En muchas marchas y manifestaciones se pueden leer pancartas o escuchar los gritos de México feminicida, por la altísima incidencia de casos y la negligencia sistemática de las autoridades en su atención. Pero sin duda podríamos también decir: México violador de niños y niñas, por los mismos motivos.
En 2021, México fue el primer lugar en abuso sexual, violencia física y homicidio contra niños, niñas y adolescentes, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). Si revisamos el informe de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), con datos del Registro de lesiones de la Secretaría de Salud, en ese mismo año los hospitales de nuestro país atendieron a 8 mil 179 personas entre 0 y 17 años por violencia sexual. Los datos del INEGI coinciden; para ese mismo periodo, a través de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), aproximadamente 12.4 millones de mujeres de 15 años y más dijeron que experimentaron violencia sexual durante su infancia, que los principales actos de violencia fueron que “le tocaron sus partes íntimas o la obligaron a tocar las partes íntimas de otra persona”, que “intentaron forzarla a tener relaciones sexuales” o “la obligaron a mostrar sus partes íntimas y/ o a mirar las partes íntimas de otra persona”, entre otras. No sólo eso, la misma encuesta, y la información de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), indican que, de los casos de abuso sexual cometidos en el país contra niñas, el 90% sucede en el interior de los hogares y en el entorno familiar, es decir el agresor es un familiar o pertenece al círculo cercano de la familia (amigos, vecinos, etcétera).
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Ese mismo año, se registraron 22 mil 410 víctimas de violencia sexual infantil, de acuerdo con los datos del Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal, estos números, por supuesto, no consideran la llamada cifra “oculta”, los casos que no se denuncian, un porcentaje que, de acuerdo a la OCDE llega al 90 por ciento, y detalla, de los 100 casos que se denuncian, por cada 1000 cometidos, únicamente 10 llegan ante un juez, y de esos, menos de un caso recibe una sentencia condenatoria.
Podemos hacer cálculos sobre cuántos casos suceden, cuántos llegan a un hospital para recibir atención y cómo se recibe esta, cuántos se denuncian y cuántos alcanzan una sentencia condenatoria, podemos hablar de cifras en abstracto, pero ahora tenemos un botón de muestra:
En 2022, se denunció en Atizapán de Zaragoza, Estado de México la agresión sexual hacia una niña de cuatro años, presuntamente por parte de su tío, que habría ocurrido en febrero de ese mismo año. Un año, por cierto, en el que mismo Registro de Lesiones de la Secretaría de Salud registró un aumento de casos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes llegando a 9,929 casos. Hace unos días, el juez Juan Manuel Alejandro Martínez Vitela resolvió que a pesar de que se pudieron corroborar tocamientos, no se justificó debidamente el delito de abuso sexual, y resaltó que la menor no pudo indicar lugar, día y horario de la agresión, por lo que emitió un fallo absolutorio.
En el video que circula en redes, la madre de la menor inicia un diálogo con el juez Martínez Vitela quien afirma que “le creyó” a la menor la existencia de los tocamientos, ocasionando una mayor confusión e indignación por parte de la madre, ¿hay o no hay suficientes pruebas para creerle a la menor? ¿Es esa credibilidad insuficiente ante la supuesta falta de acreditación de lugar y horario del abuso? Este intercambio, que, de acuerdo a un comunicado del Poder Judicial del Estado de México, estuvo fuera de contexto, a pesar de haberse realizado como parte de la audiencia, se viralizó frente a lo que pareciera una negligencia del juez y un sinsentido al exigir una corroboración de datos imposibles por parte de la menor. En ese mismo comunicado, el Poder Judicial ofrece más detalles sobre el caso, presentando argumentos que validan el fallo, asunto sorprendente pues ¿no es acaso ese mismo poder judicial desde el que se tendrá que hacer la revisión de dicha sentencia durante la apelación? ¿O es que ya ha hecho la revisión correspondiente y es mediante este comunicado que informa su decisión? ¿No es el comunicado en sí mismo prueba de un conflicto de interés?
No tenemos datos aún de 2023, pero si el Poder Judicial de Edomex nos sirve de muestra, México seguirá liderando en los niveles de impunidad frente a la violencia sexual hacia niños y niñas.