Este lunes se aprobó en lo general un presupuesto histórico de 9.6 billones de pesos para el próximo año que representa un incremento de 1.3 billones respecto a 2023, y se espera que en los siguientes días se desahoguen –y rechacen sin siquiera admitirlas a discusión– las alrededor de 3 mil reservas que en su gran mayoría han sido presentadas por la oposición, para que esta misma semana quede aprobado también en lo particular, aunque la fecha límite es hasta el 15 de noviembre.
Este presupuesto tan alto no se debe a un incremento significativo en la recaudación, sino que en buena medida se explica por el endeudamiento aprobado en la Ley de Ingresos por 1.9 billones de pesos, con lo que el crecimiento de la deuda pública durante este sexenio será de 59% al pasar de 10.5 a 16.7 billones de pesos. Habrá que ver las consecuencias que esto podrá tener en el futuro, pero el hecho es que el gobierno contará con cuantiosos recursos para el próximo que será año electoral, por lo que no es casual que la mayor parte del aumento se destine a programas sociales y pensiones –además de los proyectos presidenciales cuyos costos se han disparado–, en tanto que se sigue sacrificando la capacidad institucional para la atención de rubros tan importantes como salud, educación o protección civil.
Es así que mientras la Secretaría del Bienestar contará con más de 129 mil millones de pesos adicionales al presupuesto de 2023 (25.2%) para un total de 544 mil millones de peso, al IMSS-Bienestar se le asignarán 128 mil millones de pesos para atender a 70 millones de personas sin seguridad social, siendo que el Seguro Popular atendió en 2019 a más de 50 millones de personas con un presupuesto de alrededor de 192 mil millones de pesos. Es decir, pretenden atender a muchas más personas con 49% menos recursos. También se reduce el presupuesto para vacunación en 4.8%, a pesar de que 7 de cada 10 niñas y niños no cuenta con su esquema completo.
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En el mismo sentido, el presupuesto para educación apenas crece 1%, los recursos para las universidades públicas estatales no tienen ningún incremento al igual que las becas de posgrado y el Sistema Nacional de Investigadores, para la UNAM es de 0.9% y solo crece el presupuesto para la UAM en 4.3%. En contraste, el presupuesto para la Secretaría de la Defensa Nacional se incrementa en 121%.
En materia de protección civil tampoco hay buenas noticias pues al Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) se le asignarán 81.3 millones de pesos, apenas 2.3 millones más que este año pero respecto a 2018 ha sufrido una reducción de 29%, en tanto que la Coordinación Nacional de Protección Civil tendrá 29 millones de pesos adicionales para el siguiente año, pero respecto al inicio de sexenio ha perdido más del 37% de su presupuesto.
Igual de delicado es que al Poder Judicial se le quiten 6 mil 456 millones de pesos (7.6%) que se suman a los 15 mil millones por la extinción de los fideicomisos, al INE 5 mil millones (13.2%), al TEPJF 767.1 millones (19.7%), a la Auditoría Superior de la Federación 289 millones (9.6%), y al INAI 71 millones, con lo que además de comprometer su operatividad –sobre todo en los casos de los órganos electorales que enfrentan elecciones federales y locales sumamente complejas–, se pone en riesgo su independencia vulnerando los contrapesos institucionales. Eso sí, a la FGR y CNDH se les respetó íntegramente el presupuesto solicitado.
Aunque ciertamente muy preocupante, nada de esto debe sorprender pues ha sido la tónica a lo largo de cinco años de gobierno, pero sí que a pesar del aumento sustancial en el gasto público, la mayoría oficialista se haya negado a considerar una partida o fondo específico para la atención de las más de 800 mil personas damnificadas y la reconstrucción de las zonas devastadas por el huracán Otis para lo cual, cuando menos hasta el momento, no se ha destinado un solo peso siendo además que conforme a la Constitución, la deuda pública únicamente puede destinarse a infraestructura, regulación monetaria, refinanciamiento o a emergencias como es el caso, y no a gasto corriente. Lamentablemente ya sabemos que la definición presupuestal para Guerrero dependerá exclusivamente del cálculo político-electoral, al parecer lo único que importa son los votos.