Hace unos días acudí a una charla con estudiantes universitarios quienes plantearon ¿Qué pasa en México sin el IFT?
La pregunta no puede ser más pertinente, sobre todo en la antesala de que el Pleno de la Cámara de Diputados discuta un Dictamen de simplificación orgánica que contempla la desaparición de siete organismos autónomos, entre ellos el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
Hubiera deseado que, además de ese espacio universitario, quienes conformamos el Instituto tuviéramos la oportunidad de explicar ampliamente a todos los involucrados en la decisión, los riesgos de que nuestra institución deje de ser autónoma, colegiada, especializada e integral, y en contraste, se supedite a una Secretaría o dependencia (incluso se disgregue en varias, eso aún no está claro).
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Por ello, aprovecho estas líneas para insistir que las modificaciones que pretenden eliminar la autonomía constitucional del IFT representan un grave retroceso para el país, en perjuicio de los usuarios de telecomunicaciones y las audiencias de radio y televisión.
La creación del Instituto y su autonomía jurídica, de gestión y presupuestaria no fueron un capricho ni ocurrencia. Por el contrario, nacieron a partir de exigencias sociales y la imperiosa necesidad de incentivar un sector que estaba profundamente estancado.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) advirtió en un informe de 2012, que el sector de las telecomunicaciones en nuestro país, “se caracterizaba por una alta concentración, una competencia débil, un nivel relativamente deficiente de desarrollo de la infraestructura, precios altos y escasa demanda de servicios”.
Estas ineficiencias, apuntó el organismo internacional, impusieron un costo considerable a la economía mexicana y al bienestar de la población. De ahí que México tuvo la necesidad de mirar otros modelos de regulación, con el fin de generar condiciones impulsaran la incipiente inversión nacional y extranjera.
Quedaba claro que, los modelos institucionales que se habían implementado hasta entonces para regular y vigilar la competencia económica en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión tenían serias limitaciones y no pudieron conseguir que más personas tuvieran acceso a más y mejores servicios. Tampoco pudieron reducir los precios de los servicios ni la concentración en los mercados de telefonía e internet fijos y móviles, radio y televisión.
Recordemos que antes de 1996, el sector de las telecomunicaciones estaba a cargo de la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Aunque ese año se creó un organismo desconcentrado al que se denominó Comisión Federal de Telecomunicaciones, los resultados fueron inferiores (comparados con el modelo de organismo realmente independiente). Entre muchas otras razones, porque las decisiones regulatorias, por más técnicas que fueran, dependían de si se conseguía o no la aprobación-sin criterios definidos- del secretario de Estado en turno.
La creación del IFT como un órgano regulador con autonomía constitucional que no estuviera supeditado a intereses gubernamentales, políticos o de grupos económicos, sí detonó las condiciones para que el sector creciera y cambió radicalmente las dinámicas de precios y ofertas de servicios, con la consecuente democratización de las telecomunicaciones.
De junio de 2013 (antes de la creación del Instituto) a septiembre de 2023, la contribución del sector de telecomunicaciones y radiodifusión al Producto Interno Bruto se duplicó (125%); el Índice de Precios de Telecomunicaciones disminuyó 32%, a pesar de que la inflación aumentó 64%. Ningún otro servicio básico (agua, electricidad, gasolina, etc.) ha experimentado esta disminución de precios sino lo contrario.
Estos beneficios, tangibles para todos, son resultado de un modelo de regulador autónomo que permitió la transformación profunda y sin precedentes en la historia de México de los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión. Aquí más evidencias:
En 2013, solo el 45% de la población era usuaria de internet en México, ahora más del 81% de la población tiene este servicio. Lo que significa que 51 millones de personas más usan internet que hace once años.
En ese mismo periodo, se cuadruplicó el número de líneas de banda ancha móvil. En 2013, 23 de cada 100 habitantes tenían internet en su celular y para 2023 la relación aumentó a 96 de cada 100 habitantes. Antes de la creación del IFT, 9.6 millones de hogares (30.7%) tenía acceso a internet, hoy tienen 27.7 millones. Las líneas de telefonía móvil también aumentaron 25%.
Adicionalmente, se han logrado ahorros a los usuarios por 805 mil millones de pesos, consecuencia de una disminución de precios en distintos servicios de telecomunicaciones. Cada peso de presupuesto asignado al IFT se traduce en 44 pesos de ahorro para los mexicanos.
Por supuesto que aún pueden y deben generarse condiciones de mayor competencia y desarrollo en estos sectores. Sin embargo, virar a modelos institucionales antiguos que ya han mostrado tener serias limitaciones y resultados inferiores en nuestro país, sería un grave retroceso tanto para los ciudadanos como para el propio Estado mexicano.
Justo aquí vuelvo a la pregunta inicial ¿Cuáles son los riesgos para México sin el IFT?
Enumeraré brevemente algunas:
- El gobierno se convertiría nuevamente en juez y parte en la toma de decisiones relacionadas con este sector, particularmente ahora que se plantea y fortalece como proveedor de servicios públicos de telecomunicaciones como el internet, transporte de datos y telefonía móvil.
- Incremento de precios y menor oferta de servicios de telecomunicaciones y radiodifusión. Como está el Dictamen que prevé discutir en unos días el Pleno de la Cámara de Diputados, no queda claro si se mantendrán herramientas que han permitido mejorar la competencia en beneficio de los usuarios.
- Desincentivar las inversiones. Al no tenerse claridad sobre cómo será en adelante la regulación a manos de instituciones supeditadas a una Secretaría o dependencia del Ejecutivo se generaría incertidumbre y desconfianza para los participantes de los sectores.
- Menor cobertura y calidad de los servicios. Al no haber inversiones, se frena el despliegue de infraestructura, lo que impide llevar servicios a otras partes del país.
- Incertidumbre en transparencia y rendición de cuentas. Particularmente si en el Dictamen que discutirá la Cámara de Diputados se contempla también la desaparición del organismo encargado de la transparencia y acceso a la información.
- Criterios políticos sobre aspectos técnicos. No podemos obviar que las decisiones que tome el regulador -a manos del gobierno- en materia de asignación espectro radioeléctrico, supervisión del cumplimiento de las obligaciones adquiridas por concesionarios y autorizados, así como aquellas para equilibrar la competencia económica en los mercados, podrían verse influenciadas por intereses políticos o económicos.
- Posibles violaciones al T-MEC y otros Acuerdos comerciales. Existen artículos del tratado comercial signado con Estados Unidos y Canadá que precisamente señalan que el organismo regulador no puede tener participación en proveedores de servicios de telecomunicaciones y que para México el regulador y promotor de la competencia y desarrollo eficiente en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión es autónomo respecto del Poder Ejecutivo.
Lo anterior, sin menoscabo de que una entidad gubernamental que vigila a múltiples sectores e industrias tiende a descuidar a aquellas que resultan más complejas o dinámicas, en detrimento de lo más importante: los usuarios de telefonía e internet y las audiencias de radio y televisión. De eso también se ha encargado el IFT, además de ser un promotor activo de la alfabetización digital y mediática.
Por eso, mi llamado es a los legisladores. Aún estamos a tiempo de corregir el rumbo y evitar la destrucción de un modelo institucional autónomo, colegiado, especializado e integral, que en México ha brindado mucho mejores resultados y beneficios a la ciudadanía y que, sin duda, vale la pena preservar.