El Banco Nacional de Datos Forenses (BNDF) de México, en su origen, fue una iniciativa del gobierno federal que desempeña un papel crucial en la consolidación de información genética y criminalística en el país. El proyecto se planteó vinculado a un proceso de coordinación para que el BNDF funcionara como una entidad centralizada de coordinación nacional, permitiendo que las diversas instituciones de seguridad pública y procuración de justicia compartan información genética y criminalística de manera eficiente y efectiva.
En términos generales, es una infraestructura especializada en la recopilación, almacenamiento y análisis de evidencia biológica y genética que se utiliza en investigaciones criminales, especialmente en casos de personas desaparecidas y víctimas no identificadas.
Para las familias y seres queridos de las personas desaparecidas, esta herramienta forense constituye una esperanza de encontrar a sus seres queridos y obtener respuestas sobre su paradero. Ofrece un lugar centralizado donde pueden proporcionar muestras de ADN y otros datos que facilitan la identificación de las víctimas. Además, brinda apoyo psicológico al reducir la incertidumbre y el sufrimiento de las familias que viven en la angustia de no saber qué les ha sucedido a sus seres queridos.
El BNDF en México ha sido objeto de discusión y debate desde su creación. A pesar de sus objetivos loables, como fortalecer la identificación de personas desaparecidas y la investigación de delitos, su funcionamiento ha estado marcado por desafíos y retrasos notables.
Aunque originalmente debió arrancar en el 2019, el pasado 29 de mayo se publicó en el Diario Oficial de la Federación el inicio de las operaciones del Banco Nacional de Datos Forenses en México (BNDF).
El anuncio se tradujo en un logro para todas las familias, quienes por cuatro años han luchado para que la Fiscalía General de la República (FGR) asuma su responsabilidad con las víctimas.
A pesar de sus nobles objetivos, la incertidumbre prevalece en torno a su operación efectiva. Mediante un monitoreo continuo de organizaciones de la sociedad civil se ha constado que el BNDF no ha entrado en funcionamiento de manera adecuada. El Poder Judicial, mediante la resolución del 10 de agosto de 2023, declaró que esta herramienta se encuentra lejos de ser una herramienta vital en la búsqueda de justicia y verdad
Fue el 1 de diciembre de 2021 cuando el Juzgado Séptimo del Distrito Décimo Primero en materia administrativa, en la CDMX, admitió la demanda de amparo promovida por la buscadora guanajuatense Olimpia debido al retraso de la (FGR) en la emisión de los lineamientos para su creación.
La falta de recursos y personal especializado ha obstaculizado el funcionamiento del BNDF. La gestión y centralización de datos forenses, incluyendo muestras de ADN y datos biométricos, requieren inversión y experiencia.
Además, la coordinación entre diferentes instituciones y jurisdicciones es esencial, lo que agrega una capa adicional de complejidad. Los retrasos y la falta de acción en este sentido han generado frustración entre los defensores de los derechos humanos y las familias de personas desaparecidas.
La incertidumbre en torno al BNDF se ha visto agravada por las disputas políticas y las tensiones entre el gobierno federal y algunas entidades federativas. La falta de claridad en la asignación de responsabilidades y recursos ha obstaculizado aún más su funcionamiento efectivo.
En un análisis exhaustivo realizado por Data Cívica, se revela un panorama alarmante sobre la gestión de información forense en las autoridades locales de México. Los resultados de esta investigación ponen de manifiesto la falta de transparencia y cooperación en el sistema forense del país, lo que plantea graves desafíos en la identificación de personas fallecidas, no identificadas y no reclamadas.
Uno de los hallazgos más preocupantes es que ninguna autoridad local logró completar una solicitud de información en su totalidad. Esto pone de manifiesto una falta de compromiso para proporcionar datos relevantes y necesarios para el proceso de identificación forense. Esta ausencia de transparencia obstaculiza la labor de aquellos que dependen de esta información para resolver casos de personas desaparecidas y fallecidas.
Además, el análisis de Data Cívica revela que las autoridades locales tienen más información sobre perfiles genéticos que sobre huellas digitales. Lo que refleja una clara disparidad en la gestión de datos forenses y plantea interrogantes sobre la eficacia del sistema en su conjunto.
Un punto crítico es que solo cuatro estados de México, específicamente Baja California, Guerrero, Jalisco y el Estado de México confirmaron contar con un sistema Ante Mortem / Post Mortem. Esto significa que la mayoría de las autoridades locales no cumplen con sus responsabilidades, tal como lo establece la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, de poner a disposición la información forense a los usuarios de esta importante herramienta. Esta falta de cumplimiento tiene graves implicaciones en la resolución de casos de personas desaparecidas y no identificadas.
Otro aspecto preocupante es la interoperabilidad con la FGR. De acuerdo con Data Cívica, 25% de las fiscalías estatales no han reportado el envío de información a la FGR desde el año 2021. Esta falta de cooperación entre las autoridades locales y la Fiscalía dificulta aún más el proceso de identificación forense y socava la confianza en el sistema.
Por su parte, la FGR ha anunciado que ha comenzado la construcción del Registro Nacional de Personas Fallecidas, No Identificadas y No Reclamadas, con 464 cuerpos registrados hasta la fecha. Aunque éste es un paso en la dirección correcta, resulta insuficiente en comparación con los más de 52 mil cuerpos sin identificar en el país. Sin embargo, el inicio de este registro ofrece esperanza de un proceso de recuperación de información forense dispersa en todo el país y de una mayor colaboración entre las autoridades.
Es esencial que las autoridades locales cumplamos con nuestras responsabilidades y que se fomente una mayor colaboración con la Fiscalía General de la República para abordar el problema de las personas fallecidas no identificadas y no reclamadas. Solo a través de una gestión eficaz de la información forense se podrá brindar justicia a las víctimas y sus familias, y se podrá avanzar hacia un sistema forense más eficiente y transparente en México.
En un país donde la desaparición de personas es un problema urgente, el Banco de Datos Forenses se convierte en una herramienta crucial para encontrar respuestas. Pero, además, simboliza la esperanza de que, a través del trabajo conjunto y la voluntad colectiva, podemos traer luz a la oscuridad y ofrecer una vía hacia la sanación y la justicia.
Su establecimiento se erige como un hito fundamental y es una deuda del gobierno con las familias de los desaparecidos. Este sistema centralizado de información y evidencia es un paso crucial en la identificación y localización de aquellos que aún no han regresado a sus seres queridos.
El funcionamiento pleno del BNDF no solo será un logro técnico, sino una expresión concreta del compromiso con la justicia y la dignidad humana que permitirá honrar la memoria de quienes han desaparecido y demuestra la voluntad del Estado de atender esta crisis humanitaria de manera integral. Es fundamental que las autoridades actuemos con urgencia para garantizar su pleno funcionamiento y así brindar justicia y respuestas a las víctimas y a sus seres queridos. La falta de acción solo perpetúa el sufrimiento y la impunidad que el país tanto necesita superar.