En los últimos años, la lucha por la igualdad sustantiva y la paridad de género han dado grandes frutos en la construcción de una democracia igualitaria en donde todas las mujeres pueden participar en las cuestiones políticas y electorales del país. Pasamos de tener una sola gobernadora en 1977 a contar con una decena de mujeres titulares del poder ejecutivo local; de igual modo, transitamos de las cuotas de género para la postulación de mujeres al poder legislativo a tener congresos paritarios a nivel nacional y local.
Sin embargo, los datos del Informe de Quejas y Denuncias en materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, presentado ante el Consejo General del INE el pasado 20 de septiembre, nos muestran que en México, una mayor participación de las mujeres en la política ha propiciado que se nos pretenda excluir a través de conductas violentas que buscan dañar nuestra integridad física, psicológica, simbólica, económica y patrimonial, pero, sobre todo, buscan menoscabar o nulificar el ejercicio de nuestros derechos político-electorales.
Pareciera que el hecho de que más mujeres participen en la política ha generado incomodidades y molestias en aquellas personas que siguen pensando que el espacio público es exclusivo para hombres.
Ese informe visibiliza un considerable incremento de las quejas y denuncias presentadas ante el INE por violencia política de género. En 2020 se denunciaron 21 casos, mientras que, con corte al 15 de septiembre de este año, tenemos un acumulado de 301 asuntos.
Conforme al informe, un tercio de los casos (100 expedientes), dan cuenta que las redes sociales son el medio más utilizado para violentar a las mujeres que participan activamente en la vida política del país; mientras qué, en 27 quejas, se denuncian conductas violentas cometidas a través de los medios de comunicación tradicionales.
El incremento de ataques en redes sociales es preocupante, pues estas conductas se materializan a través de mensajes o comentarios estereotipados y sexistas; también se publican imágenes o videos que pretenden ridiculizar o sexualizar a las mujeres. Lo más alarmante es que esta violencia simbólica se normaliza con la justificación del argumento jurídico de la crítica dura, amparada supuestamente por la libertad de expresión.
El Informe nos muestra que hay un incremento en el riesgo y peligro que estas conductas violentas implican, ya que en 30 procedimientos especiales sancionadores las probables víctimas han solicitado la implementación de medidas de protección por considerar que su integridad ha sido gravemente afectada; lo cual evidencia que quienes denuncian ya no se sienten seguras en su entorno social, laboral y hasta familiar. En el INE existe un Grupo Multidisciplinario adscrito a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, el cual, conforme a una metodología científica, en siete casos ha implementado esas medidas de protección, ordenando en algunos casos, que las personas denunciadas no se acerquen a la víctima ni a su domicilio.
Aunque reveladores, los datos del Informe son insuficientes para evidenciar el constante incremento de conductas violentas, por ello es importante que analicen conjuntamente con el Registro Nacional de Personas Sancionadas por Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, pues hasta el 20 de septiembre, tenemos 304 personas sancionadas en todo el país, pues dos caso evidencian que quienes violentan, no dejarán de hacerlo sin la aplicación de sanciones ejemplares y contundentes que erradiquen su actuar. En el estado de Veracruz, un hombre ha sido sancionado en 11 ocasiones y en Oaxaca una mujer ha reincidido 4 veces.
Dicha información nos permite ver que aún es necesario continuar trabajando para atender, prevenir, sancionar y eventualmente erradicar la violencia contra las mujeres que participan en la vida política de nuestro país y que dicha labor no es exclusiva de las autoridades electorales.
Es indispensable y urgente que desde los partidos políticos prevengan y atiendan este tipo de violencia, necesitamos de su compromiso con las mujeres, pues conformamos el 52% de una lista nominal de más de 96 millones de personas.
Es tarea de todas y todos asumir la responsabilidad y actuar en consecuencia para eliminar las barreras que enfrentan las mujeres en el ámbito político. Los partidos políticos deben hacer una valoración exhaustiva de las personas que pretenden postular a una candidatura y sobre todo, evitar hacerlo si se trata de personas que han cometido actos de violencia y que estos hayan sido sancionados judicial o administrativamente.
La revisión del Registro Nacional será una herramienta útil para identificar a personas que han sido sancionadas por violencia política de género, con ese instrumento pueden prevenir que personas violentas accedan a cargos de representación popular. Una democracia paritaria en donde la igualdad sustantiva sea una realidad y no un ideal, se construye con el esfuerzo y compromiso de todas y todos.