El papel principal de un Estado es asegurar que sus habitantes tengan los medios para acceder a condiciones de vida dignas y suficientes, no únicamente a sus necesidades más elementales. Es decir, garantizar los derechos humanos, que no deberían ser trastocados, ni siquiera por las mayorías. Además, el Estado debe proteger la libertad económica, permitir que toda persona tenga la posibilidad de realizar negocios como más le convenga. No obstante, esto puede provocar grandes desigualdades en la sociedad y llevar a grandes concentraciones de la riqueza.
Hasta cierto punto, el denominado “capitalismo liberal” había facilitado la convivencia entre el liberalismo económico y la legitimidad democrática, y se volvió el marco ideológico predominante en el mundo. Sin embargo, en los años recientes se advierten preocupantes retrocesos, especialmente en la calidad de las democracias nuevas, las cuales tienden a mostrar una debilidad estructural. Además, hay pocos avances en temas como la equidad de género, combate a la corrupción o reducción de las desigualdades económicas.
La forma en que estaba diseñado el capitalismo devino en el modelo Neoliberal, que nunca logró demostrar sus beneficios generalizados. La desigualdad y la pobreza se profundizaron, los niveles de inseguridad se han incrementado y las oportunidades reales para mejorar el nivel de vida son escasas.
Te podría interesar
De tal forma, de acuerdo con Oxfam, desde 2020 el 1% más rico ha acaparado casi dos terceras partes de la nueva riqueza generada en el mundo, casi el doble que el 99 % restante. Dicha organización también señala que en México la fortuna total de los 14 ultra ricos, aquellos con más de mil millones de dólares de riqueza, ha aumentado de manera constante desde el inicio de la pandemia, hasta casi duplicarse.
A pesar de los recientes avances en materia de pobreza y desigualdad reportados por el INEGI y el CONEVAL, México se mantiene como uno de los países con mayor desigualdad entre los países de la OCDE. La desigualdad extrema limita los avances en la lucha contra la pobreza; además, restringe el crecimiento del capital físico, social y humano, que es necesario para mejorar las condiciones de vida de la población y, a final de cuentas, erosiona la democracia y fomenta la polarización política.
De tal forma, se vuelve necesario analizar el papel del Estado como garante del bienestar de la población, para implementar políticas tendientes a disminuir las desigualdades y hacer llegar los beneficios del desarrollo al mayor número posible de habitantes.
Un Estado de Bienestar es aquél que implementa políticas públicas para disminuir la desigualdad económica y social de la población, garantizando su acceso a los bienes y servicios esenciales para su bienestar, principalmente a través de medidas compensatorias.
Así pues, un Estado Democrático de Bienestar en México implicaría sistemas de protección universales, que vayan más allá de programas parciales y que aseguren el cumplimiento de los derechos fundamentales para garantizar la dignidad de todas las personas. Al mismo tiempo, debe dar certeza a la sociedad sobre el cumplimiento de sus derechos humanos, incluyendo el derecho a tener una vida digna.
Tomando en cuenta lo anterior, se vuelve necesario identificar innovaciones institucionales, que imbuyan al modelo económico de cambios muy importantes, tendientes a promover una mayor igualdad sin descuidar las libertades económicas. Para ello, se requiere una planeación ordenada, en la que se promuevan políticas tendientes a disminuir la desigualdad, acrecentar la universalidad de algunos apoyos sociales, seguridad pública, inversiones e infraestructura para proveer de servicios básicos a la población; o cuidado y protección al medio ambiente y energías renovables.
Para hacer efectivos los derechos, el Estado requiere de recursos económicos, por lo que, en caso de que no se cuente con la solvencia presupuestal necesaria, será indispensable plantear una reestructura tributaria con un enfoque progresivo; es decir, tasar más a quienes ostentan mayor riqueza.
Una forma de redefinir la cara del Estado es a través de reformas a su Constitución. México está festejando el 107 aniversario de su Constitución Política. Aunque pudiese parecer un documento muy antiguo, en perspectiva comparada no lo resulta tanto, especialmente considerando que ha tenido un gran número de reformas durante su historia.
Y precisamente el Ejecutivo Federal ha manifestado su intención de proponer al Congreso de la Unión un paquete de iniciativas constitucionales, que redefinan nuestra Carta Magna, en temas desde la protección de derechos sociales hasta un rediseño institucional. Habrá que esperar y someterlas a un análisis detallado, incluso participativo, pero sería un error considerar que, por el sólo hecho de requerir mayoría calificada, no serían aprobadas.
De tal forma, es necesario procurar que las reformas constitucionales se encaminen a realizar profundos cambios institucionales hacia una mayor protección de las libertades democráticas, el combate a la desigualdad y la promoción de las actividades empresariales e inversión, teniendo siempre presente la justicia social. Será indispensable que desde las diferentes esferas gubernamentales se promueva esta visión de Estado Democrático de Bienestar.
Bibliografía:
FERRAJOLI, Luigi. La esfera de lo indecible y la división de poderes. Revista de Estudios Constitucionales, Centro de Estudios Constitucionales, Chile, 2008.
GARGARELLA, Roberto. Manifiesto por un derecho de izquierda. Siglo XXI, Argentina, 2023.
LEVITSKY, Steven & ZIBLATT, Daniel. Cómo mueren las democracias. Ariel, México, 2018.
OXFAM. La Ley del más rico. México, 2023.
OXFAM. El Monopolio de la Desigualdad. México, 2024.
ZAGREBELSKY, Gabriel. El Derecho Dúctil. Trotta, Madrid, 2016.
*Ernesto Pérez Rodríguez
Maestro en Cooperación Internacional para el Desarrollo por el Instituto Mora y Maestro en Derecho Parlamentario por la Universidad Autónoma del Estado de México. Egresado de la Maestría en Ciencias Jurídicas de la Universidad Panamericana y estudiante del Doctorado en Administración Pública del INAP. Actualmente es Secretario Técnico en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.