Recuerdo de mis tiempos de estudiante en la maestría la escasa discusión sobre el rol del sector privado en el ecosistema de la cooperación internacional para el desarrollo y el constante cuestionamiento de su legitimidad dentro de los temas que ahí tendríamos que abordar. Más adelante, como funcionario, era común la poca consideración al sector privado como un actor relevante para la solución de los problemas sociales y algo similar percibo desde el llamado tercer sector. De forma paralela, algo que he podido constatar con el tiempo que es común encontrar distintas comunidades con las mismas preguntas, pero formas alternas de responderlas y que al dialogar y actuar de forma conjunta se logran avances ¿podría ser este el caso del cumplimiento de la agenda de desarrollo 2030 a través de una mayor participación de actores no estatales?
En septiembre pasado la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó una resolución para acelerar los esfuerzos y cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) fijados para 2030, esto ante un panorama poco alentador ya que solo 2 metas parecen ir por el camino adecuado a 7 años de cumplirse la fecha fijada e incluso en algunos casos se registran retrocesos, según lo consigna el Global Sustainable Report (GSDR) 2023.
Los avances a mitad de camino ponen de manifiesto que los gobiernos no han logrado los resultados comprometidos y se hace patente que los esfuerzos individuales no serán suficientes para lograr el cometido (ya sea que se trate de los ODS, los Acuerdos de París o del Marco de Sendai para la reducción de riesgos por desastres). En un escenario como el actual, donde el multilateralismo es cuestionado sobre su capacidad para resolver múltiples crisis simultáneas, cobra mayor relevancia la formación de alianzas multiactor y, en particular, la participación de agentes privados en el logro de las metas globales de la Agenda 2030. Una forma de hacerlo es a través de la multiplicación de las inversiones con criterios ASG (Ambientales, Sociales y de Gobernanza, o ESG en inglés) y el aprovechamiento de los consensos que se han logrado.
Te podría interesar
Los criterios ASG se utilizan para estructurar y evaluar las estrategias de sostenibilidad de las empresas alrededor del mundo y se suman a otros marcos que promueven la sostenibilidad desde el ámbito empresarial, como los ODS, los principios del Pacto Mundial de la ONU, las Líneas Directrices para Empresas Multinacionales de la OCDE o los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos. Sus tres pilares hacen referencia a los recursos naturales, cambio climático y en general la relación con el planeta (Ambientales); los derechos humanos, la normativa laboral, la promoción de la diversidad e igualdad, la inclusión y las relaciones con las comunidades locales (Sociales); y las buenas prácticas en la conducción de las empresas, el combate a la corrupción y la transparencia (Gobernanza).
Las estrategias de inversión con criterios ASG se han aplicado ya por un tiempo considerable y viven ahora un momento que representa una oportunidad inigualable. La demanda del mercado por fondos que incorporan estos principios se ha incrementado tras la crisis mundial del Covid-19 y el deseo de “hacer impacto” o de ser percibidos como actores no estatales que contribuyen al bienestar de las comunidades, aunado a la proliferación de taxonomías e indicadores para medir los impactos se han multiplicado, la adopción de regulaciones nacionales en la materia (e incluso regionales, como la recién aprobada Directiva sobre Informes de Sostenibilidad Corporativa -CSRD- en la Unión Europea), las industrias los adoptan como estándares a seguir, se imponen como sellos reputacionales o para la mitigación de riesgos, etc.
No obstante, para muchas personas que estamos involucrados con el pensamiento y acción para el desarrollo o los derechos humanos este enfoque es aún desconocido (mientras que para las personas involucradas en finanzas la agenda 2030 sí les resulte familiar al ser un pilar de sus estrategias); a esto se suman las suspicacias hacia el sector privado como un factor para el bienestar colectivo más allá de los empleos e inversiones. Quizá es esta una veta que nos permita no solo lograr el cometido de incrementar el financiamiento para el desarrollo para tener un mundo más justo, equitativo y sostenible para 2030, sino encontrar una guía que nos ayude a imaginar qué deseamos para una agenda de desarrollo mundial posterior a esa fecha que incorpore a distintos actores y aproveche los consensos y herramientas que ya se han generado.
*Balán Gutiérrez:
Balán Gutiérrez es egresado de la maestría en cooperación internacional para el desarrollo del Instituto Mora y actualmente forma parte del equipo de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC). Cuenta con más de 15 años de experiencia en el diseño, operación, monitoreo y evaluación de proyectos sociales.