En estos tiempos de la reforma laboral, los analistas, investigadores, políticos, así como diputados federales y locales se han olvidado de la suerte de las Juntas de Conciliación y Arbitraje que cargan en las 32 entidades federativas un millón de casos, a pesar de que se encuentran cerradas sus oficialías de partes.
La acumulación de expedientes en papel por conflictos individuales y colectivos es inaudita, ya que, en lugar de aumentar o mantener el presupuesto de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, por el contrario, se los recortaron de una manera inmisericorde.
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En la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México (JLCA CDMX), quien cuenta con 130 mil expedientes, siendo la que mayor carga tiene, refleja lo que ocurre en el resto del país, una crisis desbordante.
De 2018 a 2023 se observó una caída, año con año, del presupuesto asignado a esta JLCA CDMX del 29.09%. Sin embargo, al sumar la pérdida inflacionaria de ese periodo, con datos del Banco de México, su reducción presupuestaria fue aún mayor, alcanzando el 44.27%.
La crisis se ha exacerbado de tal forma que, ante el alud de amparos presentados por los abogados, derivado de la lentitud de los procesos, las autoridades laborales han ordenado de una manera insensata la celebración de 46 audiencias al mismo tiempo en una sola Junta Especial, a pesar de contar únicamente con seis mecanógrafas.
Las autoridades laborales burlándose de los jueces de amparo que les han ordenado la celebración de audiencias, las señalan en una misma hora, a sabiendas de que no se llevarán a cabo, porque solo en una de cada diez de ellas se habrá notificado, ante la molestia de los trabajadores afectados.
Se dan casos de audiencias señaladas para llevarse a cabo a las 9 de la mañana, pero ante la concentración de tantos juicios, las actas se llegan a levantar hasta las 2 o 3 de la tarde manifestándoles a los abogados que no se celebrará porque no hubo suficientes actuarios para notificar a las partes.
Las autoridades con sangre fría (por la baja presupuestal) les dicen a los abogados, que miran con impotencia:
“De acuerdo con mi agenda estimados abogados, nos vemos en el mes de abril de 2024 para la celebración de su audiencia.”
Sin que ello les asegure que efectivamente se va a realizar en esa fecha.
Con estas acciones, las autoridades se burlan del principio de la justicia pronta y expedita que señala el artículo 17 de la Constitución que parece solo estar de adorno y hacer letra muerta este derecho.
Se vive una gran incertidumbre en el sistema de impartición de justicia laboral.
Se tienen Juntas de Conciliación y Arbitraje cada vez más recortadas de recursos, pero con una cantidad desproporcionada de expedientes pendientes.
Las Juntas de Conciliación y Arbitraje que no van acorde con la realidad y permean en el bolsillo de los trabajadores, mismos que vislumbran a lo lejos un sueño: lograr justicia, pero ésta es privilegiada para unos cuantos.