Este año, el Premio Nobel de Economía fue otorgado a los economistas Daron Acemoglu, Simon Johnson y James A. Robinson por sus estudios sobre la influencia de las instituciones en el desarrollo económico de los países. Estos investigadores han destacado al analizar cómo la calidad de las instituciones políticas y económicas define el camino hacia la prosperidad o el estancamiento de una sociedad.
En una de sus obras más conocidas, ”¿Por qué fracasan los países?”, argumentan que el éxito económico no depende exclusivamente de la geografía, la cultura o los recursos naturales, sino del tipo de instituciones que predominan en cada sociedad. Estas se clasifican en ‘instituciones inclusivas e instituciones extractivas’, generando un marco analítico que explica las enormes desigualdades en los niveles de prosperidad entre diferentes países.
Las instituciones inclusivas promueven la participación amplia de los ciudadanos en la economía y en la vida política. Garantizan derechos de propiedad, fomentan la innovación y brindan acceso a mercados competitivos. Estas instituciones crean incentivos para que las personas inviertan en educación, desarrollen nuevas tecnologías y emprendan proyectos que impulsan el crecimiento a largo plazo. Ejemplos de países con instituciones inclusivas son Noruega, Canadá o Suiza, donde los ciudadanos pueden participar activamente en la toma de decisiones y gozan de seguridad jurídica para desarrollar sus proyectos.
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En cambio, las instituciones extractivas son aquellas que concentran el poder en manos de una élite que controla los recursos y utiliza las instituciones para su beneficio, limitando la participación de la mayoría de la población. Estas instituciones frenan la innovación, reducen los incentivos para invertir y conducen a un círculo de pobreza y desigualdad. Los galardonados argumentan que estas estructuras, presentes en países como Venezuela o Zimbabue, limitan las oportunidades de desarrollo para las generaciones futuras.
Acemoglu, Johnson y Robinson también estudian cómo las élites utilizan su poder para perpetuar instituciones extractivas. Este fenómeno se conoce como la "trampa institucional", en la que los actores dominantes tienen poco incentivo para cambiar un sistema que los beneficia, incluso si esto implica frenar el desarrollo del país. Este marco explica por qué muchas naciones ricas en recursos naturales terminan atrapadas en la llamada "maldición de los recursos", donde la abundancia de riqueza natural se convierte en una fuente de conflictos y corrupción en lugar de prosperidad.
Sin embargo, también señalan que el cambio institucional es posible, aunque suele ser un proceso largo y complejo. En algunas ocasiones, las crisis políticas o económicas obligan a las élites a ceder parte de su poder, permitiendo la emergencia de instituciones más inclusivas.
Acemoglu y Johnson, en particular, han explorado cómo los cambios tecnológicos recientes presentan un nuevo desafío para las instituciones ya que la automatización y la inteligencia artificial pueden generar desigualdades si no se regulan adecuadamente y si las instituciones no se adaptan para garantizar que los beneficios del progreso tecnológico se distribuyan de manera equitativa.
El trabajo de Acemoglu, Johnson y Robinson proporciona una lente valiosa para analizar el momento que vive México justo al inicio de un nuevo gobierno cuyo propósito es generar “prosperidad compartida” mientras se reconfigura la estructura institucional del país. La desaparición y transformación de las instituciones en curso, sin duda tendrá un impacto en incentivar o desalentar la inversión, la generación de empleos y el crecimiento de la economía.
La prosperidad, según la perspectiva de los nobel, no es una cuestión de suerte o herencia histórica, sino el resultado de un diseño institucional consciente que debe ser impulsado por la participación activa de los ciudadanos y la voluntad de los líderes políticos. Ojalá se entienda.