En mi artículo anterior en esta columna mencioné la existencia del malware de intervención telefónica llamado Pegasus, desarrollado por la empresa israelita NSO. Este programa permite espiar a través de teléfonos celulares, sin que la persona atacada se entere, con el cual se puede tener acceso a toda la información que está en el aparato y escuchar y leer todas sus comunicaciones.
Además, permite tener acceso al micrófono para escuchar lo que ocurre en el entorno del teléfono y a las cámaras del aparato para observar lo que estas captan, sin importar si está el aparato apagado. Con este malware, el smartphone se convierte en uno de los aparatos de espionaje más poderosos que se han desarrollado.
De acuerdo con notas publicadas en el periódico Reforma y Animal Político, en días recientes ha sido llevado a juicio un empleado de una filial de la empresa Grupo KBH propiedad de dos personas de origen israelita, la cual, bajo contrato con autoridades del gobierno mexicano, en el sexenio de Peña Nieto intervino con Pegasus a periodistas como Carlos Loret de Mola, Carmen Aristegui y empresarios destacados como Germán Larrea, Carlos Slim y directivos de Televisa.
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Un testigo protegido que proporcionó esta información dijo que la lista de los objetivos de espionaje contenía 1,500 teléfonos, pertenecientes a personajes relevantes de la vida nacional. Las intervenciones las realizaba esta empresa por instrucciones del entonces Secretario de Gobernación y del entonces Director General del CISEN.
Según el libro “Pegasus” recién publicado y escrito por quienes encabezan a la organización Forbidden Stories, quienes dirigieron a un consorcio de periodistas de todo el mundo para investigar el uso ilegal de Pegasus, revela cómo recibieron una lista de 50,000 teléfonos intervenidos, de los cuales 15,000 números eran de México, haciendo a nuestro país el usuario más grande del mundo de Pegasus durante el sexenio de Peña Nieto.
De acuerdo con notas del New York Times, Pegasus continúa siendo utilizado de forma exclusiva por los militares mexicanos y ahora ellos son el usuario más grande a nivel mundial, de este malware. Entre las personas espiadas en esta administración se encuentran defensores de derechos humanos, periodistas, funcionarios, etc. El gobierno de México ha pagado 60 millones de dólares por usarlo.
Seguramente Pegasus ha sido adquirido mediante las partidas presupuestales, dedicadas a gastos de seguridad nacional, las cuales en el sexenio de Peña crecieron significativamente, ya que entre 2013 y 2018 ascendieron a 65 mil millones de pesos, de los cuales 14 mil millones fueron ejercidos por el CISEN, cifra que representó el 45% de su presupuesto.
Estas partidas se manejan con un alto grado de secrecía y carecen de una rendición de cuentas adecuada. Actualmente buena parte de este dinero se utiliza para pagar bonos extraordinarios a funcionarios que se supone corren riesgos, aunque revisando la lista, para muchos de ellos es solo un sobresueldo que no se justifica.
Este malware es de gran utilidad para combatir a la delincuencia organizada, a funcionarios y empresarios corruptos y a otros malhechores. Pero que sea utilizado para espiar a ciudadanos inocentes representa una falla en la operación de la inteligencia gubernamental, al estarse violando leyes y con ello, amenazar a nuestro régimen democrático.
Por ello, requiere que haya supervisión y vigilancia independiente sobre su uso, para evitar espiar a personas sin vínculos criminales o que se pretenda utilizar esta información para poner en riesgo vidas o someter a presiones y amenazas a personas que pueden ser molestas para el régimen en turno.
Sería conveniente una revisión a la Ley de Seguridad Nacional ya que actualmente la única instancia que puede solicitar intervenciones de comunicaciones es el Centro Nacional de Inteligencia, antes CISEN, y darle un sustento legal adecuado a las actividades de espionaje que legítimamente realiza el gobierno federal.
Es conveniente, a la vez, que haya un estricto control de las importaciones tanto de hardware como de software para el espionaje, las cuales deben ser tratadas con las restricciones propias de armas ofensivas de uso militar, pues ya se vio que la empresa israelita NSO operó libremente en México vendiendo este malware a gobiernos estatales y empresas privadas.
También se requiere una mayor supervisión y limitación a los gastos de las partidas de seguridad nacional, ya que como se vio, los gastos al amparo de estas partidas en el sexenio de Peña Nieto se convirtieron en la nueva partida secreta del presidente o de los secretarios que la ejercieron y, más recientemente, en pretexto para pagar importantes sobresueldos.
Es conveniente que el gobierno use estas herramientas de espionaje de grado militar para combatir a la delincuencia pero, a su vez, debe existir una regulación estricta que impida su uso para violar los derechos humanos de personas inocentes.