Con frecuencia me encuentro con trabajadores que abren los ojos de sorpresa cuando se alega en las revisiones salariales que los incrementos no deben rebasar el nivel de inflación que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) calculó en 4.66% durante el año de 2023.
Las trabajadoras, levantando la ceja, son las que se quejan, dicen no creer en las cifras porque el limitado salario que reciben no les alcanza; que los productos de primera necesidad han subido mucho más que el 4.66% que presume esa oficina de estadística gubernamental.
Ellas se preguntan: ¿cómo y dónde hacen esa medición?, ¿padecerán miopía? La respuesta que reciben es que el gobierno usa un indicador económico muy moderno envuelto en plástico, llamado “Índice Nacional de Precios al Consumidor” (INPC), que sirve para medir aparentemente el cambio promedio de los precios a través del tiempo, tomando como base una bolsa de 299 bienes.
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Ellas, las trabajadoras, dicen no creer en el aumento del 4.66% porque los precios de los productos en los mercados públicos no aumentaron en la misma proporción. Por ejemplo, alegan que el kilo de huevo costaba 35 pesos y en 2024 vale 48, con un 37.14% más. El azúcar costaba 45 pesos el kilo a inicios de 2023 y ahora está en 65, representando un incremento del 44.4%. La carne cuesta 190 pesos, cuando el año pasado estaba en 160, incrementando un 18.75%.
El jitomate, que costaba 27.60 pesos, se elevó a 47.80, representando un 73.20% más; la cebolla, de 31.33 pesos, subió a 44.81, aumentando 43.04%; el tomate verde aumentó un 18.71%, pues de 29.40 pesos pasó a 34.90; mientras que el precio del pollo se incrementó en un 10.78%, aumentando de 72.47 a 80.28 pesos. Los precios al alza dependen del lugar donde se compra.
Los encuestadores tradicionales utilizan una canasta urbana promedio que incluye el consumo de casi todos los estratos sociales y económicos del país, y esconde a cientos de miles de familias que tienen, como primera necesidad, los alimentos para la subsistencia inmediata, y no gastos de ropa, calzado y mantenimiento de vivienda, de automóvil, o de recreación en hoteles y viajes en avión.
El gasto en alimentos representó el 56% del total del desembolso en los hogares con menores niveles de ingreso; en los de ingreso medio, su costo promedio en alimentación fue del 42%, mientras que en los hogares más ricos (excluyendo a los ultrarricos) el gasto en alimentos fue menos del 11%. Este es el nivel de inflación que no priorizan las estadísticas.
La clave de la miopía de los calculadores de la inflación es que en su análisis sólo considera a las zonas urbanas de las capitales estatales y de algunas localidades mayores de 15,000 habitantes. Excluyendo sin razón a los hogares rurales, que es donde más se concentra la pobreza, en especial en el alza alimentaria.
No se considera que el 55.2% del total de la población económicamente activa está en la informalidad. Por las mañanas, tardes y noches, las calles de la mayoría de las grandes ciudades de este país se llenan de puestos ambulantes de comida, de venta de ropa usada, de chácharas, y más.
Los de la calculadora chica, como si vivieran en otro país, únicamente incluyen los gastos realizados de contado; por lo tanto, no consideran a quienes hacen pagos con tarjetas de crédito u otros esquemas de financiamiento con altos intereses mensuales y moratorios.
Los encuestadores no registran el “cobro de piso” que impone la delincuencia organizada en el sector agrícola, y en el de la producción, además de todo tipo de extorsiones que, de manera obligada, son trasladadas al precio final de los alimentos y servicios básicos en varias partes de la República Mexicana.
No se tomó en cuenta el aumento de la desigualdad, la proliferación de puestos informales callejeros, ni el incremento del narcomenudeo en línea.
Tampoco se reflejaron los efectos devastadores de la austeridad irracional de los gobiernos municipales, estatales y federal, donde ha habido miles de despidos, disminución de salarios y prestaciones; quienes, además, están limitados a un estricto control salarial por debajo de la inflación.
Los trabajadores de las bolsas rotas ya no creen en las cifras de la inflación porque ellos andan con pocos pesos en la cartera y deudas grandes, y los patrones han puesto el salario –de aquellos que lo reciben– en la congeladora.