Ayer por la madrugada se consumó un duro golpe contra el Poder Judicial de la Federación y sus más de 50 mil personas trabajadoras, con la extinción de 13 fideicomisos en medio de un ya acostumbrado desaseo legislativo ante la prisa y cerrazón del oficialismo que se negó a sostener un diálogo institucional o siquiera a escuchar a quienes serán directamente afectadas. Tampoco atendieron los llamados a reconsiderar de la ministra Olga Sánchez Cordero quien reconoció una grave afectación a oficiales, secretarios, defensores públicos y defendió sus conquistas laborales, o del senador Alejandro Rojas quien afirmó que “ninguna estrategia política puede estar por encima de la Constitución y la ley vulnerando el derecho humano a la justicia, se están extinguiendo fideicomisos de un poder autónomo afectando los derechos adquiridos de integrantes y trabajadores del PJF”.
Poco importó que, una y otra vez, se explicara que ninguno de estos fideicomisos cuenta con recursos para cubrir prestaciones de las y los ministros de la SCJN, que 6 de ellos se destinan al cumplimiento de derechos adquiridos para pensiones complementarias, vivienda, ayuda médica y retiro cuyo personal operativo es el principal beneficiario, o que se pudiera poner en riesgo la operatividad del Poder Judicial de la Federación y el cumplimiento de compromisos internacionales, pues los fideicomisos también se destinan al desarrollo de infraestructura así como a la implementación de obligaciones que derivan por ejemplo de la reforma laboral y del T-MEC.
Tampoco que en la revisión de los fideicomisos, la Auditoría Superior de la Federación no cuestionara su legalidad o emitiera observación alguna sobre su manejo y destino de los recursos. De hecho, llama la atención que busquen satanizar los fideicomisos del PJF -que por cierto nunca fueron objeto de señalamientos y mucho menos se planteó su desaparición durante la presidencia del ministro Saldívar-, cuando el gobierno federal tiene 178 fideicomisos por más de 500 mil millones de pesos, muchos de los cuales operan con gran opacidad.
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Es claro que ningún argumento por sólido que fuera haría cambiar de decisión a la mayoría oficialista que, salvo honrosas excepciones, actuó por consigna con una intención que va mucho más allá de los propios fideicomisos. Probablemente no les caerán mal los 15 mil millones de pesos -que conforme a la Ley deberían quedarse en el PJF y no reintegrarse a la Tesorería de la Federación- o quizá, como se ha mencionado, efectivamente exista algún ánimo de cobrarse los reveses que han sufrido por algunas decisiones de la SCJN ante evidentes violaciones a la Constitución -que como tribunal constitucional es una de sus principales obligaciones-, pero el verdadero objetivo es debilitar y someter al Poder Judicial y en particular a la Suprema Corte, avanzando con ello en la eliminación de los contrapesos institucionales que ven como obstáculos a su proyecto transexenal.
Esta película ya la hemos visto antes en los casos del INAI pero sobre todo del INE y, como bien lo recuerda Lorenzo Córdova, los pasos que han seguido son básicamente los mismos: ataques y descalificación pública constantes; hostigamiento personal a sus integrantes; asfixia presupuestal; nombramiento de personas incondicionales -el presidente ha manifestado públicamente que las y los ministros deben estar con la 4T-, e impulso de reformas para desaparecerlos o restarles competencia y atribuciones.
Desde luego es necesario hacer un análisis integral sobre el funcionamiento de nuestro sistema de justicia para corregir sus muchas deficiencias, que tendría que pasar por revisar la actuación de tribunales y fiscalías locales -muchos de ellos subordinados a las y los respectivos gobernadores- pues es precisamente en lo local donde se observa mayor desigualdad en el acceso a la justicia y también mayor corrupción. Pero esto nada tiene que ver con la extinción de los fideicomisos.
Lo que realmente está en juego, es el respeto a la división de poderes y a la independencia judicial que están seriamente amenazadas, preocupación que comparten diversos organismos internacionales. Como bien señaló la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, “un poder judicial independiente es clave para defender la Constitución, garantizar los derechos humanos, proteger a las minorías y salvaguardar la separación y el equilibrio de poderes”.