Pronto iniciará 2024. Muchos seguramente deseamos que no resulte tan violento, ni tan conflictivo como sería de esperar en un año en el que 20 mil 263 cargos públicos serán objeto de elección. Estos incluyen a la presidencia de la República, 128 senadores, 500 diputados, 9 gubernaturas, entre ellas la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, y 1,803 presidencias municipales. El resto son sindicaturas, regidurías, concejalías y cargos auxiliares.
Por varios meses la conversación y la disputa pública han girado en torno a las candidaturas, a las encuestas amañadas, a las confrontaciones entre cúpulas de los partidos, a la paridad en las candidaturas, a los equipos que acompañarán a quienes resultaron ganadoras de oscuros procesos de selección, así como sobre las múltiples violaciones a la legislación electoral por todos los que están en la pelea por el poder político y también por quienes operan como árbitros del proceso: el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal (TEPJF)
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No recuerdo haber vivido un proceso electoral tan prolongado, tan descompuesto y con tantos intereses contrapuestos. Ni tampoco que lleve tantos meses desviando la atención de asuntos tan urgentes e importantes para el país como el incremento del control de la delincuencia en actividades económicas legales, la muerte de jóvenes en asesinatos colectivos que quedan totalmente impunes, el aumento de la violencia hacia las mujeres o los daños provocados por el huracán Otis en Guerrero.
Sólo se mira el corto plazo y la superficie y se desatienden problemas estructurales que deterioran cada día más nuestra convivencia.
Quisiera expresar por ello varios deseos para el 2024.
Primero que las autoridades electorales puedan integrarse debida y oportunamente: el Tribunal con los magistrados que faltan tanto en la sala federal como en las regionales, responsabilidad ésta del Senado, y que el INE finalmente acuerde colocar funcionarios con experiencia a cargo de su secretaría y de sus direcciones ejecutivas.
Que los magistrados y los consejeros tengan presente que están al servicio y muy bien remunerados por la ciudadanía y no por los partidos políticos. Que están obligados a preservar su independencia como árbitros, así como la integridad del proceso electoral y la confianza en el mismo.
Que las cúpulas de los partidos políticos reconozcan que son sólo eso, cúpulas sin militantes, y acepten que otras candidaturas son posibles y necesarias y que no postulen delincuentes como candidatos.
Finalmente, que en especial el presidente, las candidatas, los gobernadores y el congreso federal comprendan que han sido muchos años, mucho esfuerzo de varias generaciones de mexicanos y mexicanas, muchas vidas y años de cárcel y muchos recursos públicos dedicados a construir una democracia que, aunque perfectible e incompleta, nos ha permitido transitar en paz entre gobiernos de diferentes partidos desde hace cerca de un cuarto de siglo.