El día trece de octubre de este año se dio a conocer la resolución por medio de la cual el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal de Monterrey, Nuevo León, sentenciaba a cinco elementos militares a una condena de 90 años por el asesinato de Jorge y Javier, estudiantes del Tecnológico de Monterrey campus Monterrey, el día 19 de marzo del dos mil diez.
El contexto para quienes lo desconocen es que el día 19 de marzo del 2010, elementos militares sostuvieron un enfrentamiento con presuntos miembros de la delincuencia organizada, donde perdieron la vida dos jóvenes de nombre Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Arredondo Verdugo, quienes fueron confundidos con miembros de la delincuencia organizada, de acuerdo a la versión de los elementos militares, pero que en la realidad se trató de una ejecución donde se manipuló la escena del crimen, para simular que dichos estudiantes pertenecían a un grupo criminal. Incluso la mayoría de los medios de comunicación dieron la información como válida y la misma Secretaría de Gobernación comunicó que los jóvenes eran miembros de un grupo criminal.
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Sin embargo, dentro de la investigación que se realizó por estos desafortunados hechos quedó la pregunta abierta, ¿Por qué los elementos militares manipularon la escena del enfrentamiento? ¿Quién dio la orden para hacerlo? ¿Quién, aun a sabiendas de lo que realmente sucedió continuó con la falsa versión del enfrentamiento?
Recordemos que los elementos militares no se mandan solos, que todas las zonas y regiones militares tienen sus grupos de información y realizan investigaciones independientes para conocer la verdad, sobre todos los hechos en donde existen enfrentamientos de personal militar. Esto independientemente de la investigaciones que realicen las autoridades de la Fiscalía General de Justicia Militar, antes Procuraduría General de Justicia Militar. Porque es importante señalar que fue hasta el año 2014, que se reformó el artículo 57 del Código de Justicia Militar por resolución de la Corte Internacional de Derechos Humanos, entre 2009 y 2010 México fue condenado en cuatro ocasiones por la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos (en adelante, Corte Interamericana) en los casos Radilla Pacheco (2009), Fernández Ortega (2010), Rosendo Cantú (2010) y Cabrera García y Montiel Flores (2010). Por lo anterior se generó la jurisprudencia más conocida en nuestro por "Caso Rosendo Radilla Pacheco", que obliga al estado mexicano a que cada que existan acciones de militares con civiles tendrán que ser las autoridades civiles las encargadas de juzgar a los elementos militares, esto independientemente de las violaciones a la disciplina militar que se dieran por los elementos militares, esto para evitar que los juzgados militares pudieran favorecer al personal militar por los presuntos delitos que cometieran contra los civiles.
Es por lo anterior que las autoridades civiles fueron las encargadas de resolver este caso, pero como abogado penalista me pregunto, ¿qué pasa con quienes dieron las órdenes de encubrir el asesinato de los dos jóvenes? ¿Qué pasa con la cadena de mando que forzosamente conocía la realidad de los hechos? Recordemos que en el sexenio del ex presidente Felipe Calderón se hizo una declaración formal de guerra contra las drogas y los grupos criminales, recordemos que ha sido público que las órdenes de aquellos años eran: ustedes disparen y después averiguan. Recordemos que en aquellos tiempos las leyes y reglamentos militares no habían sido reformadas y se especificaba claramente la palabra abatir al enemigo.
Por lo que pregunto nuevamente, ¿dónde queda la responsabilidad del mando? SI el comandante supremo de las Fuerzas Armadas declaró la guerra desde aquel lejano 13 de diciembre de 2006, y las consignas eran erradicar a los delincuentes, por qué solo se condena a los elementos militares que llevaron a cabo dicha orden. Dónde quedan el comandante de zona militar, el comandante de la región militar, el general Secretario de la Defensa Nacional, el Secretario de Gobernación que salió públicamente a defender la hipótesis del enfrentamiento, y por supuesto el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, el Presidente de la República.
El 13 de octubre de 2023 pasará a la historia como el día que cinco elementos militares fueron sentenciados por privar de la vida a dos jóvenes inocentes, pero también como el día que la justicia no alcanzó para condenar a los verdaderos responsables de dicho homicidio, que son quienes ordenaron que las Fuerzas Armadas salieran a librar una guerra contra los grupos criminales sin un marco jurídico y sin la capacidad de proximidad social para realizar las funciones de seguridad pública como coadyuvantes de las autoridades legalmente competentes.
Por último, por la famosa guerra contra las drogas y los grupos criminales, siguen en prisión más de 200 elementos militares. Este personal de la milicia tan solo cumplió con las órdenes del alto mando, de acuerdo a las directrices que se dieron sobre operaciones en terreno urbano, quienes perdieron la libertad, muchos de ellos la vida y dejaron huérfanos a su familia, por cumplir con las órdenes de quien fuera el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas. Hoy se sabe y se tiene conocimiento que quien realmente ordenaba el despliegue de operativos militares en el país no era el Secretario de la Defensa Nacional, el General Guillermo Galván Galván, sino quien ahora se encuentra preso en una prisión en Estados Unidos, esperando se le imponga sentencia por haber sido encontrado culpable de narcotráfico y apoyo a un cártel de la droga mexicano.