La reciente decisión del Congreso de la Unión y del Instituto Nacional Electoral de abrir el proceso electoral para cargos judiciales, a pesar de que las reformas a leyes secundarias que deben definir el procedimiento de elección aún están en discusión, marca un peligroso precedente para el estado de derecho en México. No solo se trata de una violación al artículo 105 constitucional, que establece claramente que cualquier reforma relacionada con un proceso electoral debe ser promulgada al menos 90 días antes de su inicio, sino que pone en riesgo el delicado equilibrio entre los Poderes de la Unión, socavando el respeto a las resoluciones judiciales y los principios democráticos en los que se sustenta el país.
El desacato de las suspensiones judiciales otorgadas en contra de esta reforma judicial abre una puerta sumamente peligrosa: el precedente de que cualquier autoridad, en cualquier momento, pueda ignorar impunemente las resoluciones judiciales que buscan proteger los derechos humanos de los ciudadanos. En un sistema democrático, los poderes judicial, legislativo y ejecutivo deben actuar bajo un estricto marco de respeto mutuo, donde las decisiones del Poder Judicial son vinculantes y no pueden ser desatendidas sin generar una grave crisis de legitimidad institucional.
Lo que ha ocurrido en el caso del INE y el Congreso es una muestra de cómo el desacato no es solo una cuestión técnica, sino un ataque directo a los cimientos de nuestra democracia. Si se permite que estas decisiones judiciales sean ignoradas, ¿qué garantías tenemos como ciudadanos de que, en lo sucesivo, otras resoluciones judiciales que protejan nuestros derechos no serán también pasadas por alto? Hoy son las leyes electorales y el debido proceso judicial, mañana podría ser cualquier derecho humano básico. Este peligroso precedente mina la confianza de la ciudadanía en sus instituciones y pone en jaque la capacidad del Estado para garantizar justicia.
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Además de este desacato, el Senado ha sumado una medida igualmente preocupante en el ámbito laboral al establecer que se determinará mediante una tómbola qué jueces perderán su cargo. Este acto, que raya en lo absurdo, atenta contra los derechos laborales de estos funcionarios judiciales al dejar su futuro en manos del azar, ignorando su trayectoria profesional, su desempeño y su derecho a un proceso de evaluación justo y objetivo. La tómbola es un símbolo del deterioro institucional que estamos presenciando: un país donde las decisiones importantes ya no se toman con base en méritos ni en el respeto a los derechos, sino al capricho de una rifa.
Las y los Senadores del Partido Revolucionario Institucional se alzaron este fin de semana como una de las pocas voces de oposición clara al votar en contra de esta tómbola, argumentando que no serían cómplices de una violación tan flagrante a los derechos laborales, insistiendo en que la remoción de jueces debe estar fundamentada en criterios objetivos y no en sorteos que vulneran la dignidad de los afectados. Sin duda el PRI, actuó en congruencia con sus reiterados llamados a restablecer la sensatez y a respetar los principios básicos del estado de derecho.
El respeto a la Constitución y a los derechos humanos debe prevalecer, y cualquier intento por desacatar o distorsionar estos principios fundamentales debe ser rechazado con firmeza por todos los actores políticos y la sociedad civil.
Lo que está en juego no es solo el resultado de un proceso electoral, sino la estabilidad de nuestra democracia, de la República misma, y la legitimidad de la Constitución y de nuestras leyes.