El lamentable espectáculo que vimos el pasado fin de semana en Nuevo León en el que, por el nivel de confrontación entre el gobernador y la oposición en el Congreso y la creciente polarización en la vida pública, estuvo a punto de derivar en una crisis política y jurídica de dimensiones mayores debido en buena medida a la falta de oficio político, de sentido de responsabilidad y de respeto al Estado de derecho, lo que refuerza la necesidad de retomar la ruta del diálogo, pero sobre todo nos recuerda la importancia de contar con tribunales independientes que velen por la observancia del marco jurídico pues finalmente fue lo que en este caso evitó que el conflicto siguiera escalando.
En medio de la estridencia política, del intercambio de acusaciones y de la guerra de declaraciones se dijeron muchas cosas que no correspondían a lo que en realidad estaba sucediendo, por lo que me parece que vale la pena hacer un recuento de los hechos poniendo el acento en el aspecto jurídico.
Ante la repentina decisión de Samuel García de participar en la contienda presidencial como precandidato de Movimiento Ciudadano a dos años de gestión como gobernador de Nuevo León, en ejercicio de su derecho solicitó al Congreso del estado una licencia por seis meses con el propósito de reintegrarse a la gubernatura después de la jornada electoral del próximo año. Sin embargo, al mismo tiempo emitió un acuerdo designado a su secretario general de gobierno como encargado de despacho, siendo que conforme a la Constitución local, cuando la licencia exceda de 30 días, como en este caso, el Congreso debe nombrar a un interino como efectivamente ocurrió ante la inconformidad del gobernador. Es decir, asumió una decisión que no le correspondía invadiendo la esfera de competencia del poder legislativo.
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No obstante, también hay que señalar que el Congreso de Nuevo León nombró como gobernador interino al presidente del Tribunal Superior de Justicia que era inelegible en términos de lo dispuesto por la Constitución del estado que establece una prohibición expresa para que desempeñara otro cargo en el gobierno aun contando con licencia como lo resolvió la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por lo que revocó ese nombramiento y ordeno que el Congreso realizara una nueva designación.
En esa segunda ocasión, y tras un intento fallido para tomar el Congreso del estado -presuntamente por personas afines a Samuel García- para evitar que se pudiera llevar a cabo la sesión, el nombramiento recayó en el vicefiscal Luis Enrique Orozco, ante la oposición del gobernador con licencia al argumentar que la persona designada tenía que ser de su partido al recibir el voto mayoritario en la elección del 2021 quien incluso le impidió asumir funciones a pesar de una resolución de la Suprema Corte. Lo que pasó por alto, es que en esas elecciones la ciudadanía optó por un gobierno dividido pues si bien otorgó casi 800 mil votos a Samuel García para la gubernatura, de los 26 distritos electorales en los que se eligieron las diputaciones locales, la coalición del PRI obtuvo el triunfo en 12, el PAN en 10, la coalición de Morena en 4 y Movimiento Ciudadano no ganó ningún distrito, por lo que solo alcanzó 6 curules por representación proporcional y no contaba con mayoría en el Congreso para imponer a quien ocuparía el cargo durante su licencia.
En medio de este entuerto jurídico y político, finalmente el Tribunal Electoral y la Suprema Corte de Justicia tuvieron que poner orden para garantizar el respeto a la legalidad, y evitar una crisis constitucional que cada vez se veía más cercana. Ojalá esto sirva de ejemplo para valorar la importancia de defender la división de poderes y los contrapesos institucionales tan necesarios sobre todo en estos tiempos en que las pulsiones autoritarias están tan latentes.