De acuerdo con nuestra Constitución Política, máximo marco normativo de nuestro país, gozamos de un sistema democrático en donde prevalecen una serie de derechos fundamentales que, de acuerdo con diversas leyes secundarias, son protegidos por el Estado mexicano. Entre otros derechos encontramos el derecho a la libertad de expresión y de información; la libertad de prensa y, consecuentemente, de los medios de comunicación.
En este sentido, el periodismo se constituye como una profesión de las más completas en las ciencias sociales, ya que su ejercicio exige una rigurosa investigación de diversos temas que son reforzadas a través de entrevistas, reportajes, la confrontación de datos y el análisis de estos, así como de la petición y revisión de diversa información que es solicitada a través de solicitudes de información pública. Todo esto con la finalidad de presentar y exponer ante la sociedad el contexto y la realidad de nuestro acontecer sin parcialidades, ocultamientos o direccionamientos. Esto implica en ocasiones, poner en jaque a figuras públicas, líderes de opinión, o incluso al poder político.
El periodismo genera transparencia, sobre todo, le da elementos a la población para su toma de decisiones, para el fortalecimiento de su cultura y entendimiento del mundo que nos rodea, su entretenimiento, despierta su curiosidad sobre notas y abre su mente a través de los reportajes o columnas que son escritas en los distintos medios digitales o impresos.
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Por ello, resulta muy preocupante lo revelado por índice Chapultepec, barómetro que se dedica a medir las acciones institucionales relativas a la libertad de expresión y de prensa en 22 países de las Américas. El Índice mide datos sobre temas relacionados con la violencia e impunidad que sufre el gremio periodístico, el acceso al a información pública, el control de los medios de comunicación, la censura indirecta, o incluso, las regulaciones que buscan y logran la afectación de la libertad de prensa.
Bajo este contexto, en el reporte que fuera presentado en la 79 Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) se alertó, entre otros aspectos, que el promedio global de la región descendió a su nivel más bajo desde su medición presentada en el año de 2020. Nuestro país, ocupó el lugar número 15 con una clasificación de 41.82 puntos de 100 posibles, colocando a México como el país con una etiqueta negativa de “Restricción” en materia de libertad de expresión.
Este lamentable resultado deriva de los datos de asesinatos contra periodistas, los múltiples casos de agresiones verbales y físicas que se han registrado contra el gremio periodístico, el entorno de la violencia generalizada en múltiples regiones del país que ha llevado al desplazamiento, cierre de medios o, incluso, el exilio de periodistas que temen por su seguridad.
En mi opinión, el factor revelado más importante por el Índice está relacionado con el acoso al periodismo desde el Poder Ejecutivo, cuando dicho poder público emanó de un sistema democrático donde en libertad las y los ciudadanos se expresaron mayoritariamente en las urnas. Además, este ejercicio de acoso va en sentido contrario a la obligación que tiene el Estado mexicano de brindar protección a sus habitantes, incluyendo a los periodistas y a la libertad de su ejercicio profesional.
Ante la proximidad de las elecciones más grandes que haya tenido nuestra nación que se llevarán a cabo en 2024, es urgente que el Poder Ejecutivo, así como el poder público en general logren comprender que un país de libertades es la única vía que permite la estabilidad social y la transición pacífica del poder, independientemente de quien obtenga el triunfo en las casillas el próximo 2 de junio.