La Ciudad de México enfrenta desafíos significativos que requieren una acción decidida y una reconsideración de su enfoque en cuanto a la expansión de sus recursos financieros. Administrar los presupuestos de manera eficiente ya no es suficiente; en la actualidad, las obras y proyectos estratégicos carecen de los recursos necesarios para su realización. Ejemplificando esto, la elección de un trolebús elevado en lugar de la expansión de la Línea 8 del metro hacia Santa Martha refleja cómo la idea del desarrollo del metro parecía tan distante que fue descartada inicialmente.
El presupuesto total de la Ciudad de México, incluyendo órganos autónomos y alcaldías, asciende a 248 mil millones de pesos. En contraste, Nueva York, con una población similar de alrededor de 9 millones de habitantes, cuenta con un presupuesto de 107 mil millones de dólares.
Dos de los principales desafíos son la infraestructura hidráulica y el transporte público. La gestión adecuada del agua, la prevención de fugas e inundaciones, el tratamiento de aguas residuales y la recolección de agua de lluvia son cruciales para la infraestructura hidráulica. En cuanto al transporte público, sería ideal contar con más de 500 kilómetros de red de metro, además de una veintena de teleféricos en las zonas montañosas. Sin embargo, mantener estos servicios en óptimas condiciones de operación sigue siendo un reto pendiente.
La red de autobuses también presenta desafíos. Esto no se limita solo a la mejora directa de la calidad del servicio y la renovación de los autobuses, sino también a la carencia de instalaciones adecuadas para el mantenimiento y operación de los vehículos. Muchas rutas renovadas en los últimos tres periodos de gobierno han dejado que sus autobuses pernocten en lugares inadecuados, como bajopuentes, camellones o incluso en la vía pública.
Adicionalmente, la ciudad se enfrenta al encarecimiento del suelo y, por ende, de la vivienda. No hay reservas de terreno disponibles y la falta de estrategias integrales agrava esta situación. A diferencia de otras ciudades que generan ingresos a partir del uso del suelo público y maximizan cada espacio disponible, la Ciudad de México no ha adoptado un enfoque similar.
El Gobierno de la Ciudad de México dispone de una considerable cantidad de terrenos. Sin embargo, en ocasiones, los procedimientos para su uso pasan por alto el interés público en favor de los intereses particulares. La permuta de predios con un valor comercial equivalente y la figura del permiso administrativo temporal revocable (PATR) para la explotación de espacios en beneficio propio son ejemplos de esto. No se trata de prohibir permisos para el uso de terrenos o permutas con particulares, sino de la falta de un sistema de planificación que considere de manera estratégica el uso de estos espacios.
Resulta esencial que el gobierno se asocie con particulares para desarrollar proyectos en sus terrenos estratégicos, generando ingresos que puedan financiar la infraestructura y abordar problemas públicos. Aunque invertir en viviendas y centros comerciales en terrenos gubernamentales puede no ser la solución, la colaboración con el sector privado para el desarrollo de proyectos en ubicaciones estratégicas podría reducir la carga financiera del gobierno.
El gobierno debería contemplar un enfoque a futuro. Esto implica identificar las necesidades a largo plazo de la ciudad y reservar terrenos gubernamentales para cumplirlas. También sería valioso evaluar los terrenos gubernamentales actuales, independientemente de su funcionalidad presente, y determinar usos futuros. Es crucial que el gobierno retome la gestión de los espacios bajo la figura de PATR, priorizando el interés público.
El gobierno debe encontrar lugares estratégicos para el transporte público y otros equipamientos urbanos fundamentales. Además, contar con una estrategia sólida para la utilización de los terrenos gubernamentales es esencial para generar ingresos que contribuyan a enfrentar las diversas necesidades y obligaciones de la ciudad, incluida la infraestructura.