Un sistema democrático es edificado con la finalidad de generar en la población un beneficio social que le permita a sus habitantes gozar de los derechos humanos establecidos en convenios internacionales, así como en las normas constitucionales y legales para lograr su bienestar, crecimiento y estabilidad económica, cultural, social y personal.
En este sentido, entre más consolidada y estructurada se encuentre una democracia, mejor es el desarrollo de una comunidad, una entidad y un país, por lo que resulta indispensable atesorar, cuidar y defender nuestra democracia que nos permite actuar en libertad, conforme a nuestras creencias y necesidades.
Bajo este contexto, desde 2010 cada año el Índice de Desarrollo Democrático (IDD), en el que intervienen en su construcción diversas organizaciones e instituciones como Kornad Adenauer Stiftung, PoliLat, el Instituto Nacional Electoral (INE), el Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPOS), y la Confederación USEM, presentan los registros de la situación que prevalece en nuestro país respecto a nuestra democracia a través de calcular un conjunto de indicadores que se encuentran agrupados en cuatro dimensiones.
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Los indicadores estadísticos corresponden a la información obtenida de diciembre del año anterior, es decir, de 2023 y son valorados en una escala de 0,000 al 10,000 puntos en donde el valor asignado a 0,000 corresponde al peor comportamiento del indicador y, en sentido contrario, el valor de 10,000 representa el puntaje más alto que permite estabilidad, certeza, desarrollo e igualdad de un sistema democrático.
La Dimensión I corresponde al análisis de la Democracia de la Ciudadanía, que se refiere fundamentalmente al respeto de los derechos y libertades civiles y en donde se destaca que nueve estados obtienen un valor menor logrado al año anterior, es decir, en 2022, y 23 entidades federativas mejoran sus registros como por ejemplo, Baja California Sur, Chihuahua, Quintana Roo y Tamaulipas. En esta dimensión los indicadores mostraron calificación de 5,755 puntos.
Destaca en esta dimensión el dato respecto al indicador “violencia de género” en donde el Estado de México, Nuevo León y la Ciudad de México encabezan la lista de este tipo de violencia. Asimismo, sobre el indicador “Género en el gobierno” resalta, entre otros aspectos, que en 18 estados sus congresos están compuestos de forma paritaria, y el porcentaje nacional de alcaldesas fue solo el 26% mismo que se encuentra lejos del cumplimiento del principio constitucional de paridad que mandata que las instituciones deben integrarse paritariamente y dirigir esfuerzos para lograr una igualdad sustantiva.
La Dimensión II Democracia de las Instituciones analiza el Estado de Derecho, calidad institucional y eficiencia política presenta, de igual forma, un repunte respecto al año inmediato anterior, sin embargo, obtuvo 3,667 puntos, lejos del valor obtenido en 2010 cuando alcanzó 5,498 puntos.
La Dimensión III Democracia Social y Humana, estudia los resultados de la gestión pública que aseguran el bienestar y la equidad, presenta una caída ya que en 2022 consiguió 5,624 puntos y para 2023 5,494 puntos y en donde destacan con resultados negativos las entidades de Guerrero, Michoacán y Sinaloa.
La Dimensión IV referida a la Democracia Económica, se revisan los resultados de gestión pública que aseguran la eficiencia económica, registró 3,998 puntos que corresponde al descenso en la materialización de algunas políticas públicas que están direccionadas al desarrollo económico, en donde se encuentran las entidades de Hidalgo, Morelos y Veracruz.
Ahora bien, tomando en cuenta los resultados de 2023 respecto a 2022, 24 entidades federativas obtienen un mejor puntaje, por ejemplo, Baja California Sur encabeza en ranking del IDD. Asimismo, Quintana Roo, Ciudad de México, Nayarit, Sonora y Querétaro son las entidades federativas que muestran un mejor desarrollo democrático.
Los datos aquí registrados deben servir al Estado Mexicano, a diversas instituciones y a las entidades federativas para revisar el desempeño de su gobierno, de sus instituciones y de los resultados que ofrecen a la ciudadanía y la atención y garantía de sus derechos con la finalidad de que consolidemos un auténtico sistema democrático que permita contar con la seguridad en el goce y ejercicio de nuestros derechos.