La reciente reforma judicial y los cambios administrativos están dejando a miles de profesionales del sector público en México en una situación de incertidumbre laboral. Abogados que han dedicado años a ascender dentro del Poder Judicial, siguiendo procedimientos estrictos como exámenes, concursos, y continuando su formación académica con maestrías y doctorados, ven ahora su futuro profesional comprometido. Estos trabajadores, muchos de los cuales han arriesgado incluso su seguridad en el ejercicio de su labor, enfrentarán despidos masivos.
Una situación similar ocurre en otras instituciones con autonomía constitucional, como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), cuya desaparición ha sido anunciada. A pesar de los esfuerzos por consolidar un servicio profesional de carrera, su disolución afectará a cientos de especialistas en transparencia y protección de datos personales que perderán su empleo.
Además, vienen despidos por los cambios sexenales y un recorte del 10% en la nómina, que afectará a decenas de miles de empleados gubernamentales. El Servicio Profesional de Carrera, que alguna vez garantizaba estabilidad laboral en el sector público, ha quedado prácticamente inoperante. A muchos funcionarios pertenecientes a este Servicio se les pide la renuncia, la cual entregan para evitar represalias o el cierre de oportunidades futuras dentro del gobierno.
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Pero el desempleo no solo se da en el gobierno. Según datos de la OCDE, en 2023 se graduaron más de 1.1 millones de universitarios en México, de los cuales aproximadamente un tercio, cerca de 400 mil, no ha logrado conseguir empleo. Esto sin contar los miles de egresados de años anteriores que aún siguen en búsqueda de oportunidades laborales.
La angustia es palpable entre quienes son el sustento de sus familias y no pueden generar ingresos, al enfrentar esta situación de falta de empleo y despidos. Esto es exacerbado por el bajo crecimiento económico del país en los últimos seis años, con un promedio anual de crecimiento del PIB de apenas 0.6%, el más bajo en un sexenio en la historia reciente del país. Este crecimiento de la economía no alcanza para absorber al 1.3% de la población que se incorpora anualmente a la población económicamente activa.
El mercado laboral en México también presenta otros desafíos estructurales. Muchas carreras universitarias, como las relacionadas con comunicación, ecología y diseño, no cuentan con una demanda suficiente en el mercado laboral. Al mismo tiempo, profesiones saturadas, como derecho y administración de empresas, enfrentan dificultades similares, al producir más egresados de los que el mercado puede absorber. Además, la falta de experiencia, combinada con las deficiencias educativas, coloca a muchos jóvenes en una posición de desventaja frente a las demandas de las empresas. Esto sin incluir a aquellos que no alcanzan educación universitaria, quienes tienen aún más dificultades para encontrar un trabajo bien remunerado.
Para quienes tienen experiencia profesional especializada, la situación también es compleja. Por ejemplo, ¿qué opciones de empleo tienen quienes se han dedicado a garantizar la transparencia en las instituciones del gobierno? Sus habilidades no son fácilmente transferibles a otros sectores.
Otro factor a considerar es la discriminación por edad en el sector privado. A partir de los 45 años, las oportunidades laborales disminuyen considerablemente, y en muchos casos, las empresas prefieren despedir a empleados a partir de esta edad, en favor de trabajadores más jóvenes y con salarios más bajos.
El gobierno federal, además, ha dejado de ser una opción atractiva para profesionales bien capacitados. Los recortes salariales, la eliminación de prestaciones y la falta de competencia en los liderazgos han transformado el sector público en un refugio para universitarios con poca experiencia o recién egresados de universidades públicas que aceptan condiciones laborales mínimas. Las excepciones, como Pemex y CFE, siguen siendo atractivas, pero sin las conexiones adecuadas, es difícil acceder a estas instituciones.
Ante la falta de empleo formal, muchos se ven obligados a integrarse a la economía informal. Actualmente, el 54.1% de la población económicamente activa se encuentra en la informalidad, lo que representa alrededor de 32 millones de personas. Estos trabajadores, a menudo subempleados o autoempleados, no cuentan con seguridad social ni beneficios laborales. Quizá este sea el único camino que les quede a quienes enfrentan el desempleo.
La falta de empleo es un reto constante, y en el actual contexto político y económico de México, las perspectivas no parecen mejorar. La continuidad de las políticas del sexenio anterior por el actual gobierno ha generado un ambiente de incertidumbre que frena la inversión y, con ello, el crecimiento económico. Los profesionales despedidos, los nuevos egresados universitarios y millones más que se incorporan a la fuerza de trabajo enfrentarán grandes dificultades para encontrar empleo. Sin crecimiento económico, las soluciones parecen lejanas.