El país enfrenta una grave crisis de seguridad pública, al culminar el sexenio más violento de su historia reciente, con casi 200 mil homicidios dolosos y más de 50 mil personas desaparecidas. Este nuevo sexenio comienza con episodios de gran violencia en lugares como Chilpancingo, Villahermosa, Culiacán, Durango, Guanajuato y Michoacán, entre otros.
Ante este reto, el nuevo secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, García Harfuch, ha presentado su programa para abordar la seguridad pública, basado en cuatro ejes.
El primer eje se centrará en atacar las causas subyacentes de la violencia, una estrategia que fue prioritaria en el sexenio de Calderón, aunque sin lograr una reducción significativa en los niveles de criminalidad. Este enfoque requiere constancia y recursos considerables para ofrecer alternativas viables frente a los beneficios económicos que la delincuencia organizada brinda a sus reclutas. Los resultados, de alcanzarse, serían a largo plazo y dependen de un compromiso sostenido.
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El segundo eje busca la consolidación de la Guardia Nacional, que, a pesar de haber sido creada hace cinco años, aún no ha cumplido con las expectativas en materia de seguridad. Este organismo está bajo control militar, lo que limita la influencia directa que el Secretario de Seguridad puede tener en su operación por lo que la efectividad de este eje dependerá en gran medida de las acciones que realicen las fuerzas armadas.
El tercer eje se enfocará en fortalecer la inteligencia y la investigación sobre la delincuencia organizada, fortaleciendo a las instituciones civiles en este ámbito. Durante el sexenio pasado, esta tarea estuvo mayormente en manos de la inteligencia militar. Para abordar esta área, se planea crear una Subsecretaría de Inteligencia e Investigación, que posiblemente supervise al antiguo CISEN, ahora conocido como el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Aunque no está claro si la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) se integrará a este esfuerzo, su participación será crucial para las investigaciones.
A lo largo de la historia, las instituciones de inteligencia civil han operado con luces y sombras. Por ejemplo, la Dirección Federal de Seguridad, predecesora del CISEN y el CNI, se convirtió en una policía política y estuvo implicada en actividades ilegales, incluyendo el tráfico de drogas. El reto será evitar que se repitan estos errores, estableciendo controles de confianza rigurosos para mantener la integridad de estas instituciones.
El cuarto eje se centrará en la coordinación entre el gabinete de seguridad y las autoridades estatales, una estrategia que ha sido intentada desde el sexenio de Zedillo con resultados limitados. El programa también destaca la intención de enfocar esfuerzos en los estados y municipios más violentos, buscando su pacificación y reducción de actos delictivos. Sin embargo, no se han detallado las acciones específicas para lograrlo y ya se ha visto que no basta la presencia de numerosas fuerzas militares, como en Sinaloa, para disminuir la violencia.
Expertos en seguridad han señalado que este programa no presenta innovaciones ni detalles claros sobre cómo se implementarán estos cuatro ejes. No obstante, el hecho de que ya no se mencione la estrategia de “abrazos, no balazos” es considerado un avance significativo.
El fortalecimiento de la inteligencia debe ser una prioridad. Aunque la inteligencia actualmente está dominada por las fuerzas armadas, es crucial reconstruir la inteligencia civil y policial para llevar a juicio a los delincuentes de manera efectiva.
La reforma judicial podría apoyar estos esfuerzos al permitirle al Poder Ejecutivo colocar jueces menos estrictos en cuanto a la solidez de las carpetas de investigación y menos garantistas de los derechos humanos de los acusados, con lo cual se facilitaría el encarcelamiento de estos, aunque con ello se podrían violentar sus derechos humanos.
La posible ratificación de la Titular de la Comisión de Derechos Humanos también podría facilitar el trabajo de las fiscalías, al estar más orientada a apoyar al gobierno en turno que a la defensa de los derechos humanos.
En este contexto, la población podría estar más dispuesta a aceptar una estrategia similar a la de Bukele en El Salvador, enfocada en un control más firme sobre el crimen, que a seguir permitiendo la impunidad de los delincuentes.
Aún queda por ver cómo se reclutarán miles de investigadores de campo, analistas y expertos en técnicas de investigación, así como la creación de plataformas tecnológicas que conviertan la información en pruebas utilizables en procesos judiciales. El presupuesto de 2025 será un indicador clave del compromiso del gobierno con la reconstrucción de la inteligencia civil.
La nueva administración hereda una situación extremadamente difícil en términos de seguridad pública y corrupción. Se requieren acciones inmediatas y contundentes para recuperar los territorios controlados por el crimen organizado. El programa anunciado por el Secretario de Seguridad es solo el primer paso; el éxito dependerá de la capacidad del gobierno para implementar medidas eficaces y sostenidas que lleguen a la raíz del problema.