Como Secretario de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México leí públicamente durante la sesión –dos veces– algo que me pareció inverosímil: el Grupo Parlamentario del PAN presentó una solicitud expresa, de manera formal, que se cumpliera con una resolución de un juez de distrito, para que el órgano legislativo modificara el uso de suelo de una parte del bosque de Chapultepec para construir edificios, casas o residenciales.
Los antecedentes del caso de manera resumida establecen que durante más de siete años se ha litigado un asunto en el que en la calle de Sierra Apalache 525 el gobierno de la Ciudad emitió decretos expropiatorios, mismos que terminó no utilizando, y el anterior propietario promovió juicio de amparo para recuperar el bien inmueble. Sin embargo, le añadió una petición, consistente en la modificación del uso de suelo para convertirlo en uso habitacional.
El juez cuarto de distrito en materia administrativa en la CDMX, después de desahogar el procedimiento, dictó sentencia amparando al particular obligando a la entonces ALDF a modificar el uso de suelo y que el gobierno le restituya al propietario el uso, goce y disfrute del bien inmueble.
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La semana pasada arribó un incidente innominado al Congreso de la Ciudad en el que nos obligaba a sesionar –en vía de cumplimiento de la resolución– ordenando la modificación de uso de suelo. Después de discusiones de todos los grupos parlamentarios sobre el tema se arribó a múltiples conclusiones.
De inicio, el expediente no establecía uso de suelo habitacional antes de la expropiación, sino un área de valor ambiental, protegida y considerada como área verde-bosque. En segundo lugar, un total y absoluto exceso del ejercicio de las facultades del juzgador que obliga a un órgano legislativo soberano a actuar de determinada manera, cuando ese órgano está compuesto de 66 mentes que debieran actuar libres y en representación de la ciudad, y que exclusivamente tiene competencia para modificar usos de suelo.
Todos los grupos parlamentarios acordaron defender los derechos de los vecinos, del Congreso y el Bosque de Chapultepec, y así se dio una conferencia de prensa.
En la siguiente sesión ordinaria el PAN –todos y cada uno de sus diputados– presentan este comunicado al pleno, conminando al órgano a acatar la resolución y acompañándola de discursos políticos de respeto al estado de derecho, a los órganos judiciales y a evitar que se les destituya –como consecuencia del desacato–.
Esta situación política realmente dice mucho a la sociedad, especialmente a aquellos que siguen dudando de la ubicación y alineación de intereses de los partidos políticos, y su aproximación al estado de derecho. Mientras que de manera abierta el PAN ya ha decidido defender a los constructores, desarrolladores e inmobiliarios, y lo han realizado con una excusa infantil de la vigencia del estado de derecho, el reto para la denominada cuarta transformación no es evidenciarlos –que ellos mismos lo hacen de manera expresa–, sino representar fielmente a la voluntad popular sin que se le asocie con una violación constante a los principios democráticos y estado de derecho.
Es necesario establecer que los juzgadores tienen un marco jurídico –establecido por la Constitución y leyes– que determina de manera estricta las atribuciones y límites de actuación, es decir, que no por ser jueces pueden admitir, sustanciar y resolver lo que su imaginación y percepción de la realidad les indique. Son reglas básicas que se encuentran en las leyes que impiden el abuso o exceso de poder, riesgo que en cualquier democracia ocurre, simplemente por lo que el poder mismo representa.
Que juzgadores lleven a cabo dichas conductas habla de una confusión total y absoluta entre las labores de un juzgador y la intención de convertirse en un político, de las ganas o voluntarismo que sus intereses se coloquen por encima de los de la sociedad, y que pretendan someter –ilegalmente– con tal de hacer prevalecer sus ideas.
Dicha confusión, ahora, profundizada por el Partido Acción Nacional y manipulada con pseudo argumentos jurídicos, mucho cinismo, y desesperación. Porque llegar al extremo de escudarse en conceptos como la democracia, estado de derecho, separación de poderes, o crisis constitucionales para terminar entregándose a intereses económicos burdos, es un verdadero retroceso para su causa, y sobre todo la de la ciudadanía.
Es momento de que se reorganicen y replanteen sus ideas, causas y estrategias, porque profundizar esa lógica es un daño que no están dimensionando. La ciudadanía y sus representantes no estamos dispuestos a ceder un sólo centímetro de uno de los pulmones de la Ciudad, y menos a establecer un precedente que claramente puede afectar al resto de las áreas verdes en esta capital y a la conducta de los juzgadores.
* Diputado del Congreso de la Ciudad de México
Presidente de la Comisión de Participación Democrática y Ciudadana