Lía Limón, alcaldesa en Álvaro Obregón, describió perfectamente el trabajo de Andrés Lajous como secretario de Movilidad de la Ciudad de México. La expresión que utilizó fue “qué inutilidad”, luego de que el secretario escribiera un hilo en tuiter, basado en medias verdades acerca de la instrumentación de los parquímetros en la Colonia Guadalupe Inn.
“Qué inutilidad” resume un complejísimo entramado mental del secretario de Movilidad, en el que cualquier problema, en su camino hacia una solución, debe desviarse a un cajón llamado “dogma”. En ese dogma, el gobierno no sólo no debe buscar soluciones prácticas, sino anteponer un supuesto interés público tanto a la innovación como a la participación del sector privado. En la práctica, si Luís Estrada hiciera una segunda parte de La Ley de Herodes, podría ver la reencarnación de Varguitas en un inútil funcionario criado en las élites San Ángel.
El problema en específico es que la mayoría de los vecinos de la colonia Guadalupe Inn, desde hace años, quiere parquímetros, pues la presión que ejercen los edificios y comercio de Insurgentes, amerita una solución ya probada en 28 colonias de la Ciudad de México. Hasta 2017, el polígono contaba con permisionario; ese año, pasó a ser concesionario. En esta administración, se revocó el título de concesión de las colonias que no estaban operando, a pesar de que en la colonia de enfrente, La Florida, sí se cuenta con parquímetros en operación, la única de Álvaro Obregón.
La proporción con la que operan los parquímetros en las 26 colonias del programa Ecoparq es de 30% de ingresos públicos y 70% de ingresos para el concesionario. En las 2 colonias restantes, a cargo de Servimet, el esquema es distinto y las empresas privadas sólo son operadoras, no concesionarias. La proporción 30/70 puede sonar abusiva, respecto a otras experiencias en el mundo, pero siendo una tarifa baja, $11.60 por hora, es bastante menos leonina de lo que parece.
Originalmente, ese 30% de ingresos públicos estaban destinados a las colonias con estacionómetros, a pesar de que en la operación hay otros costos gubernamentales: la gestión del programa y los policías de tránsito, por lo menos. Sin embargo, en esta administración, como dice el dicho, a los vecinos les hicieron de chivo los tamales. En teoría tienen recursos para sus proyectos, pero nunca saben cuánto ni cuándo.
Para la autoridad, transparencia es subir los títulos de concesión, un boletín con la cancelación de las concesiones que no estaban en operación, y comunicar al público que la alcaldesa podría tener alguna relación con la empresa que tuvo la concesión en Guadalupe Inn: “Desconocemos la relación que ella tenga con diferentes proveedores, pero nosotros no tenemos relaciones de interés con ninguno”, escribió Lajous en su hilo. Su hipócrita puritanismo es absolutamente contrario al interés público: necesitamos soluciones.
Presumir no tener “relaciones de interés” es negar su propia función: el gobierno sí tiene relaciones de interés con todos los concesionarios de la ciudad: un interés mutuo, el gobierno interesado en la provisión de un servicio y el privado en la obtención de una ganancia.
Lo mismo aplica para las concesiones de parquímetros que para el transporte público, incluidos los taxis. Menciono los taxis, porque la frase “Qué inutilidad” que utilizó la alcaldesa Limón se reproduce en otras esferas de la movilidad. El taxi es un servicio individual de transporte, de puerta a puerta. No es un servicio de empleo. Es entendible que habiendo decenas de miles de concesionarios, su seguridad económica deba ser vigilada por el gobierno ... pero no es una atribución de la Secretaría de Movilidad, ni del secretario mismo.
Qué inutilidad, en el caso de los taxis, significa evitar que haya aplicaciones privadas para gestionar el servicio de taxi y forzar a los concesionarios a utilizar “Mi Taxi”, una de las mediocres plataformas creadas en la Agencia Digital de Innovación Pública, que los taxistas sólo usan para simular los viajes necesarios para obtener su descuento en la Revista Vehicular.
En el tema que sea, el titular de la Secretaría de Movilidad se asegura que las reglas sean complicadas para las empresas, que no haya innovación y que las cosas se hagan como se han hecho en las últimas 10 décadas. En sus decisiones dogmáticas, más allá de los parquímetros y los servicios individuales puerta a puerta, veremos subastas enredadas supuestamente basadas en métodos que pretenden incrementar el beneficio público, pero que en la práctica han dado lugar a complicadas instrumentaciones, cerrando los ojos a los costos subyacentes y las incertidumbres que implica la gestión gubernamental.
Qué inutilidad es un gran resumen de la gestión de un grupo de seudo tecnócratas, más o menos bien intencionados, pero con más ideología que practicidad, quizá honestos en cuanto al manejo de recursos, pero muy deshonestos en la gobernanza, tratando de humillar a quien piensa diferente.