La participación de las mujeres en la política mexicana siempre se ha enfrentado al dilema de competir en desigualdad estructural frente a los hombres, sin que el problema acabe con la victoria electoral de una candidata y su posterior toma de posesión del cargo; al contrario, desde el inicio del ejercicio de sus funciones comienza un nuevo desafío al tener que trabajar en ambientes hostiles que pretenden desincentivarlas para que abandonen el puesto por el que fueron electas.
Entre mayor participación de las mujeres en la política, las conductas violentas que pretenden intimidarlas y excluirlas de un espacio que equivocadamente se sigue considerando exclusivo del dominio masculino, han aumentado.
Esta situación se ha potencializado con el uso de tecnologías de la información como herramienta divulgadora de discursos misóginos, sexistas y estereotipados, también prolifera el uso de imágenes, videos y mensajes para ridiculizar y humillar a las mujeres que participan en las contiendas electorales y con más ahínco a las que acceden a un cargo de representación popular.
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Lamentablemente las plataformas tecnológicas y, en especial, las redes sociales, se han convertido en el medio predilecto, para que desde el anonimato de un perfil falso se divulguen discursos discriminatorios para demeritar el trabajo y la carrera política de las mujeres, solo por ser mujeres.
Ante dicha situación, las autoridades electorales hemos tenido que plantear nuevas políticas estratégicas que nos permitan atender, prevenir, sancionar y erradicar la violencia política contra las mujeres que se ejerce por estas plataformas. En días pasados, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó la creación de un Padrón de Registro Voluntario de Perfiles de Redes Sociales de Mujeres que Ocupan un Cargo Público Federal.
En este padrón, las mujeres que ocupan un cargo de elección popular federal o local y/o denuncien sufrir conductas de violencia política podrán solicitar al INE, la inscripción de sus cuentas en redes sociales; o bien, conceder su consentimiento para ello. La finalidad de este registro voluntario es que puedan ingresar a los diversos sistemas de protección que las diferentes redes sociales tienen para atender este tipo de casos e, incluso, la autoridad electoral pueda advertir la existencia de posibles conductas violentas y actuar en consecuencia.
El padrón es de consulta cerrada; es decir, no es abierto al público en general, incluso no todo el personal del INE tendrá acceso a la información, sino que atendiendo a su propia naturaleza y a la existencia de datos personales, se elaborarán perfiles específicos de consulta; además, las autoridades judiciales, administrativas o legislativas que soliciten algún dato deberán fundar y motivar su solicitud y, aun así, el acceso estará sujeto a que la mujer de la que se trate otorgue su consentimiento para tales efectos.
La inscripción de los perfiles durará el mismo tiempo que dure su encargo como representante popular; posteriormente, se eliminará su perfil del padrón, pero será incluida en un registro histórico que se resguardará por parte del INE.
En caso de así desearlo, las mujeres inscritas podrán solicitar en cualquier momento ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición respecto del registro vigente e histórico, atendiendo a las normas de protección de datos personales que rigen la materia.
Lo anterior es así porque el padrón almacena datos sensibles como son: a) Nombre de la persona titular del perfil de redes sociales inscrito; b) Red social en que se ubica el perfil inscrito; c) Ámbito territorial (nacional, entidad federativa, distrito electoral federal o local, municipio); d) Partido político en el que milita o bien al que representa; e) El cargo que desempeña; y, f) Permanencia del perfil de redes sociales de la mujer que ocupan un cargo público de elección popular.
Este padrón se suma a una serie de acciones que el INE ha implementado en su ardua tarea de combatir la violencia política contra las mujeres, tales como la celebración de convenios de colaboración con las principales plataformas de redes sociales, la elaboración de un protocolo de atención a víctimas y la firma de diversos instrumentos con organismos internacionales y nacionales para la búsqueda de la generación de políticas encaminadas a la prevención y erradicación de la violencia digital.