Conforme pasa el tiempo va surgiendo más información sobre la dimensión del desfalco en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) que se hizo público gracias una investigación realizada por la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), a la que constantemente descalifica el presidente López Obrador por sus supuestos vínculos con los anteriores gobiernos, pero paradójicamente fue la que descubrió también la estafa maestra que tanto utilizan como ejemplo de la corrupción imperante durante el sexenio de Peña Nieto.
Segalmex fue creada por López Obrador al inicio de su administración fusionando Diconsa y Liconsa con la intención de lograr la autosuficiencia alimentaria en maíz, trigo, arroz, frijol y leche, y así apoyar el abasto y nutrición de la población más vulnerable con productos accesibles; por lo que se hubiera podido pensar que el manejo de este organismo público sería de lo más escrupuloso al ser el combate al hambre y la pobreza una de las principales banderas del presidente y su movimiento político. Sin embargo, aproximadamente desde septiembre de 2019 empezaron a detectarse algunas de las múltiples irregularidades como el otorgamiento de casi 800 millones de pesos a empresas fantasma que incumplieron en la entrega de pesticidas, costales y lonas para proteger y almacenar granos, el reparto de 5 mil toneladas de semilla de frijol basura a 110 mil campesinos en Zacatecas, o la compra de títulos bursátiles con recursos del organismo estatal.
Posteriormente se supo que la Auditoría Superior de la Federación identificó la adquisición y pagos sin soporte documental de maíz, frijol, leche, arroz, trigo; pagos que excedieron el tonelaje o precio de garantía; pagos de outsourcing sin que se acreditara la prestación del servicio contratado; pagos fuera de la vigencia del contrato de servicios de flete; salidas de efectivo sin el debido sustento; entrega de documentación con firmas falsificadas entre muchas otras. De igual forma la Unidad de Inteligencia Financiera señaló que investigaba compras simuladas, desvío de subsidios y faltantes en inventarios. Uno de los casos fue por la compra de más de 7 mil 800 toneladas de azúcar que nunca se entregaron por un monto de 142 millones de pesos a la empresa Carreguín, que apenas se había creado en octubre de 2018 y su primera actividad comercial fue precisamente con Segalmex.
A la fecha se estima que el fraude es superior a los 15 mil millones de pesos -que representa más del doble del monto de la estafa maestra que fue de alrededor de 7 mil millones de pesos-, por lo que se han emitido ordenes de aprehensión contra 22 funcionarios. A pesar de ello, todo indica que la FGR no considera que el ex titular de Segalmex tenga responsabilidad alguna en esta enorme trama de corrupción por lo que no lo ha incluido entre los acusados, y llama también la atención que uno de los colaboradores más cercanos a Ignacio Ovalle por muchos años, ahora sea asesor del fiscal Gertz Manero.
En varias ocasiones el presidente López Obrador ha expresado su confianza en la inocencia de Ignacio Ovalle, tan es así que lo movió de Segalmex únicamente para darle otro cargo como titular del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal dependiente de la Secretaría de Gobernación, y recientemente sostuvo que lo considera honesto, con principios pero que fue traicionado por gente del antiguo régimen priista que venían de tiempo atrás con él. Es decir, para López Obrador, Ovalle es una buena persona que fue engañada por miembros de su equipo de trabajo y no se dio cuenta de lo que estaba pasando, aún y cuando era un secreto a voces mucho antes de que se hiciera del conocimiento público.
Además de que el actual gobierno esta lleno de ex priistas -por cierto, muchos de ellos de no muy buena fama que convenientemente cambiaron de camiseta ante el inminente triunfo de la denominada 4T- por lo que el caso de Segalmex dista de ser una excepción, cuesta trabajo aceptar que un político con un colmillo tan largo no tenga el control de lo que pasa en la institución a su cargo y lo puedan sorprender con tanta facilidad, máxime que al parecer la corrupción brotaba por todos lados. Baste recordar que Ovalle fue secretario particular y secretario de la presidencia con Luis Echeverría, diputado federal, director del Instituto Nacional Indigenista -donde fue jefe de López Obrador-, y titular de Conasupo en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari haciendo mancuerna ni más ni menos que con su hermano Raúl, que salió en medio de un escándalo por la compra y entrega de alimentos contaminados. Con estos antecedentes es muy difícil creer en la candidez y probidad de Ovalle Fernández, que hoy puede dormir tranquilo gracias al apoyo presidencial.