A poco más de un mes del inicio de la próxima presidencia en los Estados Unidos, Donald Trump comenzó a hacer de las suyas, dando anuncios que, según la interpretación de varios, van desde lo abyecto hasta lo irracional. Sin embargo, algunos de los adelantos presidenciales son, más bien, bastante coherentes, dado el pasado reciente de aquel país.
La mayor inquietud en el mercado mexicano es la amenaza de una tasa del 25% a todo lo que llegue desde México, en tanto prevalezcan dos problemas clave de la agenda trumpista: el fentanilo y la migración. Es claro que, como lo hizo en su pasada gestión, el magnate busca utilizar mecanismos comerciales para forzar decisiones políticas.
Una de las preguntas es si esa misma estrategia se utilizará para obligar a México a tomar decisiones distintas a las que se han aplicado en sectores estratégicos durante los años recientes de los gobiernos de la 4T.
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Desde los tiempos del presidente López Obrador, distintas empresas de capital estadounidense se han quejado del trato recibido en áreas como la energética, la agroalimentaria, la minera, así como en la de bebidas y alimentos, entre otras.
Pese a las solicitudes de atención hacia la administración Biden para establecer mecanismos de revisión comercial por presuntas violaciones directas al TMEC, el USTR y el gobierno federal de aquel país mantuvieron una postura tendiente a evitar el conflicto. Solo avanzó el panel en materia de biotecnología, que está a pocos días de resolverse.
No fueron solo las empresas: también legisladores estadounidenses, asociaciones y centros de estudio hicieron públicas sus quejas para revisar lo que sucedía en el marco legal mexicano y su compatibilidad con los acuerdos comerciales vigentes.
Estas preocupaciones han continuado tras la aprobación de reformas constitucionales que cambian de manera sustantiva el Estado mexicano y que dejan dudas a los inversionistas sobre qué tipo de árbitro nacional prevalecerá una vez que se implementen temas como el judicial, el energético o el de la simplificación administrativa.
Si las empresas norteamericanas tienen razón o no es un asunto de otro costal, difícil de resolver en estas líneas. El Gobierno de México ha mantenido una postura muy clara en la defensa de su soberanía, en la necesidad de renovación de los poderes públicos y en el replanteamiento de las guías político-económicas que rigen al país.
No obstante, tenga el gobierno mexicano razón o no, el sentir de la inversión estadounidense es de preocupación. Además de saber si podrán continuar o no en determinadas actividades económicas, también quieren saber si, a la hora de un conflicto, habrá medios para la solución de controversias que den certidumbre y confianza en la aplicación de la ley, el derecho y los tratados comerciales.
Por eso, tiene mucho sentido que, tras la relativa tibieza de Biden y Katherine Tai —percibida por una parte del capital estadounidense—, llegue un presidente que tiene el garrote comercial como incentivo para alinear intereses políticos, sean estos el de la seguridad, el de la migración o el económico. Será una difícil prueba para la nueva administración de la presidenta Sheinbaum, la cual requerirá de mucha inteligencia y capacidad.