Así que de los cien compromisos planteados por la presidente Claudia Sheinbaum desde el primer día de su gobierno, el número 62 garantiza “soberanía alimentaria” para el país.
Y la misma señora Sheinbaum define la soberanía alimentaria como el “eje rector de nuestra política para el campo, lo que implica el fortalecimiento de todas las condiciones, capacidades y actores que permitan a la Nación garantizar el derecho humano y constitucional a la alimentación de las y los mexicanos sin excepción”.
Está bien. Muy requetebién. Ojalá que este propósito esta vez sí se cumpla, porque el alimento –y en general la producción agropecuaria– es el nutriente para el crecimiento sano del país, para su fortaleza y el estímulo que significa en la economía y en el trabajo para millones de mexicanos.
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No deja de ser paradójico que esta misma propuesta fuera una de las que también hizo el entonces candidato a la presidencia de la República en 2018, Andrés Manuel López Obrador, toda vez que insistía en que era aberrante que México tuviera que adquirir productos alimentarios en el extranjero, pudiéndose producir en la tierra mexicana. Y que él, mediante políticas de apoyo al campo, haría archi productivos los campos del país, prometió.
La realidad fue otra. El campo pasó a segundo término en las políticas agropecuarias del gobierno; estimular su producción, proteger al productor como al producto y a los consumidores….
Evitar la cadena de intermediación que encarece los productos de la canasta básica, la que sigue siendo básica pero que su costo es hoy por hoy extremadamente caro debido a que la tasa anual de inflación a septiembre de 2024 fue de 4.99 por ciento.
Durante el gobierno de AMLO (2018-2024), se abandonó al campo y no hubo programas para atenderlo y beneficiarlo. De hecho se quitaron todos los apoyos al sector y en cambio se creó uno, denominado “Sembrando vida”. De este programa se detectaron irregularidades…
Este apoyo consistía en entregar 6,250 pesos mensuales a pequeños productores, lo cual no solucionó nada, desprotegió al campesino y productor y no garantizó los insumos necesarios ni los apoyos ante las pérdidas por plagas destructoras. El campo está en abandono mayor.
Por tanto, es natural que los resultados sean fatales tanto para los agroproductores, como para la cadena de comercialización y los consumidores. Pero sobre todo que el país tenga que adquirir los bienes de consumo alimentario en el extranjero. Básicamente Estados Unidos y China.
Es por esto que resulta muy lamentable para México saber que la autosuficiencia alimentaria, agrícola y pecuaria se redujo de manera constante en el periodo de 2018 a 2022 (último año con datos consolidados en Coneval), lo que evidentemente complica los planes del nuevo gobierno federal en busca de la soberanía alimentaria.
Según el “Estudio diagnóstico del derecho a la alimentación nutritiva y de calidad 2024”, publicado la semana pasada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), revela que el coeficiente de autosuficiencia alimentaria (que es el porcentaje del consumo nacional de alimentos que es cubierto por la producción del país) pasó de 75 por ciento en 2018 a 69.5 por ciento en 2022.
Así, el coeficiente de autosuficiencia agrícola, que bajó de 65.0 por ciento en 2019 a 60.7 por ciento en 2022, aumenta la dependencia del país hacia las compras de frutas, verduras, cereales y hortalizas del extranjero.
Por su parte, el coeficiente de autosuficiencia pecuaria (porcentaje del consumo nacional de carnes, huevo, leche y sus derivados, que es cubierto por la producción del país) pasó de 85.8 por ciento en 2018 a 80.6 por ciento en 2022, es decir, que cada vez es necesario importar más productos de origen animal para la alimentación de los mexicanos.
Los grandes beneficiarios a todo esto, son los productores estadounidenses y en menor proporción otros países que venden al gobierno mexicano las cosechas que ya no se obtienen en el país en cantidades suficientes para no depender de la compra y, por lo contrario, sí producir aquí lo que se consume, generando riqueza, generando trabajo y consumo más barato y de gran calidad.
Por su parte, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural informó que el porcentaje de prácticas sustentables en la producción agropecuaria, en las que se utilizan herbicidas e insecticidas orgánicos, abonos naturales y control biológico de plagas, bajó de 46.2 por ciento en 2017 a 41.9 por ciento en 2022, lo que va en contra de la soberanía alimentaria, según Coneval.
El panorama agropecuario en México es desolador. Sobre todo para aquellos que dedican su vida a generar alimentos y productos de consumo básico. De ahí que la queja frecuente entre la gente del campo sea la de la falta de apoyos del gobierno para conseguir más y mejor producción. En todo caso, esa inversión y apoyo provendrían de recursos públicos, generados por todos los mexicanos.
Cada día los costos y precios de los productos de consumo son más altos, de más difícil consecución y ha disminuido el consumo de alimentos benéficos para la salud de los mexicanos.
En estas condiciones resulta suspicaz que se repita que se buscará la ‘soberanía alimentaria’ en México. Lo mismo que se dijo en 2018. ¿Esta vez será cierto el compromiso?
¿Terminará el día a día trágico de la gente del campo y el mar en el país? ¿Disminuirá el número de jóvenes mexicanos que tienen que emigrar a Estados Unidos en donde producirán lo que en México no se produce? ¿Podremos comer los mexicanos lo que se produce en México?
‘¿Prometer no empobrece, cumplir es lo que aniquila?’.