La extorsión y el cobro de piso son conductas criminales, que están a la vista de todas y todos, han alcanzado niveles alarmantes en el país y en la Ciudad de México. Se han convertido en una amenaza cotidiana para miles de ciudadanos que trabajan o emprenden desde el puesto de jugos, tamales y tortas afuera de las estaciones del metro, pasando por la papelería de confianza afuera de las escuelas, en los restaurantes, fondas y tienditas de la esquina.
Cada día, los negocios enfrentan la dura realidad de un sistema que ha permitido que el crimen organizado se infiltre en su quehacer diario, obligándolos a pagar cuotas por su propia supervivencia.
Los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública revelan que la extorsión es uno de los delitos que más ha crecido en la Ciudad de México, con un aumento del 32% en comparación con el año anterior. En 2023, se reportaron más de 5,000 casos de extorsión, y la cifra podría ser aún mayor, dado que muchos pequeños y medianos emprendedores temen denunciar por amenazas y temor a represalias.
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Un estudio de la Cámara Nacional de Comercio señala que 60% de los negocios en la ciudad ha sido víctima de algún tipo de extorsión, siendo los negocios familiares y las pequeñas empresas los más vulnerables. Estos emprendedores, que representan alrededor del 70% de la economía local, enfrentan una presión desproporcionada, ya que a menudo no cuentan con los recursos para absorber los costos adicionales impuestos por la extorsión.
El impacto de estos delitos va más allá de la seguridad personal. La presión financiera que enfrentan estos negocios se traduce en un aumento en los precios de productos esenciales. En otros estados de la República podemos enlistar casos alarmantes como el aumento de precio del pollo en el Estado de México, donde los productores han reportado un incremento de hasta el 30% debido a las cuotas exigidas por grupos delictivos.
En Michoacán, el precio del aguacate ha aumentado en un 40%, y el limón ha visto incrementos de hasta el 50% en comparación con el año anterior derivado de las cuotas del crimen a los agricultores, aunados al secuestro de carreteras y robó de camiones.
A nivel nacional los precios de la canasta básica han aumentado 15% en promedio, impulsados por la extorsión y el cobro de piso. Estos aumentos en los precios no solo afectan a los pequeños y medianos emprendedores, sino que también son un factor que contribuye a la inflación y al encarecimiento de la vida cotidiana.
A la sombra, en cada nivel de cadena de distribución, podemos visibilizar la historia de hombres y mujeres que han sufrido y vivido la extorsión y cobro de piso.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, alrededor del 70% de los empleos en la capital provienen de pequeñas y medianas empresas, lo que significa que el impacto de la extorsión no solo pone en riesgo a los emprendedores, sino también a miles de trabajadores.
Ante esta alarmante realidad, es urgente que en los congresos existan propuestas que adopten medidas contundentes.
Como diputada en el Congreso de la Ciudad de México, presenté una iniciativa para tipificar el "cobro de piso" en el Código Penal para la Ciudad de México. Lo cual plantea una diferencia al caso de la extorsión, ya que es una conducta delictiva que se replica con temporalidad, a veces mensual, semanal e inclusive diaria.
Esta propuesta contempla penas de 15 a 20 años de prisión y multas que van de 3 a 5 mil unidades de medida y actualización. Además, se busca un incremento de las penas en un tercio cuando el delito sea cometido por un servidor público o por un grupo criminal.
No permitiremos que grupos delictivos condicionen la vida de las personas que habitan en la Ciudad de México.
Debemos trabajar para que en la ley se castigue el cobro de piso y la extorsión con el objetivo de erradicar estas prácticas criminales, con el fin de devolverle la tranquilidad y seguridad a la ciudadanía.