En días recientes se publicaron dos noticias de relevancia internacional: Claudia Goldin profesora de economía en la Universidad de Harvard, ganó el Premio Nobel de Ciencias Económicas 2023 atribuido por los años de investigaciones que la llevaron a puntualizar los factores causales y los obstáculos para eliminar las brechas de ingresos y laborales entre mujeres y hombres.
Por su parte, el Foro Económico Mundial (WEF, siglas en inglés) a partir del Índice Global de Brecha de Género 2023 proyecta que tomará 131 años eliminar esta brecha y que la igualdad se alcanzará en el año 2154.
Este índice se construye a partir de las desigualdades que existen entre mujeres y hombres en cuatro áreas: participación y oportunidades económicas, logros educativos, salud y supervivencia y empoderamiento político.
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Actualmente, México se encuentra en el lugar 33 de 146 países evaluados, con un puntaje de 76. 5. No obstante, en el último subíndice referido al “empoderamiento político” nos ubicamos en la posición 15, entre los mejor evaluados y ejemplo de lecciones que se pueden traslapar no sólo a otros países, sino también a la aplicación de medidas similares en lo económico o social.
Ambas noticias se relacionan con la Paridad en Todo que desde el INE y en estricto apego a nuestras competencias, seguimos impulsando. Las mismas realidades y las causas que la profesora Goldin señala, aplican en el ámbito político: las mujeres están muy subrepresentadas y cuando participan ganan menos que los hombres.
Ello se explica no porque existan menos mujeres que hombres con interés o capacidad para participar o liderear, sino por el rol que las mujeres asumen en la crianza de las familias y el cuidado de los hogares.
¿Cuántos hombres del mercado laboral formal e informal, en los partidos políticos, cargos de representación o espacios de toma de decisión destinan más de la tercera parte de su tiempo y esfuerzo a la crianza de los hijos e hijas o al trabajo en la casa, conciliando ambas responsabilidades cotidianamente?
Ahí radica la principal dificultad para una mayor y mejor participación de las mujeres en cualquier espacio de la vida política. Y mientras prevalezca, la igualdad será una realidad hasta mediados del próximo siglo, eso es mucho tiempo para retribuir en participación y ejercicio de derechos a las actuales y venideras generaciones de mujeres.
Entre las mujeres de grupos vulnerables estos condicionantes se agravan y suelen ser ignorados o minimizados. La diferencia en general con respecto a los hombres es que disponen de tiempo y años de experiencia que preceden a las mujeres, porque la política fue algo asumido como “propio”.
La posición de México que el WEF reporta en cuanto a empoderamiento político, sin duda responde a los cambios logrados por la aplicación de las reformas constitucionales de 2014 y 2019 que aceleraron la participación de las mexicanas en candidaturas y en el ejercicio de cargos de elección popular.
De ahí la importancia de los criterios que el Consejo General del INE aprobó el pasado 24 de octubre en la materia con la finalidad de garantizar su cumplimiento en los procesos electorales de los últimos 5 años.
Y de cara al proceso electoral concurrente de 2023-2024, durante la aprobación del Acuerdo en materia de paridad en las candidaturas a gubernaturas y a la jefatura de gobierno de la CDMX, enfatizamos que tan solo en cuatro entidades, Tlaxcala, Colima, Yucatán y Ciudad de México, las mujeres han gobernado en más de una ocasión.
Actualmente, las mujeres conformamos el 51.86% del total del padrón electoral y hay tres millones 951 mil 201 militando en los partidos políticos: en el PAN representan el 53.49%; en el PRI el 64.16%; en el PRD el 66.21%; en el Partido Verde el 63.67%; en el PT el 62.31%, en Movimiento Ciudadano el 59.78% y en Morena el 57.83%.
Es decir, hay suficientes y -seguramente muchas militantes capaces, que podrán aspirar a gobernar una entidad federativa, y de ese universo, los siete partidos nacionales, solo deben postular a cinco mujeres para los nueve cargos de gobernaturas, cifra que se puede reducir, si deciden coaligarse entre sí. Si cada partido decidiera participar individualmente, estaríamos hablando de 35 candidatas a gobernadoras, que en su conjunto no llega ni al 0.01% de mujeres afiliadas a los siete partidos políticos nacionales.
Sabemos que solo en 3 de las 9 entidades federativas a disputarse la titularidad del ejecutivo local, cuentan con regulación al respecto, pero ello no exime a los partidos políticos que ya cuentan con normativa interna en materia de paridad y de competitividad.
El INE, en coordinación con los Organismos Públicos Locales, tiene atribución para verificar el cumplimiento de la paridad horizontal y sustantiva en las 9 entidades federativas, lo que se deberá consistir en la postulación de al menos 5 mujeres para estos cargos.
Asimismo, los partidos políticos locales, deberán observar la alternancia respecto al género postulado en la última elección para la gubernatura, cuando el cargo haya sido ocupado por un hombre.
Esperemos que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sume criterios de interpretación con razón de Estado y cumplimiento de la Constitución, con argumentos que se adecuen a los fines del principio de separación de poderes, en donde los pesos y contrapesos hagan que las omisiones legislativas no sean un elemento para evitar la participación de mujeres en la vida política y sustantiva del país.
Ciudadanía, partidos políticos y autoridades electorales administrativas y jurisprudenciales debemos reconocer que la paridad es un asunto fundamentado en la ley y en el ejercicio de derechos.
En nuestro país, aún existen 18 entidades en las que únicamente hombres han ocupado la titularidad del poder ejecutivo, y no hay motivo alguno por el cual deban verse como un bastión antidemocracia paritaria; por el contrario, no es nuevo ni reciente, que las estructuras y liderazgos territoriales para la promoción del voto en favor de los partidos, están compuestas mayormente por mujeres.
Traslapando las conclusiones que la Doctora Goldin destacó en el ámbito económico, la participación de las mujeres en la política y su aspiración a candidaturas y cargos electivos no es un asunto de demagogia, de beneficiar sólo a algunas en posiciones ventajosas de clase o educación, menos aún un asunto de quitar espacio a quienes sí son capaces. Es un asunto de ejercicio y retribución de derechos para todas las mujeres.
De ahí que, al ser un derecho inalienable y a disposición de todas, el llamado es no sólo a las mujeres militantes, también a las mujeres como electoras; a las que desde el poder legislativo y desde diferentes vertientes participativas han impulsado la paridad, y a las aspirantes a candidaturas, a dar puntual seguimiento al cumplimiento de la paridad como un camino probado y certero hacia la igualdad y por la retribución de derechos ahora, y no dentro de más de 100 años.