En días recientes trascendió la declinación de Jorge Islas López a la designación como Coordinador General de Consulados en la Secretaría de Relaciones Exteriores. No es un asunto menor, ya que esta declinación fue el resultado de diversas denuncias públicas relativas a los abusos y hostigamiento que Islas López cometió durante su tiempo como Cónsul General de México en Nueva York, muchas de las cuales constan en los expedientes de la propia Cancillería desde, al menos, inicios de 2020.
El caso Islas establece, sin duda, un precedente respecto al poder que las denuncias y la exigencia pública pueden lograr frente a la impunidad de agresores. Sin embargo, también permite detectar algunos retos pendientes para el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum en casos de violencia de género en la administración pública.
El primer elemento es la revictimización que ha ejercido Jorge Islas. En ninguno de los tres comunicados que hizo públicos, incluído el anuncio de su declinación, hubo ninguna reflexión sobre la responsabilidad de sus actos, y por el contrario, insistió en menospreciar, atacar e incluso amenazar con vías legales, argumentando mentiras maliciosas en su contra*.
Te podría interesar
La declinación de Jorge Islas ofrece un resultado pero no una respuesta a quienes presentaron, por las vías administrativas formales, quejas sobre los abusos de éste y transparencia sobre si fueron consideradas, y de qué manera, en el nombramiento propuesto. Dicha respuesta correspondería, entonces, a las autoridades que recibieron las quejas y cuyo silencio podría interpretarse como un apoyo tácito a la posición revictimizante de Islas.
Este caso, su evolución y respuestas –o la falta de ellas– pone el acento en la necesidad de establecer mejores protocolos y mecanismos al interior de la administración pública que permitan, por un lado, evitar la llegada de agresores a posiciones de poder y por otro, asegurar que las víctimas puedan acceder a procesos de denuncia y acceso a la justicia y reparación justos, transparentes y no revictimizantes.
De acuerdo al Centro de Investigación en Política Pública (IMCO), una de las principales barreras para el desarrollo laboral de las mujeres en la administración pública en México es la persistencia de la violencia de género, junto con los intereses políticos y la falta de condiciones laborales inclusivas. Este mismo análisis detectó que el principal motivo para no denunciar la violencia de género en el ámbito laboral es el temor a represalias que afecten su carrera en el sector público, así como la falta de instrumentos adecuados para realizar las denuncias.
Si el mensaje de la doctora Sheinbaum es cierto, y con su llegada a la presidencia, llegamos todas las mujeres en México, el caso Jorge Islas es una oportunidad extraordinaria para ejemplificar las acciones que se tomarán para asegurar una vida libre de violencias para las mujeres, en este caso, aquellas que forman parte de la administración pública.
Notas adicionales:
- - *La psicóloga Jennifer Freyd explica que ciertos agresores de tipo narcisista, al ser señalados, responden con técnicas de manipulación para no ser responsabilizados por sus comportamientos. De acuerdo a Freyd, el agresor narcisista niega que el abuso haya existido, ataca a la víctima por señalarlo y revierte los papeles tergiversando, manipulando o mintiendo sobre los hechos para exponer a la víctima como su victimario. Quizá es posible enviar a la Dra. Freyd los comunicados del señor Islas López como caso de estudio.
- - Esta misma semana, en una arista distinta de la violencia de género contra funcionarias públicas, la periodista Luisa Cantú Ríos, nueva Directora de Noticiarios de Canal 11, recibió ataques en redes y foros tras ser señalada por Sanjuana Martínez Montemayor, ex directora de la agencia Notimex, por supuestamente gozar del privilegio de llevar a su hija e hijo a las oficinas, argumentando que es una facilidad que otras colegas no tienen. No únicamente la acusación de privilegios es infundada –muchas colegas llevan a sus hijos e hijas a las oficinas de Canal 11– sino que Martínez Montemayor utilizó fotografías de los menores en su mensaje de ataque.
Señalar a una funcionaria, o cualquier trabajadora, por ejercer públicamente su maternidad, enlazando ésta con una supuesta falta de profesionalismo, es abonar a un mensaje violento y misógino contra las mujeres, las madres y las infancias. Las respuestas institucionales de rechazo hacia estos ataques deberían ser veloces, claras y contundentes.