Con el único motivo de ejercer una venganza política, el régimen de Morena y sus cómplices avalaron con sus votos en la Cámara de Diputados las reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación para acompletar su mal llamada “reforma judicial”, que es en realidad un instrumento de revancha contra un Poder del Estado que ha resistido el intervencionismo oficial.
Solo se puede entender así el afán de destituir a todas las personas juzgadoras, desde quienes integran la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pasando por jueces y magistrados federales, para proceder a un tipo de “elección” por voto popular que deja a los participantes a merced del crimen organizado y demás poderes fácticos que seguramente intentarán a toda costa intervenir.
De un plumazo, Morena y su régimen de cómplices y complicidades han ignorado méritos y carreras judiciales que se han ido forjando a lo largo de años de estudio y práctica del derecho. Lo importante para quienes promovieron esta acción es sustituir a las personas juzgadoras por funcionarios de tendencia guinda.
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A lo largo de las discusiones desde que plantearon este movimiento de venganza, los representantes del oficialismo no se cansaron de decir que se trata de una “renovación”, pero para nada mencionaron que esta acción ignora los méritos judiciales para sustituirlos por el apego político, o que destruyen carreras para justificar una acción de revanchismo.
Evidentes discrepancias, redacciones confusas de tan apresuradas y sobre todo un afán de no escuchar a nadie que no pertenezca al oficialismo han sido las características de un proceso que debiera realizarse en total transparencia y con afán de servir a la Patria y no a su partido.
Pero el oficialismo ha seguido la ruta de sus líneas partidarias, en vez de una ruta patriótica, racional.
De rato en rato surgieron aspectos que evidenciaron el afán de Morena y sus aliados por “cuidar” este atropello legislativo. Una supuesta “concesión” a juzgadoras embarazadas para darles un poco más de tiempo en el cargo antes del despido, evidenció su afán por evitar críticas. Pero al final, el carácter vengativo de su acción quedó claramente expuesto.
Podría decirse que la asonada contra el Poder Judicial es el último manotazo del obradorismo al Estado Mexicano, un manotazo consecuentado y apoyado por los seguidores de la hoy presidenta.
Mismas intenciones, ahora desde una presidencia que se presentó con señales de respeto y civilidad, pero que ha venido inclinándose hacia un sectarismo semejante a su antecesor.
No es posible que como país podamos avanzar en la civilidad y en la concordia si desde el oficialismo insisten en tratar a los demás como enemigos. El mensaje por ratos conciliador de la nueva titular del Ejecutivo Federal de plano se diluye cuando sus seguidores vuelven al comportamiento radical y demasiadas veces de odio hacia quienes no piensan como ellos.
México es un país diverso, que ha tenido una historia de claroscuros pero que desde la sociedad ha venido construyendo y conquistando espacios y derechos que perfilaron el país de derechos y de igualdad que hasta hoy gozamos. Pero Morena y sus aliados insisten en cercenar esos derechos, esas igualdades.
Está en la ciudadanía defender nuestros derechos, libertades conquistadas con esfuerzo y con la vida de tantas y tantos. No podemos darnos el lujo de asistir impávidos a la destrucción de la república de libertades construida a lo largo de muchos años. Desde nuestra trinchera y tribuna, lucharemos contra la injusticia.