Cualquier régimen democrático se basa en el pleno reconocimiento y potenciación de las libertades de la ciudadanía que se constituyen como derechos humanos de las personas que conforman una comunidad y una nación. Estos derechos son, de acuerdo con nuestra Constitución Política, entre otros, el derecho a la vida, a la libertad y seguridad de las personas, el derecho al reconocimiento ante la ley, a la libertad de expresión, de asociación, de participar en asuntos públicos, el derecho al trabajo, a la seguridad social, a no ser discriminado, el derecho a la igualdad entre hombres y mujeres.
Este conjunto de derechos en nuestro sistema democrático son el engranaje de convivencia de nuestra sociedad en donde el principal ingrediente que le da legitimidad es la participación de la ciudadanía que se relaciona en diversos asuntos públicos. Por ello, las elecciones juegan un papel fundamental pues representa uno de los rubros más importantes a través de donde se renueva el poder público que le da vida a nuestro sistema político.
Bajo este contexto, existen varias formas en las y los mexicanos participan en los procesos electorales, una de ellas es su asistencia a las casillas a emitir su sufragio el día de la jornada electoral por el partido político, coalición que, en su caso se registre, candidata o candidato de su elección. En este sentido, entre más participación de la ciudadanía en elecciones mayor credibilidad le da a las mismas y al propio sistema, así como a las personas candidatas que eventualmente resulten electas. En caso contrario, la poca participación tiene diversas lecturas que van desde la apatía de la gente, su no credibilidad en las instituciones e instancias políticas competidoras, hasta el cuestionamiento al propio sistema instituido.
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Ante esta primera consideración y ante la presencia de la elección más grande que haya tenido nuestro país en que serán renovados más de 20 mil cargos de elección popular entre espacios federales y locales la participación de la ciudadanía será fundamental.
En la última elección presidencial de acuerdo con el Estudio muestral sobre la participación ciudadana en las elecciones federales de 2018, hubo una participación del 63.4%, es decir, no asistió a las urnas un 36.6% de las y los mexicanos con derecho a votar. Si este registro lo comparamos con la elección presidencial de 1994 en donde se alcanzó un 77.2%, tenemos un decrecimiento del 13.8%, por lo que el reto de las autoridades electorales, partidos políticos, organismos de la sociedad civil, entre otras, será incentivar dicha participación.
No obstante, existe un aspecto de gran relevancia en el que la ciudadanía participa en los procesos electorales: fungir como funcionaria o funcionario de las aproximadamente 170 mil casillas que se instalarán a lo largo y ancho del país. Es por ello por lo que el pasado 7 de diciembre el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), su máximo órgano de dirección llevó a cabo el primer ejercicio de insaculación para sortear el mes de nacimiento que, junto con el mes siguiente, serán los referentes para la selección de más de un millón 530 mil ciudadanas y ciudadanos que conformarán las casillas de nuestro país.
El resultado de este ejercicio es que la ciudadanía mexicana nacida en marzo y abril conformarán las casillas. Posteriormente, bajo un esquema muestral, serán seleccionados el 13% de la lista nominal de electoras y electores para que sean capacitados en primera instancia. En febrero de 2024 se realizará una segunda insaculación para elegir la letra del apellido de la ciudadanía que resulte seleccionada.
La labor de fungir como funcionaria o funcionario de casilla es un factor muy importante que le dan credibilidad a nuestras las elecciones ya que son nuestras propias vecinas y vecinos quienes instalen las casillas, supervisen que quienes asistan emitan su voto cumplan con diversos requisitos, que el voto se registre en secrecía y a final tendrán la alta responsabilidad de contabilizar los votos depositados en las urnas.
Ante estos dos panoramas descritos podemos observar que, de acuerdo con nuestro sistema electoral, la participación de la ciudadanía es fundamental para la renovación pacífica del poder público, por lo que conminamos a las y los mexicanos a que si somos elegidos para participar como funcionarios de casilla cumplamos con nuestro deber cívico, o bien, si no es así, asistamos a votar el próximo 2 de junio de 2024 por la opción que consideremos la mejor. Así, seguiremos defendiendo nuestras libertades, nuestros derechos y nuestra democracia.