Con mucha probabilidad formo parte de la gran mayoría del país que está convencida de que el Poder Judicial en México se fue conformando históricamente como una casta de profesionales de la justicia que comparten intereses y aspiraciones con los grupos privilegiados y pudientes. Que, en ese tenor, han construido una red corporativa de amigos, de colegas y asistentes leales y familiares, que se ayudan para ascender a los cargos más altos y se confabulan para armar decisiones o fallos judiciales que mejor se acomoden a sus intereses presentes y futuros. Pero en cambio carecen de la menor compasión y empatía con los grupos menos favorecidos, sobre los que suelen cargar con todo el peso de la ley.
En una parte de sus decisiones el Poder Judicial, históricamente, se ha inclinado a favor de los intereses de los titulares del Ejecutivo, tanto federales como locales. A veces por escaso margen de autonomía y otras por su propia conveniencia. Pero su característica es que ellos están siempre del lado del poder, más que de la justicia democrática.
Como buena parte de la ciudadanía y pueblo de México, estoy también convencida de que los más altos integrantes del Poder Judicial se han auto servido con la cuchara grande a la hora de destinarse recursos. De suerte que sus recursos presupuestales disponibles pasaron de 600 mil millones de pesos en 2006, a 1.2 billones de pesos en 2020 (1). Dicho presupuesto muy cuantioso es incluso mayor que el presupuesto que se eroga en materia de salud (de 980 mil 901.65 mil millones de pesos, tiene dos problemas: 1) Es insuficiente para la atención de la impartición de justicia en el país, ya que corresponde a un gasto per cápita de 290 pesos y, 2) la mayoría del gasto se eroga en fondos, prestaciones, adquisición de inmuebles, equipos y operación de los altos funcionarios (ídem).
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El número de jueces es notablemente insuficiente para la demanda de acceso de justicia en el país, ya que hay 4.6 jueces para cada 100 mil habitantes, con excepción de Campeche que tiene 10 jueces por cada 100 mil. Pero hay entidades como Chiapas que tiene sólo 2 jueces por cada 100 mil habitantes.
Sus formas de control son en general también muy corporativas. Se trata de Visitadurías en la mayoría de los casos, mientras los Órganos Internos de Control hacen alguna parte. Pero son muy escasas las auditorías y supervisiones de las Auditorías locales o de ASF sobre el manejo de sus recursos. En la propia materia judicial el INEGI da cuenta de que en el PJF solo 3 mil 298 Procedimientos de responsabilidad administrativa iniciados entre 2010 a 2019, para un personal de casi 75 mil integrantes. Nunca tampoco hubo alguna una auditoría seria que participara en sus concursos para la integración de jueces. Notoriamente amañados con la compraventa de exámenes, cuando no el pase de preguntas y resultados a los favorecidos por familiares o por superiores patrocinadores.
Para no seguir abundando en datos, todo México está claro y consciente de que el Poder Judicial requiere de una reforma muy amplia y de fondo. Buena parte del electorado que refrendó su voto a MORENA el pasado mes de junio, lo hizo consciente de que los cambios en México debían seguir y profundizarse, y que no cabía volver al estancamiento legislativo que vivimos entre 1997 a 2017, donde las negociaciones políticas de las fracciones partidistas en los oscurito, primaron sobre las deliberaciones y los consensos públicos y políticos serios.
Pero una reforma como la que se adoptó en el último tramo del gobierno anterior, con escasa deliberación, con presiones del gobierno saliente y la anuencia casi obligada del entrante, no fue el mejor de los escenarios. Tampoco ayudó el hecho de que los protagonistas de esta reforma, el propio Poder Judicial se colocara en la pura resistencia. Sin reconocer los fallos y problemas profundos que los atraviesan, sin ceder nada, obcecados en la defensa de sus privilegios en decisiones y manejo de recursos, sin intención de develar su opacidad. La Magistrada Piña solo puso a circular una propuesta faltando dos días para la votación de la Iniciativa de MORENA.
Hoy en día el entrampamiento de los dos bandos no augura nada positivo. Ni la resistencia reiterada para mantenerse en las viejas formas de los togados, ni la cerrazón de la presidencia para no abrir el diálogo, son positivos para encontrar una vía de entendimiento. Mal favor hacen también quienes desde MORENA plantean modificaciones constitucionales para que las decisiones del Poder Legislativo sean inapelables. De esos hilos están tejidas las dictaduras.
Lo que se viene para el mundo en este año entrante no parece algo bueno. El caballo de la guerra está levantando coces en el sur de China, en Oriente medio gana terreno y el Este de Europa sigue trotando. El crecimiento económico viene de caída y las perspectivas de un triunfo de Trump ensombrecen nuestras mejores perspectivas económicas. Ni al gobierno recién llegado de la PresidentA Sheinbaum ni a México entero, le favorece un conflicto largo en un sector tan estratégico como el de la justicia y con segmento social no de menesterosos sino de satisfechos, que puede prolongar por mucho rato su movilización con un pronóstico que, por imprevisible, hay que reservarlo.
Hacen falta prudencia, apertura y sentido de responsabilidad en ambas partes. Resistirse a no caer en saborear manzanas envenenadas, como la reforma de marras que andan cocinando dizque aliados de la Doctora. Ni caer en las intentonas de Lawfare que andan azuzando desde muchos rincones sombríos. los grupos de interés de adentro y afuera del país. Diálogo y prudencia por el bien de todos.
1. Datos de Impunidad Cero consultables en:
https://www.impunidadcero.org/uploads/app/articulo/195/contenido/1700577164X52.pdf