El 14 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Diabetes. El objetivo de este día es visibilizar la importancia de atender esta enfermedad y concientizar sobre los factores de riesgo asociados a este padecimiento. Se pueden identificar tres tipos de diabetes: aquella que ocurre cuando el páncreas no produce insulina suficiente, tipo 1; cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce, tipo 2; o la que se presenta durante el embarazo, gestacional.
El sobrepeso y la obesidad son el principal factor de riesgo para la diabetes. México tiene la mayor prevalencia de diabetes entre los países miembros de la OCDE. En 2022, 115 mil 681 personas fallecieron por esta enfermedad, lo que representó la segunda causa de muerte, tanto en hombres como en mujeres. El aumento en el número de muertes, así como la prevalencia de este padecimiento atiende a la transición epidemiológica que implica un cambio entre enfermedades infecciosas y enfermedades no transmisibles. Mientras que, en 1990 la principal causa de años perdidos por discapacidad o muerte prematura (AVAD) eran causas maternas e infecciones. En 2019 la diabetes fue la principal causa de AVAD.
En México, debido a la fragmentación del sistema de salud, la atención de la diabetes resulta diferenciada en los paquetes de servicios y en el financiamiento o recursos disponibles para su atención. Por ejemplo, mientras que el catálogo de servicios del IMSS incluye desde el examen de detección, complicaciones neurológicas, en el embarazo, complicaciones renales, múltiples y hasta complicaciones no especificadas, en el extinto INSABI, ahora en el OPD IMSS Bienestar se incluye solo hasta las complicaciones en el embarazo. En cambio, en el programa IMSS-Bienestar, para población en zonas más vulnerables y con menores recursos solo se incluye el examen de detección. Estas diferencias implican una desigualdad en el acceso a los servicios de salud, en específico en la atención de diabetes.
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Un punto relevante de la atención de la diabetes en el sistema público radica en el impacto financiero que este padecimiento representa para las finanzas públicas. En el IMSS, la diabetes representa la causa de mayor impacto financiero ya que el 12.4% del presupuesto total del instituto, alrededor de 50 mil mdp, se destina a la atención de esta enfermedad. Por su parte, en el ISSSTE, el 7.9% de su presupuesto total, 4 mil 452 mdp, se ejercen en pacientes con diabetes. La población sin seguridad social es la que cuenta con menores recursos financieros para la atención de este padecimiento, sin que se encuentre claramente especificado en las cuentas públicas.
El Programa de prevención, control de sobrepeso, obesidad y diabetes de la Secretaría de Salud (SSa), asociado a atender el principal factor de riesgo del padecimiento, pasó de ejercer 840 mdp en 2016 a 408 mdp en 2021, una reducción de más del 50%. Para 2024, se proponen destinar 885 mdp para este programa. Si efectivamente se ejerce, duplicaría el presupuesto ejercido en 2022 y sería el mayor monto de la última década.
Sin embargo, debido a la brecha presupuestaria que mantiene el sector salud de, al menos, 3 puntos del PIB, aún con este presupuesto ejercido por instituciones de seguridad social y por la SSa, la atención de los pacientes con diabetes no está garantizada, ya que la mayoría de las personas que viven con diabetes tienen que cubrir de su propio bolsillo los gastos asociados a la enfermedad. Dependiendo de su afiliación a uno u otro subsistema de salud, destinan entre 3 y 5 veces el presupuesto público por persona (gpc). El gasto de bolsillo oscila entre 14 mil y 18 mil pesos anuales en la población con diabetes, mientras que el gpc está en un rango entre 3 mil y 9 mil pesos. Esto indica que el sistema público de salud no está garantizando la atención y está compartiendo el impacto financiero a los hogares.
La detección temprana, el tratamiento oportuno, la atención a los factores de riesgo y la asignación eficiente y suficiente de recursos es clave para reducir la prevalencia de diabetes, evitar una mayor presión financiera en los subsistemas de salud, disminuir el gasto de bolsillo de los hogares y aumentar la calidad de vida de la población, son grandes pendientes en el sector.
Judith Senyacen Méndez Méndez*
Doctorante de Políticas Públicas en la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tec de Monterrey. Obtuvo una maestría en Administración con especialización en Finanzas Corporativas y es licenciada en Economía por la misma institución. Ha cursado estudios de Evaluación Social y Económica de Proyectos en el ITAM, Model for Evaluation of Financing Options de la International Atomic Energy Agency (IAEA) y de Economía de la Salud en el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP). Tiene experiencia en evaluaciones socioeconómicas de proyectos públicos. Su ensayo titulado "Hacia un sistema sostenible de salud" fue reconocido por la Facultad de Medicina de la UNAM y por Funsalud como una propuesta innovadora para mejorar el Sistema de Salud en México. Se incorporó al CIEP en julio 2016 como Coordinadora de las investigaciones de salud y de finanzas públicas. Le interesa contribuir a un México donde la salud sea un igualador social y no un perpetuador de inequidades.