habría un alto riesgo de que llegaran políticos al servicio del gobierno con funciones jurisdiccionales. Es igualmente preocupante que se proponga crear un tribunal disciplinario cuyos integrantes también serían electos por la ciudadanía a propuesta de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, que podrán sancionar a ministras o ministros, magistrados o jueces que incurran en actos u omisiones contrarios al interés público, como pronunciarse en contra de las decisiones o proyectos presidenciales aun y cuando contravengan las leyes o a la misma Constitución.
Otro golpe a los contrapesos institucionales está en la eliminación de los organismos constitucionales autónomos que tan incómodos han sido para el presidente y su gobierno, para que sus funciones sean absorbidas por dependencias gubernamentales que se convertirían en juez y parte. Por ejemplo, las funciones del INAI pasarían a la Secretaría de la Función Pública quien decidiría qué información debe hacerse pública, o las del Instituto Federal de Telecomunicaciones a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Lo mismo en los casos de la Comisión Federal de Competencia Económica, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, o el CONEVAL que por lo menos pasaría al INEGI. Ya no habría quien revise técnica y legalmente las decisiones del gobierno. Desde luego no es de extrañar que no se haya contemplado a la Fiscalía General de la República y a la CNDH que, en los hechos, forman parte del gobierno federal.