Para que un sistema democrático subsista deben darse diversas condiciones que son fundamentales para el sano desarrollo de cualquier sociedad que forme parte de dicho sistema, tales como contar con normas constitucionales y legales que tengan correspondencia con diversos tratados internacionales relacionados con el respecto a los derechos humanos, las reglas para la transmisión pacífica del poder público, el goce de las libertades de las personas, los elementos tangibles para el óptimo desarrollo y bienestar de los seres humanos, entre varias disposiciones más que hacen prevalecer un óptimo Estado de Derecho.
No obstante, existe un fenómeno que carcome y gangrena cualquier Estado de Derecho: el fenómeno de la corrupción, ya que representa la distorsión del correcto funcionamiento de las instituciones del Estado, genera que las políticas públicas que se instrumenten en beneficio de la sociedad sean ineficaces o, incluso, ni se materialicen, dando paso a elementos como el soborno, la extorsión, el tráfico de influencias, el fraude, el nepotismo, la malversación de recursos, entre otros. Asimismo, la corrupción trae como consecuencia que se vaya generando de forma gradual una cultura del que tiene más recursos puede más, lo que permea en la propia credibilidad del propio sistema democrático y del poder político en turno.
A nivel mundial, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción ha determinado diversas medidas preventivas tales el establecimiento de prácticas eficaces para prevenir la corrupción; evaluar periódicamente instrumentos jurídicos y medidas administrativas para determinar si son adecuadas y combatir la corrupción; colaboración internacional en la promoción y formulación de medidas que prevengan y combatan la corrupción, entre otras.
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En México, de acuerdo con estadísticas sobre la corrupción en México, el INEGI publicó en diciembre del año pasado algunos datos[1] que resultan muy relevantes, de donde destacan los siguientes aspectos:
- El 22% de las personas adultas refirió que la corrupción en uno de los tres problemas que más les preocupan.
- En 2021 la población encuestada considero que la policía, los partidos políticos, el Ministerio Público, las Cámara de Diputaciones y Senadurías son las instituciones en las que ocurren más prácticas de corrupción con 88.8%, 85.4%, 76.1% y 74.4%, respectivamente. En sentido contrario, las instituciones que muestran un menor nivel de percepción de corrupción son los órganos autónomos, el Ejército y Marina y las universidades públicas, con 35.2%, 37.3% y 44.2%.
- 36.2% de las personas adultas privadas de su libertad en 2021 fueron víctimas de corrupción en alguna etapa de su proceso penal.
Ahora bien, de acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción, 2023[2], presentado por Transparencia Internacional a finales de enero de este 2024, establece que este fenómeno ha generado un declive en el funcionamiento de los sistemas de justicia, de donde destacan países como Dinamarca, Finlandia y Nueva Zelandia con altas puntuaciones por la efectividad de sus sistemas judiciales. En cambio, Somalia, Venezuela, Sudán del Sur y Yemen son países que se encuentran en el sótano de esta clasificación, principalmente por crisis prologadas y conflictos armados.
Para el caso de nuestro país, México tiene 31 puntos de 100 en la clasificación de este Indicador. En este sentido, México se mantuvo por segundo año en el sitio 126 de 180 países, lo que no es para nada, un dato positivo.
En la misma tónica, y de acuerdo con una encuesta publicada por el prestigiado Diario El Financiero a principio de enero de este año, la población en un 45% considero que la “corrupción” ha sido entre muy mal y mal tratado por el actual Gobierno por un 32% que opina lo contrario.
Bajo este contexto, se observa que, al decir de la mayoría de la población, de indicadores registrados tanto nacionales como internacionales, existe un importante grado de corrupción en nuestro país que, de no atenderse, puede erosionar y hasta fracturar nuestro Estado de Derecho y, con ello, a nuestro propio sistema político mexicano. Por ello, debe ser el propio Gobierno de la República el encargado de generar los elementos jurídicos y las acciones necesarias para prevenir, atender y erradicar la corrupción, empezando por generar la mayor transparencia posible en todos los actos, actividades y acciones de Gobierno. Veremos en que acaba el presente sexenio en esta materia.
[1] Link: https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2023/EAP_vsCorrup23.pdf
[2] Índice de Percepción de la Corrupción, 2023
Link: https://www.transparency.org/es/press/cpi2023-corruption-perceptions-index-weakening-justice-systems-leave-corruption-unchecked