La desigualdad contra las mujeres es histórica y estructural, lo que, desafortunadamente, ha negado el acceso paritario a las oportunidades de desarrollo. En consecuencia, la búsqueda por edificar la perspectiva de género proviene de una larga lucha social para aminorar y erradicar las diversas barreras que impiden a las mujeres tener un ejercicio pleno de sus derechos y, con ello, capitalizar de forma óptima las posibilidades que ofrece la democracia.
La perspectiva de género más que un método para reducir las desigualdades que viven las mujeres, es un marco analítico que pone una lupa para visibilizar y reconocer las problemáticas sociales que padecen en el ejercicio de sus derechos y el libre desarrollo de su identidad. Por ello, incorporarla en el actuar, en los procesos y en la toma de decisiones requiere del compromiso de todas y todos, pues sólo así lograremos construir una sociedad más incluyente, paritaria y justa.
Bajo esta perspectiva, es imperativo considerarla como un eje transversal del servicio público, para generar Estados y gobiernos más incluyentes que garanticen su participación plena y efectiva, pues la administración pública debe de ser más susceptible a la transformación de sus bases, las cuales, en muchos casos, han preservado múltiples desigualdades. Sustituir los cimientos por otros mecanismos que hagan al Estado una arena más plural y equitativa, tales como la incorporación de la perspectiva de género en su quehacer cotidiano, es fundamental.
Te podría interesar
De acuerdo con el Censo Nacional 2022 del INEGI, se tienen registradas 63 mujeres titulares en las instituciones de la Administración Pública Federal, lo que representa tan sólo el 22.7% de los espacios de toma de decisiones en este sector del Estado.
Lo anterior, hace evidente la necesidad de redoblar esfuerzos para lograr la paridad total en el quehacer público, al incorporar acciones afirmativas que pueden ser compensatorias para revertir la desigualdad del acceso a beneficios que son acaparados por los hombres, tanto en la sociedad, como en el Estado.
En el INAI, junto a mis colegas del Pleno, hemos asumido la incorporación de la perspectiva de género como un compromiso ineludible con la búsqueda de paridad con la firme intención de conformar un instituto que se encuentre a la vanguardia y muestre la pluralidad de su composición en las personas servidoras públicas que desempeñan sus capacidades profesionales.
Muestra de ello es la certificación en la Norma Mexicana en Igualdad Laboral y No Discriminación que otorgan la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) por la existencia de un reclutamiento y capacitación con igualdad de oportunidades, y por la promoción de un espacio laboral sin discriminación que garantiza la igualdad salarial, además de fomentar el uso de lenguaje inclusivo.
Además, adoptamos una perspectiva integral para cumplir con las obligaciones constitucionales encomendadas e incorporamos los enfoques de no discriminación y de interseccionalidad para construir un instituto plenamente comprometido con la igualdad, la no discriminación y la inclusión de todas las personas.
Las luchas sociales y la democracia nos exigen la inclusión transversal de las mujeres en la toma de decisiones. Es tiempo de construir paridad total en todos los ámbitos de la vida pública y privada.
Desde el Instituto Nacional de Transparencia seguiremos promoviendo la incorporación de la perspectiva de género en nuestras acciones y decisiones, el lenguaje inclusivo y mecanismos que permitan hacer de nuestro instituto un centro de trabajo libre de toda violencia, desigualdad y discriminación.