Pablo Gómez Álvarez, quien hace menos de quince días acusó a los magistrados del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, de proteger a Luis Cárdenas Palomino, por haberle otorgado un amparo, reserva la información relativa al expediente que, sobre Genaro García Luna, supuestamente posee la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda.
El titular de la UIF —recientemente captado comiendo en el restaurante francés Au Pied de Cochon, en compañía de una botella de Merlot Petrus, cuyo precio en Costco es de 139 mil 999 pesos— pretendía mantener bloqueadas las cuentas de Cárdenas Palomino, exdirector de Seguridad Regional de la Policía Federal, actualmente detenido y acusado del delito de tortura; sin embargo, en sus alegatos, el titular de la UIF no pudo probar la relación entre el delito por el cual se acusa a Cárdenas Palomino y el asunto del origen de sus bienes, por lo que prefirió intentar responsabilizar a los magistrados del fracaso de su intentona.
Lejos de reconocer que los magistrados Jorge Antonio Cruz Ramos, María Elena Rosas López y Pablo Domínguez Peregrino, actuaron conforme a derecho al haber otorgado la protección de la justicia federal al detenido, Gómez Álvarez prefirió denostarlos, aun cuando a Cárdenas Palomino no se le enjuicia por operaciones con recursos de procedencia ilícita, ni por ningún otro delito que amerite el bloqueo de sus cuentas.
No existe, por parte de la UIF, ninguna denuncia ante la Fiscalía General de la República contra Cárdenas Palomino, por delincuencia organizada en alguna de sus modalidades, entre las que destaca el “lavado” de dinero.
Por otra parte, a solicitud expresa de un particular, quien pidió acceder al expediente que supuestamente posee la UIF en relación con García Luna, Gómez Álvarez declaró la reserva de la información por un periodo de cinco años, los cuales concluyen el 31 de mayo del 2027, “pudiendo prorrogarse por un plazo igual atendiendo a las circunstancias del caso”, según oficio número UIF-179/2022, signado por él mismo.
En la misma fecha, otro solicitante pidió a la Unidad que comanda Pablo Gómez, que se le informara la “fecha en la que se ingresó a la lista de personas bloqueadas al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna”. La respuesta ofrecida al particular, también signada por el economista, militante de Morena y admirador de la cocina francesa, fue que “la información relacionada con la inclusión o eliminación de una persona en la LPB [Lista de Personas Bloqueadas], únicamente se hace del conocimiento de la persona física o moral de que se trate, para lo cual deben acreditar su interés jurídico y solicitarlo mediante escrito en la oficialía de partes de esta Unidad Administrativa”, argumento que —como es costumbre en esta administración— atenta contra el derecho humano de acceso a la información y el principio de máxima publicidad.
Resulta curioso que, en el caso de García Luna, Pablo Gómez Álvarez se manifieste a favor del respeto a su presunción de inocencia, mientras que, en el caso de Cárdenas Palomino, pretenda que sean los magistrados los responsables de las deficiencias de la UIF.
A la Unidad de Inteligencia Financiera también se le requirió información relativa a la demanda civil que presentó el gobierno de México en Estados Unidos, en referencia a los dineros de García Luna.
A través del oficio número UIF-263/2022, Pablo Gómez señaló que “después de haber realizado una búsqueda exhaustiva dentro de los archivos físicos y electrónicos de las áreas que conforman la UIF, no se localizó ninguna expresión documental que pudiera dar respuesta a la solicitud de referencia”, a pesar de que el propio Pablo Gómez dijo el pasado 9 de febrero, que México reclama —mediante una demanda presentada en Florida— 745.9 millones de dólares, que —según sus dichos— fueron “extraídos” a través de una “red de corrupción”. Sin denuncia de por medio ante la FGR, parece que a Pablo Gómez le interesa más el dinero, que la justicia. Al final tiene razón; el Petrus es “carísimo de París”.
Por cierto, que el salario neto de Pablo Gómez Álvarez, según la plataforma: Nómina Transparente, de la Secretaría de la Función Pública, asciende a 116 mil tres pesos con 84 centavos. Ni lo que cuesta una botella de Petrus Pomerol.