En el extremo sur de la selva Lacandona, está Frontera Corozal, una pequeña población chiapaneca que vive fundamentalmente de los cientos de migrantes que diariamente cruzan en lanchas el río Usumacinta, procedentes de un lugar conocido como La Técnica, en el Petén guatemalteco.
Es una frontera en medio de la selva, donde no hay controles de migración y es mínima la vigilancia policiaca. Allí operan grupos de coyotes y polleros que conducen a los migrantes por una ruta que, mediante contactos con agentes policiacos y de migración, evaden los controles del INM, pasan por Palenque, Ocosingo y Villahermosa para llegar a Coatzacoalcos.
Te podría interesar
Todo el pueblo vive del cruce de migrantes: los polleros, los restaurantes, los hoteles, los taxistas. Se estima que al mes cruzan entre 4 mil y 6 mil extranjeros, en su mayoría procedentes de Honduras y Guatemala, que necesitan alimentos, medicinas, hospedaje y transporte.
Sin embargo, en los últimos años han llegado grupos criminales que se han apoderado de pistas de aterrizaje, controlan caminos y empezaron a extorsionar a los pobladores de las comunidades.
La inseguridad que hay en la zona ha repercutido en una drástica disminución del turismo, actividad que también ha sido el soporte de Frontera Corozal, porque allí está ubicado el Centro Ecoturístico Escudo Jaguar y es uno de los puntos de acceso a los sitios arqueológicos de Yaxchilán y Bonampak, además de Tikal en Guatemala.
La información sobre este “foco rojo”, incluso llegó a la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador: “En la Lacandona, cerca de Bonampak, ahí hay pistas clandestinas, están manejadas por alguno de los cárteles, están aterrizando aviones con droga”, señaló el mandatario el 20 de marzo en Tuxtla Gutiérrez, con motivo de una visita que hizo a Chiapas para supervisar los avances del Tren Maya.
Hace un mes, se realizó una multitudinaria marcha de indígenas choles, habitantes de Frontera Corozal, para exigir la presencia de las fuerzas de seguridad federales, debido a que integrantes de grupos del crimen organizado pretenden cobrar derecho de piso en la zona.
Al ver que las autoridades no atendieron su demanda, el jueves 12 de octubre (curiosamente, el Día de la Raza), decidieron retener a ocho policías estatales, entre ellos una mujer, por presuntos vínculos con grupos de la delincuencia organizada, y demandar, por enésima vez, la presencia de la Guardia Nacional en esa región.
Al liberarlos, el 24 de octubre, de acuerdo a lo convenido con las autoridades, tres de los ocho uniformados fueron entregados a un agente del Ministerio Público “por su presunta participación en hechos delictivos”.
Un hecho similar, pero con demandas contrapuestas, ocurrió en septiembre del año pasado, cuando fueron secuestrados cuatro agentes del Instituto Nacional de Migración y siete elementos de la Guardia Nacional, que estuvieron retenidos por cinco días en una jaula de madera en un poblado denominado El Chikle.
Los agentes federales fueron liberados una vez que las autoridades entregaron a José Moreno y Adolfo Avendaño, quienes habían sido detenidos el 31 de agosto, en la zona de Chancalá, a unos kilómetros de Palenque, debido a que en los vehículos de transporte público que conducían, llevaban a varios migrantes.
En otras palabras, para la comunidad de Frontera Corozal, una cosa son los polleros locales que ayudan a la economía local y otra, los narcos fuereños que los están extorsionando.