El doctor Jesús Luján Irastorza, ginecólogo con más de 30 años de experiencia, enfrenta una dura prueba. Desde hace casi dos años ha visto cómo su reputación y entorno personal se desmoronan, no por errores médicos, sino por lo que él asegura es una venganza personal por parte de su ex esposa. El médico, que contó a La Silla Rota el drama que vive, dijo que su vida está amenazada.
Todo comenzó cuando Mariana Campos, paciente de Luján, lo acusó de negligencia médica por la muerte de su bebé, atribuyendo la pérdida al uso de un medicamento supuestamente recetado por él. Sin embargo, investigaciones oficiales demostraron que Luján no emitió dicha receta (incluso estaba fuera del país) y Mariana evitó que se investigaran las causas reales al impedir la autopsia solicitada por la defensa.
En 2020, el Tribunal Supremo absolvió a Luján, probando que la receta no tenía relación con su práctica. Campos no aceptó el veredicto y se unió a colectivos feministas sensibilizados para participar de una campaña de desprestigio, utilizando medios y redes sociales para difundir información negativa y falsa, y conseguir la satisfacción que deseaba.
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Según el portal Animal Político, 17 mujeres acusaron a Luján de violencia obstétrica y negligencia, incluyendo diagnósticos tardíos y cesáreas sin aclarar. Luján niega categóricamente estas acusaciones y asegura que detrás de la campaña está su ex esposa, Alexandra V, quien ha manipulado el sistema legal para perseguirlo con apoyo financiero y logístico.
Un conflicto personal convertido en pesadilla mediática
Luján enfrentaba un conflicto personal con su ex esposa, Alexandra. Lo que fue un divorcio cordial en 2019 se complicó cuando ella supo que él estaba decidido a rehacer su vida con una nueva relación. Esto desencadenó una actitud violenta por parte de ella, culminando en agresiones físicas, incluyendo, según el médico, una mordida y un desprendimiento de retina que requirió cirugía.
Alexandra habría manipulado a sus hijos para grabar videos acusando falsamente a su padre de maltrato, ejerciendo violencia contra ellos si se negaban, especialmente contra el hijo mayor, aunque estos videos fueron desestimados posteriormente en los tribunales.
En 2020, Luján representó a sus hijos en una demanda contra Alexandra por violencia intrafamiliar, obteniendo la custodia temporal de sus hijos. Una evaluación psiquiátrica diagnosticó a Alexandra con trastorno límite de la personalidad y narcisismo, con tendencia a la simulación. En varias ocasiones expresó deseos de parecerse en popularidad a figuras como la exesposa del fallecido capo colombiano Pablo Escobar.
El diagnóstico y los daños a su familia, según la defensa de Luján, determinaron la decisión judicial de otorgarle la custodia permanente en 2021, vinculándola a proceso legal.
La exesposa aceptó los cargos voluntariamente y propuso una reparación para evitar ser registrada como victimaria con antecedentes penales.
Una madre muy poco maternal
A finales de 2023, Alexandra solicitó algo impensable en una madre: renunciar a todos los derechos sobre sus hijos y no verlos, para deslindarse de pagar pensiones y no figurar como deudora, según Luján, quien afirma que ella acumula multas y arrestos por violencia que no se ejecutaron. Estos registros le impedirían ocupar cargos de responsabilidad en el futuro.
Luján intentó entrevistarse con la fiscal de violencia intrafamiliar, pero fue imposible. "Hay nexos complejos entre lo personal, lo legal y lo público", dice. El científico y académico, con 22 trabajos de investigación, teme por su vida porque ha recibido amenazas junto con su hijo. "Hay presión política y mediática; se han abierto seis investigaciones con acusaciones no verificadas. Hay acoso, influyentismo, amenazas, conexiones con el Poder Judicial y se están fabricando pruebas para despojarme de mi patrimonio y encarcelarme", denunció.
Un escenario de manipulación mediática y judicial
Afirma que su exesposa, con aspiraciones políticas y fotografiada con personalidades de la administración actual, busca dañarlo mientras preserva su imagen de mujer ejemplar, manipulando estructuras como el "Frente de Violencia Vicaria" que ella fundó. "Hay una motivación pasional, económica y política", señaló, indicando que rechazó una pensión de 190 mil pesos mensuales y ahora reclama dos millones de dólares.
Lejos de aceptar las decisiones judiciales, Alexandra intensificó su campaña contra Luján, influyendo en otro colectivo: "Colectivo con Ovarios", con el propósito, según el médico, de reunir personas dispuestas a atacar por intereses personales, más que para defender a mujeres víctimas de violencia ginecobstétrica.
Alexandra utilizó sus conexiones en medios para difundir información negativa sobre Luján. Publicistas cercanos a ella contratan agencias para enviar mensajes masivos a ex pacientes, alentándolas a sumarse a las denuncias por mala praxis.
Los medios han sido centrales en la propagación de sendos informes. Según el médico, artículos en El Financiero y Animal Político, basados en pruebas no corroboradas, han reforzado su imagen negativa, publicando reportajes sin verificar adecuadamente las acusaciones.
Su impacto se tradujo en amenazas de muerte telefónicas y en que las redes sociales se convirtieron en una herramienta para incitar el acoso contra él y su familia, según cuenta en sus primeras declaraciones a un medio después de varios años de denuncias.
Según Luján, Alexandra manipuló el sistema judicial a su favor, utilizando sus contactos y relaciones sentimentales para obtener apoyos. Incluso se realizó un cateo en su clínica en 2023 y el sello de parte de sus instalaciones.
El caso alcanzó nuevo nivel cuando Alexandra utilizó sus conexiones con figuras influyentes, como Rafael Guerra, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Ciudad de México, para ejercer presión en tribunales. Aunque las pruebas eran débiles, su influencia dificultó el proceso para Luján.
“Por las buenas, o por las malas”, un ataque a lo profesional
"Hay la certeza de que los niños son utilizados como moneda de cambio", indicó Luján, quien dijo que su exesposa usó información obtenida en el matrimonio para dañarlo y se confabuló con otros para extraer ilegalmente información de pacientes.
Mientras tanto, Luján ha enfrentado la pérdida de pacientes y la afectación de su clínica y patrimonio, llegando al punto de tener que rogar para proteger los óvulos, espermatozoides y células de muchas mujeres en tratamiento de fertilidad, trasladándose a otra compañía y pagando de su bolsillo el soporte vital, debido a que las constantes demandas, cateos y bloqueos burocráticos hacían imposible el mantenimiento en sus instalaciones.
Luján ha demostrado su inocencia en la batalla por la custodia y defensa de sus hijos pero esto no ha detenido, sino agravado, los ataques y el discurso de odio contra él, su familia y su profesión. Este acoso ha sido una de las consecuencias más devastadoras de la campaña en su contra, obligándolo a buscar protección legal y empatía social.
A pesar de estas adversidades y una lesión de columna que lo limita, Luján ha demostrado paciencia y confianza en la ley para proteger a su familia y limpiar su nombre. No ha sido hasta ahora, que el daño a su reputación afecta gravemente a su familia, que decidió compartir su drama.
Lo de Luján, como el caso de Eliseo y otros menos conocidos, es un claro ejemplo de cómo una campaña de desprestigio puede tener efectos devastadores en la vida de una persona y destaca la responsabilidad de los medios al tratar temas sensibles que pueden polarizar y promover juicios infundados.
También expone las fallas del sistema judicial cuando es susceptible a la manipulación por individuos con conexiones influyentes.
Además, invita a una profunda reflexión sobre la responsabilidad de cada lector al consumir información sin una revisión crítica. La duda razonable y la presunción de inocencia son esenciales para una sociedad equitativa que evita juzgar sin fundamentos.
Jesús Luján continúa luchando por recuperar su vida y carrera, enfrentando un largo camino hacia la restauración completa de su reputación.