En medio de la oscuridad que rodea a las desapariciones, emerge una luz de esperanza: el derecho fundamental de las personas a buscar a sus seres queridos y el de las personas desaparecidas a ser buscadas.
La búsqueda de personas desaparecidas se ha convertido en una lucha incansable, una búsqueda que no conoce fronteras ni límites.
Este derecho, respaldado por la Ley General de Víctimas y la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, encuentra su aliado en el Banco Nacional de Datos Forenses y la identificación forense. En esta ocasión, exploraremos la importancia de este derecho humano fundamental y cómo estas herramientas pueden traer justicia a las familias que día con día la exigen.
La desaparición de un ser querido es una experiencia devastadora. Las familias quedan atrapadas en una pesadilla constante, sin saber si sus familiares están vivos o muertos. Este sufrimiento inflige profundamente en los derechos humanos más básicos, como el derecho a la vida, la libertad y la integridad personal. En medio de esta angustia surge el derecho inalienable que tienen las familias a buscar y conocer la suerte de quienes han desaparecido. Y la obligación del estado mexicano a garantizarles el cumplimiento de este y, principalmente, a que lo realicen de manera segura.
Este derecho, además, implica la obligación de las autoridades de realizar investigaciones exhaustivas y efectivas para determinar el paradero de las personas desaparecidas.
También reconoce la necesidad de proporcionar a las familias información veraz y apoyo en su búsqueda.
La importancia de este derecho radica en su capacidad de traer verdad, justicia y cierre a las familias afectadas. Además, sirve como un recordatorio constante de que ninguna vida debe ser olvidada y que todos merecemos ser tratados con dignidad y respeto, incluso en los momentos más difíciles.
Las familias mexicanas han desempeñado un papel fundamental en la defensa de este derecho. Han llevado a cabo diversas acciones y movimientos para presionar a las autoridades y crear conciencia sobre este grave problema.
Además de las búsquedas en vida y en campo, no podemos dejar de lado la importancia de la identificación forense de las personas desaparecidas. Aquellos que ya han sido localizados y se encuentran en la espera de poder regresar con sus seres queridos.
Es un proceso que va más allá de la ciencia y las técnicas forenses, ya que se enfoca en restaurar no solo la identidad de las víctimas, sino también la dignidad y las esperanzas de sus familias.
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Estos procesos permiten establecer la identidad de personas que han perdido su nombre en medio de la oscuridad y de la desaparición. Cada coincidencia entre un perfil genético y un nombre es un proceso hacia la verdad y la justicia.
Para las familias de las personas desaparecidas, la identificación forense forma parte de sus derechos a la búsqueda y no es sólo una cuestión de datos, sino una fuente de consuelo y sanación. No saber lo que ha ocurrido con un ser querido genera un dolor constante. Cuando se logra identificar a la persona, se brinda un cierre que permite a los familiares comenzar el duelo y honrarlos de manera digna.
Cada identificación es un recordatorio de que, incluso en las circunstancias más desafiantes, la verdad y la justicia prevalecerán.
En esta lucha contra el olvido y la impunidad, el Banco Nacional de Datos Forenses se erige como una herramienta invaluable.
Como lo mencioné en una de mis anteriores columnas, el BNDF es una deuda histórica que tiene el gobierno mexicano con las víctimas. Este sistema centralizado de información y evidencia es un paso crucial en la identificación y localización de aquellos que aún no han regresado a sus seres queridos.
Las autoridades tenemos la obligación de proteger y defender el derecho que tienen las víctimas a la búsqueda.
Por ello, el Comité contra la Desaparición Forzada, en la recomendación CED/C/MEX/OAI/2 presentada en el mes de septiembre, insta al país a reforzar a las comisiones locales tanto de búsqueda como de atención a víctimas, con el fin de que se brinden apoyo a los familiares de personas para la búsqueda, investigación y acceso a la justicia. Así como el impulso del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas para contar con información actualizada y detallada de la situación actual de nuestro país.
México ha firmado y ratificado diversos tratados y convenciones en materia de derechos humanos que nos comprometen a respetar y proteger el derecho a la búsqueda de personas desaparecidas. Esto implica no solo la implementación de políticas y programas efectivos, sino también la creación de políticas públicas y acciones que nos permitan garantizar a las víctimas el acceso a la justicia, la verdad y la construcción de una sociedad más justa.
Las autoridades tenemos la obligación de buscar a quienes no están, a hacerlo siempre bajo el principio de la presunción de vida y siempre salvaguardando los derechos de la persona desaparecida.
La lucha por el derecho a la búsqueda de las víctimas de desaparición es un llamado a la solidaridad, a la defensa de los derechos humanos y a la prevención de futuras desapariciones. Cada persona tiene una historia, una familia y un lugar en la sociedad que nunca debe ser borrado. La defensa de este derecho es un compromiso con la humanidad y la justicia.