México enfrenta un desafío: impulsar su economía presente sin sacrificar, en el proceso, a sus generaciones futuras. Para contextualizar, desde 2005, la economía ha crecido 1.5% en promedio cada año. Sin embargo, si consideramos el aumento de las personas ocupadas y, la productividad nacional de cada trabajador no solo no ha aumentado, sino que ha disminuido -0.2% anualmente. Es decir, el crecimiento observado no ha sido porque los empleos hayan sido más productivos, sino porque ha habido más gente trabajando. Esto se deriva del bono demográfico (cuando hay más personas en edades laborales y menos en edades “dependientes”) que empezó alrededor de los noventas y que terminará a inicios de la próxima década. Después, cada vez habrá más personas en edades de jubilación y menos para trabajar.
¿Qué tenemos que hacer entonces? Claro, impulsar la economía, pero a través del “segundo bono demográfico”. Esto se consigue con ahorro e inversión para fomentar el capital humano. Sin embargo, en México, con los Criterios Generales de Política Económica 2024, se estaría haciendo lo contrario: adquirir un endeudamiento histórico de 5.4% del PIB y pagar un costo financiero de la deuda de 3.8% del PIB (que superaría todo el gasto en educación o todo el gasto en salud). Esto deja sólo un 1.6% del PIB para invertir en áreas estratégicas.
¿Podrán las futuras generaciones soportar la carga heredada sin comprometer el crecimiento económico y bienestar social? Según los CGPE 2024, la deuda como porcentaje del PIB se mantendría constante en 48.9% del PIB hasta 2029 y la carga de la deuda por persona (ajustada por productividad) ascendería a 135,948 MXN. Pero estos indicadores tienen tres supuestos: tasas de interés decrecientes, moneda nacional apreciada y (la más difícil) reducción del equivalente al 3% del PIB en el gasto público a partir de 2025.
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Sin embargo, no consideran la transición demográfica ni los efectos que sus supuestos tienen en la inequidad intergeneracional. Si incluimos lo anterior, no solo no habría una reducción en el gasto, sino que aumentaría. Esto llevaría a un indicador de la deuda, en 2029, de 60.6% del PIB o de 168,513 MXN por persona. Muy diferentes a los previstos en los CGPE 2024.
¿Qué implicaría que cada vez haya menos trabajadores? ¿Qué significaría para el bienestar social que se reduzca el gasto público en 3% del PIB, especialmente en infraestructura? ¿Podrán las futuras generaciones ser los suficientemente productivas y competitivas como para mantener el crecimiento económico y enfrentar las obligaciones de deuda? Con un crecimiento entre 2.5 y 3.5%, la productividad laboral sería apenas positiva en 0.3% anual.
Incorporar el impacto intergeneracional de la deuda sigue pendiente y se necesitan estrategias para diversificar los ingresos y controlar el creciente gasto público. Si el impulso de la deuda no se está reflejando en mayor desarrollo económico, entonces solo se estaría trasladando obligaciones hacia el futuro, comprometiendo el bienestar y oportunidades de las generaciones futuras.
Ricardo Cantú Calderón*
Es doctor en Política Pública y maestro en Economía y Política Pública por la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey. Es un programador apasionado y auto-didacta, creyente de que se pueden democratizar las finanzas públicas. Es por esto que desarrolló el Simulador Fiscal CIEP: herramienta en línea que permite a sus usuarios, de manera gratuita, hacer propuestas de política pública y entender sus consecuencias en la redistribución del ingreso y sostenibilidad fiscal. Ha laborado con instituciones como el Global Development Network, East-West Center, Universidad de Harvard y el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados. Es co-fundador del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, A.C. (CIEP). Quiere que todos los niños y niñas nazcan libres de deuda.
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